Luego de semanas de críticas y como resultado de un proceso de consulta masivo donde participaron gremios empresariales y personas de la sociedad civil, el Ministerio de Medio Ambiente informó durante este jueves que no avanzará en la definición de los sitios prioritarios, “hasta que los insumos surgidos de estos procesos sean analizados en profundidad”.

El listado, llevado a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), establece 99 sitios prioritarios en tres macrozonas del país.

“Los aportes recibidos en el marco de la consulta pública aún vigente, que a la fecha ha recibido más de 2.000 observaciones, permitirán robustecer esta política pública y dar certeza sobre su alcance a todos los actores”, precisó la cartera en un comunicado.

La repartición liderada por la ministra Maisa Rojas agregó que se encuentra trabajando para despejar dudas y atender las observaciones recibidas, “con el compromiso de mantener el diálogo e impulsar un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás”.

Reacciones de gremios

Luego del anuncio, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) valoró positivamente el anuncio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente de “no avanzar” en la definición del primer listado de sitios prioritarios.

“Valoramos esta decisión que era absolutamente necesaria y da cuenta de que el Gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas que protejan la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico que el país requiere”, sostuvo el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, en un comunicado.

El líder del gremio minero reiteró el llamado al ministerio a concretar las acciones multisectoriales que han solicitado.

“Esperamos que se conformen las mesas de trabajo y y el diálogo necesario para lograr hacer un análisis técnico acabado sobre este tema. Como gremio, reiteramos nuestra disposición a colaborar en la revisión de los sitios prioritarios, aportando con propuestas concretas que permitan resguardar la biodiversidad sin afectar innecesariamente actividades que son vitales para el desarrollo productivo”, agregó.

Desde la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur) también valoraron la decisión del Ministerio del Medio Ambiente y destacaron la consideración de las preocupaciones gremiales.

“Como industria turística creemos firmemente en la conservación de la naturaleza; es nuestro principal activo y la base sobre la cual se construye el turismo sostenible. Pero también es fundamental que cualquier política pública se desarrolle con diálogo, evidencia y equilibrio, de modo de compatibilizar adecuadamente la protección del patrimonio natural con el desarrollo económico de los territorios”, sostuvo la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett.

Desde SalmonChile, en tanto, destacaron que la decisión del órgano estatal se debió a las objeciones públicas levantadas desde distintos gremios productivos y la sociedad civil.

“Esta acción evidencia que el proceso llevado a cabo hasta ahora carecía de la debida transparencia y participación de los actores involucrados”, señaló el presidente del gremio, Arturo Clément.

“Si bien creemos que esta decisión es positiva, consideramos que aún queda mucho trabajo por hacer. Aún quedan más de una decena de reglamentos de la Ley SBAP en trámite que deben ser analizados también con la participación de distintos actores. Esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente y sus autoridades entiendan que, para la elaboración de una buena política pública, se debe trabajar escuchando a todos los sectores y no solo a unos pocos”, concluyó el líder gremial.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, declaró que, “tal como advertimos, insistir en esta línea pone en riesgo la mantención de proyectos y el inicio de otros, afectando con ello la inversión y el empleo”, a la vez que valoró la medida.

“Nos resulta gratificante que la autoridad de Medio Ambiente priorice un proceso colaborativo con la sociedad civil y los gremios productivos, en el entendido que la institucionalidad ambiental está llamada a proteger la biodiversidad, pero también a permitir el desarrollo. Es necesario mantener este sano equilibrio para mejorar las condiciones de nuestro país de manera integral”, puntualizó Echavarría.