La rebaja transitoria del impuesto a las donaciones que propone el proyecto de ley de Reconstrucción, ingresado hace dos semanas por el gobierno al Congreso, no sólo despertó la atención de buena parte del mundo jurídico, sino también de muchas personas de altos ingresos que han evaluado una transferencia anticipada del patrimonio familiar.

El texto propone una ventana de 12 meses, contados desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la publicación de la ley, en que las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto que actualmente rige. La ley establece hoy que las donaciones y las herencias pagan un impuesto con una tasa progresiva, cuyo máximo es de 25% para los montos superiores a las 1.200 Unidades Tributarias Anuales, unos $ 1.000 millones.

Las donaciones, esta vez, podrán formalizarse mediante escritura pública y ya no habrá que hacer el trámite de la insinuación judicial, lo que simplifica un procedimiento que suele tardar meses. Además, permite financiar el impuesto a pagar con mediante préstamos otorgados por las mismas sociedades donadas o sus relacionadas. Se podrá donar hasta el 75% del patrimonio.

Ante las dudas de los parlamentarios y en especial de la oposición por los espacios de elusión que se generarán, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la aplicación de esta medida en la Comisión de Hacienda.

“Más que una elusión pura y simple es que ocurren planificaciones muy a largo plazo. Por ello, cuesta mucho después detectar en qué punto de todos los pasos pudo haber habido una figura elusiva”, explica.

En otras palabras, la visión que tiene Hacienda es que, con el sistema actual, la expectativa de recaudación no se terminará concretando, ya que la planificación tributaria que hacen les permite en la práctica reducir la recaudación estimada.

Por eso, afirman que con el esquema que se está proponiendo lo que se busca es asegurar una recaudación presente versus una expectativa futura.

“Muy conservadoramente es nuestra expectativa, pero (esperamos) una recaudación importante de dinero”.

La proyección del gobierno es recaudar unos US$ 300 millones por esta medida. Y esta norma tiene un sentido recaudatorio, a diferencia del grueso del paquete tributario del proyecto más importante del gobierno de José Antonio Kast.