Una compleja trama de supuestos engaños y ejecutada durante años, es el corazón de una querella de 57 páginas presentada contra la multinacional suiza Straumann. Los afectados son los hermanos chilenos Gabriel y Daniel Meszaros, quienes acusan a la compañía y a sus ejecutivos de haberlos defraudado tras la fallida venta de su empresa, Alpha Bio Chile, dedicada justamente a la distribución de implantes dentales.

El documento judicial, al que accedió Pulso, detalla una operación que habría comenzado con promesas de una millonaria inversión y culminado con lo que los querellantes califican como un “ardid defraudatorio” para adquirir sus activos pagando solo la mitad de su valor real y eludir el pago de hasta US$ 12,5 millones. Gabriel, radicado en Israel, y Daniel, en Chile, lideran esta batalla legal que expone un negocio que prometía crecimiento y terminó, alegan, en una estafa calificada.

Todo comenzó en 2018, cuando Alpha Bio Chile, entonces líder en el mercado local de implantes dentales con una cartera de más de 1.300 odontólogos y clínicas, exploraba su venta. La compañía había recibido una oferta de US$ 7,06 millones del grupo estadounidense Danaher, su principal competidor.

Fue entonces cuando apareció Straumann Group, el gigante suizo del rubro, operando en Chile a través de su filial Manohay Chile SpA. Representados por los ejecutivos Matthias Schupp y Florian Jürgen Kirsch, Straumann presentó una oferta superior: US$ 7,5 millones, basados en un múltiplo de las utilidades de la empresa (EBITDA). La propuesta incluía un pago inicial del 50% (US$ 3,75 millones) y el saldo sujeto a un mecanismo de “earn-out” o parte ajustable, que dependía del desempeño comercial de los activos vendidos durante los dos años siguientes.

Para los Meszaros, el prestigio de Straumann como líder mundial, respaldado por un proceso de due diligence realizado por la consultora PwC y la firma de documentos formales como un Letter of Intent (LoI) y un Memorandum of Understanding (MoU), revistió la operación de total credibilidad. Incluso aceptaron un período de exclusividad que les impedía negociar con Danaher, confiados en el cierre del trato con los suizos.

Según la querella, firmado el contrato de compraventa de activos el 12 de abril de 2019, la conducta de Straumann y Manohay cambió radicalmente. La querella alega que los ejecutivos Matthias Schupp, Florian Jürgen Kirsch, Manuel de la Prida (Gerente General de Manohay Chile) y Pablo Prado, vicepresidente de Straumann LATAM ejecutaron una estrategia premeditada para incumplir sistemáticamente las cláusulas diseñadas para asegurar el éxito del earn-out.

Los querellantes presentaron una serie de documentos con los que Straumann, establecía metas comerciales internas muy por debajo del mínimo necesario para activar cualquier pago. Incluso se habrían fijado bonos para los ejecutivos por cumplir estas metas bajas, desalineándolos del objetivo del contrato.

Según la querella, en lugar de bajar los precios para atraer a la cartera de clientes de Alpha Bio, Manohay habría subido los precios de su marca Neodent en un 17,6%, ofreciendo un producto históricamente más económico y percibido como de menor calidad a un precio superior al de la marca líder, disuadiendo activamente las conversiones.

También denunciaron que se comprometió una inversión agresiva de US$ 500.000 para el relanzamiento de Neodent y US$ 180.000 en marketing regular. Un peritaje de FK Economics habría concluido que no se ejecutó ni un tercio de lo prometido, abandonando el mercado chileno en un momento crucial.

Además alegan que hubo desabastecimiento reiterado de los productos más demandados y que no se invirtió en el equipo comercial necesario, incumpliendo la promesa de destinar US$ 700.000 anuales a este ítem.

El abogado Juan Carlos Manríquez y la abogada Ariela Agosín ( AZ ) asesoran a los hermanos Meszaros en la causa penal y en el arbitraje del CAM Santiago , respectivamente.

Descargos

La versión de la empresa es muy distinta a la que plantean los hermanos Meszaros. Así lo explica Jorge Bofill, abogado que asumió la defensa de Straumann.

Según Bofill, la querella presentada por los Meszaros tiene un carácter instrumental: busca presionar a la empresa y a sus ejecutivos. “Lo digo con claridad porque antes de esta querella hubo un juicio arbitral completo, y la tesis que plantearon en ese proceso fue completamente distinta y contradictoria con la que presentan ahora”, afirma.

En el arbitraje, los querellantes argumentaron que hubo un incumplimiento de contrato. Es decir, reconocían que el contrato era válido y que durante su ejecución, Straumann no habría cumplido ciertas condiciones, específicamente relacionadas con el pago de una parte variable del precio, la que dependía de metas de venta posteriores a la compra.

“El argumento en ese juicio fue: el contrato se celebró válidamente, las partes se comprometieron legítimamente, pero luego una parte no cumplió. Nosotros respondimos que hubo dificultades reales —como la pandemia— que afectaron las condiciones comerciales. La árbitra, sin embargo, falló en contra nuestra, aunque no acreditó los perjuicios que pedían los empresarios”, relata el abogado.

Los Meszaros apelaron ante la Corte de Apelaciones, que acogió la queja, anuló el fallo y ordenó que un nuevo árbitro dictara una nueva sentencia respecto al tema de los perjuicios. “Lo clave es que ese fallo dejó establecido que, si hubo algo incorrecto, fue un incumplimiento contractual, no un delito. No se habló de engaño al momento de firmar el contrato”, subrayó Bofill.

“Ahora, con la querella penal, los hermanos Meszaros dicen lo contrario. Que desde el inicio nunca hubo intención de cumplir lo acordado. Eso es incompatible con la tesis de que hubo un contrato válido que luego fue incumplido”.

Bofill afirma que no se puede sostener las dos cosas al mismo tiempo: o hubo engaño desde el inicio (estafa), o hubo un contrato válido que se incumplió (responsabilidad civil). “Esta querella penal contradice lo que ellos mismos dijeron en el arbitraje. Es una estrategia para presionar, porque una querella genera temor: implica delitos, posibles consecuencias penales, incluso pérdida de libertad”.