Luego de semanas de críticas y como resultado de un proceso de consulta masivo donde participaron gremios empresariales y personas de la sociedad civil, el Ministerio de Medio Ambiente (MME), informó este jueves que “no avanzará” en la definición de los sitios prioritarios de la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), “hasta que los insumos surgidos de estos procesos sean analizados en profundidad”.

“Los aportes recibidos en el marco de la consulta pública aún vigente, que a la fecha ha recibido más de 2.000 observaciones, permitirán robustecer esta política pública y dar certeza sobre su alcance a todos los actores”, precisó la cartera en un comunicado.

La repartición, liderada por la ministra Maisa Rojas, agregó que se encuentra trabajando para despejar dudas y atender las observaciones recibidas, “con el compromiso de mantener el diálogo e impulsar un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás”.

El prelistado, llevado a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la ley Sbap, 21.600 -y que debe comenzar su operación el 1 de febrero de 2026-, estableció 99 sitios prioritarios preliminares en tres macrozonas del país: norte, centro y sur.

Estos fueron publicados por el MME en el Diario Oficial el 3, 4 y 5 de septiembre pasados, activando consultas públicas que fueron postergadas en dos ocasiones y desatando múltiples cuestioanamientos del sector privado.

¿Para la próxima administración?

Mientras el promedio de las observaciones de consultas públicas en el ministerio de Medio Ambiente es de 500, el actual proceso respecto de los sitios prioritarios supera las 3.100, marcando un récord. Cada una de ellas debe ser respondida por la secretaría de Estado.

La consulta pública concluye entre el 2 y 4 de diciembre próximos, tras lo cual el ministerio, teniendo cerradas todas las observaciones, podrá comenzar el análisis y respuesta de las mismas.

Con tal aplazamiento, la gran interrogante que surge acerca de la decisión del ministerio, es si la definición de estos sitios prioritarios se concretará durante este gobierno, o quedará ya para el siguiente.

A juicio del exsubsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, “con las más de 2.000 observaciones recibidas a la fecha, sería razonable pensar que esto queda para la siguiente administración”, agregando que “este tema requiere un análisis detallado porque las implicancias de las declaraciones de sitio prioritario son complejas y pueden afectar a los propietarios de terrenos. Un nuevo gobierno, del color que sea, debiera considerar los antecedentes presentados y eventualmente racionalizar la propuesta inicial”.

A su turno, Esteban Carmona, abogado senior del área de derecho público, regulatorio y ambiental del estudio Barros, Silva, Varela & Vigil, dice que “la decisión del ministerio deberá materializarse en un acto administrativo que suspenda los tres procedimientos en curso (macrozona norte, centro y sur), a la espera de un análisis de fondo de aquellas observaciones e inquietudes. Por ahora, se desconoce el plazo que el ministerio fijará para dicho análisis”.

El abogado explica a Pulso que el proceso debe ser ejercido dentro de un plazo legal, “esto es, 5 años desde la publicación de la Ley N°21.600, lo que ocurrió el 06 de septiembre de 2023. Es decir, la autoridad aún cuenta con casi tres años para ejercer la competencia y emitir, dentro de ese término, el decreto que defina aquellos sitios".

Reacciones de privados

Luego del anuncio, el presidente de Consejo Minero, Joaquín Villarino -que dijo hace un día en Pulso que “el ministerio se ha saltado el procedimiento que está establecido en la propia ley”-, resaltó la determinación de la cartera sectorial.

“Valoramos la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de estudiar con mayor profundidad la implementación de esta ley, y en específico la designación de los sitios prioritarios. En todos los sectores productivos existe consenso en la necesidad de un diálogo técnico y multisectorial que permita equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo económico regional”, apuntó Villarino.

Por su lado, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) también evaluó positivamente el anuncio: “Valoramos esta decisión que era absolutamente necesaria y da cuenta de que el gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas que protejan la biodiversidad, sin sacrificar el desarrollo económico que el país requiere”, sostuvo su presidente, Jorge Riesco, en un comunicado.

El líder del gremio minero reiteró el llamado al ministerio a concretar las acciones multisectoriales que han solicitado.

En la misma línea, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, aseguró que “la implementación de la Ley de SBAP debe realizarse con apego a lo que ella misma estableció, lo que implica contar con un reglamento para fijar la metodología de definición de sitios prioritarios”.

Desde la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur) también reaccionaron, destacando la consideración a las preocupaciones gremiales.

“Como industria turística creemos firmemente en la conservación de la naturaleza; es nuestro principal activo y la base sobre la cual se construye el turismo sostenible. Pero también es fundamental que cualquier política pública se desarrolle con diálogo, evidencia y equilibrio, de modo de compatibilizar adecuadamente la protección del patrimonio natural con el desarrollo económico de los territorios”, indicó la presidenta ejecutiva del gremio, Mónica Zalaquett.

En tanto, desde SalmonChile relevaron que la decisión del órgano estatal se debió a las objeciones públicas levantadas desde distintos gremios productivos y la sociedad civil. “Esta acción evidencia que el proceso llevado a cabo hasta ahora carecía de la debida transparencia y participación de los actores involucrados”, señaló el presidente de la agrupación, Arturo Clément.

“Si bien creemos que esta decisión es positiva, consideramos que aún queda mucho trabajo por hacer. Aún quedan más de una decena de reglamentos de la Ley SBAP en trámite que deben ser analizados también con la participación de distintos actores. Esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente y sus autoridades entiendan que, para la elaboración de una buena política pública, se debe trabajar escuchando a todos los sectores y no solo a unos pocos”, concluyó el líder gremial.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, declaró que, “tal como advertimos, insistir en esta línea pone en riesgo la mantención de proyectos y el inicio de otros, afectando con ello la inversión y el empleo”, a la vez que valoró la medida.

Por otra parte, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, dijo que “consideramos acertada la decisión del ministerio de no avanzar en la definición del primer listado de sitios prioritarios, mientras se profundiza el análisis técnico del proceso. Debemos cuidar la legitimidad de esta ley, lo que depende de que esta etapa se lleve adelante con rigurosidad científica y criterios metodológicos claros y conocidos por todos”.

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, se sumó a las valoraciones y manifestó que esperan “que esta ‘pausa’ no sea solo un gesto comunicacional, sino el inicio de un rediseño real y efectivo del proceso: más transparente y técnico, con el reglamento que establece la ley y una participación efectiva de las comunidades y sectores productivos”.

Finalmente, la red de gremios forestales “Futuro Madera”, afirmó que la línea en que iba el MME “ponía en riesgo la estabilidad de miles de familias, afectando con ello la inversión y el empleo de las PYMEs forestales y los propietarios de bosque nativo”.