Gastos reservados de la administración civil caen 11% en 2019 y llegan a su menor nivel desde 2013

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas, los recursos para la Presidencia de la República no presentan variación en su presupuesto, mientras que los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, los ven disminuidos en 19% y 13%, respectivamente.


La meta autoimpuesta por el gobierno era reducir la expansión fiscal. Y en esa dirección apunta la baja que el Presupuesto 2019 trazó para los gastos reservados destinados a la administración civil.

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas, el gobierno estableció en el Presupuesto 2019 una baja de 11% en los gastos reservados de la administración civil (que incluye a la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y Cancillería) con respecto a 2018, equivalente a $524 millones. Así, los gastos reservados destinados a la administración civil para el próximo año totalizaron $3.677 millones.

Específicamente, según el documento, para los gastos reservados en moneda nacional de la Presidencia de la República, no presenta variación en su presupuesto, mientras que los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, ven disminuidos sus recursos en 19% y 13%, respectivamente.

En el caso de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas, éstos tienen un piso legal establecido en la Ley 18.867, el cual corresponde a $2.029 millones para 2019, manteniéndose constante con respecto a este año.

Según la Ley 19.863, los gastos reservados son los que se facultan a realizar a determinadas entidades “para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes a la Jefatura de Estado, y que por su naturaleza, requieran de reserva o secreto”.

Aquellas entidades que poseen estos recursos son la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

El uso de estos recursos debe rendirse en forma genérica y secreta directamente al contralor, quien realiza un examen de las cuentas y le expresa su opinión de manera secreta al Presidente de la República.

La ley solo menciona que con esos dineros no se podrán realizar pagos a funcionarios públicos ni financiar campañas políticas, partidos políticos u organizaciones gremiales.

El proyecto de ley también considera aumento neto de la dotación máxima de 7.491 funcionarios respecto de 2018, lo que implica un crecimiento de 2,9%. Asimismo, se disminuyen los recursos en 7,3% para la contratación de personal a honorarios en relación a 2018.

Desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) señalaron que el ajuste responde “en buena medida a la austeridad fiscal, ya que las reducciones contempladas en gastos reservados de la administración civil en el proyecto de ley de Presupuestos de 2019, se asocian principalmente a esas medidas implementadas a partir del presente año”.

En cuanto a la contratación de personal, la Dipres subrayó que “el incremento de la dotación máxima considerado en las glosas del proyecto de ley de Presupuestos 2019, se asocia sobre todo al traspaso de personal contratado a honorarios a la dotación institucional en calidad de contrata, y por tanto, no constituye contratación nueva sino que al cambio de la calidad jurídica de la contratación de funcionarios que realizan funciones permanentes en los Servicios e Instituciones Públicas”.

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