El Ejecutivo finalmente ingresó al Congreso el proyecto de reajuste al sector público, el cual ha estado marcado por la discrepancia en torno a la intención del gobierno dar mayor estabilidad laboral a esos funcionarios a través de algunas normas que la oposición califica como “ley de Amarre”.

Todo esto ad portas del fin del gobierno de Gabriel Boric y el inicio de la presidencia de José Antonio Kast.

Y tal como ya lo había adelantado el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el proyecto de 167 páginas se incluye una norma para fundamentar los despidos de los trabajadores a contrata.

“La no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados”, dice el proyecto.

Además, se exige “la notificación íntegra y oportuna del acto, contempla la remisión a la Contraloría para su registro, y reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría General de la República, la que sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

Otra de las normas polémicas, pero que con la redacción del proyecto el gobierno busca cerrar es la que establece por ley que los asesores directos deben dejar sus funciones el 11 de marzo del 2026.

“La presente iniciativa legal propone en su artículo 115 que el cese de funciones del personal a contrata que presta asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, Subsecretarios, Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, Secretarios Regionales Ministeriales y jefes superiores de los servicios, deberán presentar su renuncia voluntaria para hacerla efectiva, a más tardar, el 11 de marzo de 2026 y que, si ello no ocurre, el cese se concretará mediante la petición de renuncia de la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de sus funciones, por el solo ministerio de la ley, desde esa fecha”, plantea el proyecto.

Se aclara que “la iniciativa no será aplicable a los altos directivos públicos y su personal asesor, cuyo cese de funciones se materializará de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Alta Dirección Pública o aquellas a las cuales se encuentren afectos, según corresponda. Tampoco regirá para el personal que haya sido designado a contrata con anterioridad al 11 de marzo de 2022”.

Alza salarial

En cuanto al monto del alza, el proyecto incluye un alza de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, “lo que equivale fiscalmente a un 2,8% promedio”, dice el proyecto. De esta manera, enfatizan que se “logra equilibrar las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal. En esta línea, se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, reforzando el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables”.

Con esta alza, el costo fiscal del proyecto es de US$1.775 millones en 2026; US$1.275 millones en 2027 y de US$1.270 millones en régimen.

De acuerdo al proyecto, este mayor costo deberá ser financiado por el subtitulo 21 o bien reasignaciones.

La expectativa de la oposición

A las 15 horas, la comisión de Hacienda de la Cámara comenzará a analizar el proyecto. Y por lo mismo, los parlamentarios de oposición anticipan la discusión: critican la extensión del proyecto y que esté desfinanciado.

Uno de ellos es Frank Sauerbaum, diputado de RN, quien critica que el proyecto haya ingresa con un día de retraso y con una extensión de 129 artículos. “Esto nos obliga a una tramitación más larga de lo usual, especialmente para evaluar las distintas medidas de amarre que busca impulsar el gobierno que perjudicarían al gobierno entrante. Un ejemplo flagrante es el caso del cambio de criterio de cinco a dos años para la confianza legítima y la imposición de la modalidad de teletrabajo hasta el año 2028, atando la gestión de recursos humanos del próximo gobierno por tres años completos”.

El legislador señala también que el informe financiero “nos da la razón de que el proyecto está desfinanciado desde su origen, toda vez que para el costo total de US$1.785 millones para 2026 hay provisionados solo US$660 millones por lo que los US$1.125 millones restantes serán asumidos desde lo presupuestado actualmente para sueldos, tal como menciona explícitamente dicho informe”.

Felipe Donoso, diputado de la UDI, aseveró que “la ley de reajuste siempre contempla varios temas pero al parecer en esta batieron todos los récord. Yo le diría al gobierno que no trate de en una ley hacer lo que no hizo en 4 años”.

Mientras que Agustín Romero, del partido Republicano, señaló que “me recuerda a la ley ómnibus de Milei, pero a diferencia de Milei, el presidente Boric usa nuestra institucionalidad para amarrar al próximo gobierno”.