Es una iniciativa de ley esperada por el sector eléctrico, que por fin ve la luz.

Este lunes, el Ministerio de Energía ingresó al Congreso el proyecto de ley de protección tarifaria eléctrica -bautizado también como “ordenemos la cuenta”-, cuyo contenido, entre otros puntos, busca resolver la deuda que tienen los consumidores con las empresas distribuidoras de energía sin elevar la tarifa de la luz, abrir contratos con las generadoras eléctricas y entregar una nueva versión del subsidio eléctrico. El objetivo final es ordenar las cuentas de la luz.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, en conversación con Pulso, explicó que “el mandato del Presidente José Antonio Kast fue claro, y fue parte de las cosas que conversamos cuando me invitó a ser parte del equipo de gobierno a cargo de Energía. Y es que teníamos que ordenar todo lo que dice relación con cuentas de luz, ponernos al día en la deuda que existía, que era impresentable seguir con el nivel de atraso que estamos en esta materia. Y que teníamos que ver cómo hacíamos para que las tarifas fueran más justas y más competitivas, no solo para las empresas, sino que también para la familia y las pymes”.

El proyecto, explicado por la jefa de la cartera eléctrica, recogió una gran cantidad de planteamientos realizados por parlamentarios, proceso que se ejecutó mediante un trabajo prelegislativo que llevó un tiempo, y es la razón por la cual esperan, desde el Ejecutivo, tener aprobada la iniciativa en julio y no más allá de ese plazo.

“Como va a entrar con discusión inmediata y hemos tenido un buen trabajo prelegislativo, esperamos que se tramite rápidamente en la Cámara de Diputados, y de vuelta de la (semana) regional, tramitarlo en el Senado para que en julio esto ya sea ley”, apuntó Rincón.

Con este proyecto, indicó, “las cuentas van a bajar a partir de 2028, y el rango de rebaja ya va a ser mayor que estos $5 que se le agregan. Sin esta fórmula, las cuentas subirían 4%”.

El contenido de la iniciativa

Los tres ejes de la iniciativa comprenden la mitigación del impacto tarifario; la regularización y certeza en las tarifas; y la seguridad y suministro energético.

En el primer punto, los consumidores mantienen una deuda con las empresas distribuidoras de energía del orden de US$ 800 millones, debido principalmente al retraso de la publicación del Valor Agregado de Distribución (VAD) del periodo 2020-2024, el que se postergó por la pandemia y el estallido social.

El proyecto de ley que presentó el gobierno plantea empezar a pagar esta deuda a partir de 2028.

La alternativa, adelantada hace unos meses por Pulso, aprovecha una baja en las cuentas de la luz que debe tener lugar a partir del 1 de enero de 2028, vinculada a la disminución del cargo MPC (Mecanismo de Protección al Cliente). Este mecanismo fue creado el 2022 (Ley 21.472) para saldar la deuda por US$6.000 millones con las generadoras eléctricas, tras su congelamiento tarifario.

Gracias a esto, si entre los años 2024 y 2027, y por ese cargo, los consumidores deben pagar $22 por kilowatt hora, en el lapso 2028-2035 tal cobro disminuye a $9 por kilowatt hora. Para evitar subir en este momento las cuentas de luz producto del pago del retraso del VAD, el gobierno limitará la baja de 2028, sumando $5 por kilowatt hora al cobro correspondiente, el que quedará en $14 kilowatt hora.

“La fórmula para pagar la deuda va a ser la misma que se utilizó para sanear la deuda con las generadoras. Una institución financiera va a pagar directamente la deuda completa con las distribuidoras y cada uno de los chilenos va a ir pagando mes a mes desde el 2028 hasta el 2035”, detalló la ministra de Energía.

La entidad financiera en cuestión se definirá en una licitación, pero ya hay conversaciones con el BID, la CAF, Banco Estado y Santander. “La institución financiera que gane la licitación, va a pagar a las compañías distribuidoras toda la deuda de una vez”, enfatizó Rincón.

La iniciativa también considera un subsidio eléctrico a 2027 similar a los anteriores, para el 40% de la población más vulnerable, electrodependientes, y con sistema de postulación.

Además, el gobierno está proponiendo al Congreso que cuando la Comisión Nacional de Energía (CNE) publique el decreto del VAD de 2024-2028, este sea extendido hasta 2030 para evitar un nuevo retraso.

La ministra señaló que “con eso evitamos el siguiente retraso 2028-2032, y quedamos con un decreto tarifario posterior que sería 2030-2034. Así, entramos sin retraso y nos ponemos al día definitivamente. Ordenamos la cuenta”.

Esperan que la publicación del decreto tarifario por parte de la CNE, y que sería extendido, esté listo a mitad de 2027. Este proceso se iniciaría tras la aprobación de la ley, aunque la CNE ya está trabajando sobre la base de tal propuesta.

En paralelo, el proyecto plantea que el proceso tarifario de fijación del Valor Anual de la Transmisión por Tramo (VATT) que se encuentra vigente actualmente (decreto supremo 7T), y cuyo sucesor está atrasado 29 meses, continúe hasta el 31 de diciembre de 2028. Con ello, se establece que el siguiente proceso de fijación sea para 2029-2032.

Apertura voluntaria de contratos

En el sector ha estado por años la discusión sobre la apertura de los contratos eléctricos de largo plazo que mantienen las compañías con los clientes regulados, ya que se argumenta que en la actualidad las condiciones no son beneficiosos para la ciudadanía.

La ministra Rincón dijo que esta arista el proyecto la “va a tocar, desde el punto de vista de lograr que exista la posibilidad de revisar los contratos con las generadoras. Hay contratos que son bastante caros. En el primer eje, necesitamos abrir la posibilidad mediante un sistema voluntario de licitación competitiva de las empresas que tienen contratos hoy día, y que nos permitan revisarlos para lograr mejores condiciones”. Esta sería una facultad excepcional de la CNE, previa autorización del Ministerio de Energía, y podría ocurrir una sola vez.

El año pasado se discutió el tema, sin embargo, empresas como Engie y Generadora Metropolitana se negaron a renegociar sus contratos, sumándose Enel Generación y Aes Andes.

La jefa de la cartera eléctrica, consultada por el incentivo que tendrán las compañías para revisar los contratos, respondió que, “básicamente, poder tener un mayor plazo de contrato, que es lo que hacen hoy día los clientes libres, que negocian tarifa por mayor plazo”. Sobre el ánimo de las firmas, la autoridad sostuvo que “hay disposición. Esto no es obligatorio, pero hay disposición a poder considerarlo”.

Rincón concluyó diciendo que “lo más importante (...) es que estamos ordenando las cuentas. Este proyecto pone fin a años de atraso en el sistema eléctrico y avanza hacia un sistema de cuentas de luz más justo para las familias. Es fundamental proteger a la ciudadanía y entregar reglas claras a la industria. Es un proyecto integral, recogimos lo que nos pidieron los parlamentarios: bajar las cuentas, ordenar las tarifas y mejorar el servicio”.