Ya lo había explicado hace algunos días en la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero durante este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a detallar el financiamiento del reajuste del sector público y los alcances de la denominada “ley de amarre”.

Respecto al financiamiento, Grau puntualizó que “este reajuste es un reajuste bajo en monto”.

“Y si uno compara con los dos reajustes que hizo en las transiciones el gobierno del presidente Piñera, este también es un reajuste más bajo. Solo este es más alto respecto al reajuste que se hizo en la transición del segundo gobierno de la presidenta Bachelet al segundo gobierno del presidente Piñera”, agregó en conversación con radio Duna.

El secretario de Estado mencionó en más de una ocasión que, durante la discusión de esta ley, se ha intentado plantear que las medidas adoptadas durante la tramitación de este proyecto han sido “distintas” a las de años anteriores, pero descartó esta idea.

“Lo que quiero señalar acá es que, por una motivación, probablemente por cómo se está dando el debate, se está discutiendo el reajuste de una manera que nunca se había discutido y se están cuestionando cosas que siempre han sido así y que nunca se habían cuestionado”, señaló.

Grau comparó las provisiones de la ley de reajuste con lo ocurrido en la implementación de la Pensión Básica Garantizada (PGU), cuando el gobierno, según afirmó, debió reasignar más de US$ 2.000 millones para financiar la reforma.

En este contexto, respecto de las provisiones para la ley de reajuste en comparación con la PGU, afirmó que “es una situación bastante más ventajosa y que no escapa en ningún caso de lo que ha sido la tradición de los distintos cambios de gobierno”.

Ley de “amarre”

Grau volvió a referirse a la denominada ley de “amarre” y reiteró que los asesores de confianza que trabajan en el gobierno “tienen que salir antes del 11 de marzo”.

“Y en los casos que no se presenta la renuncia, los jefes de servicio tienen que hacer valer esa salida”, precisó.

El ministro de Hacienda planteó que lo distinto en esta oportunidad es que lo que antes era un “instructivo” ahora quedaría incorporado en la ley.

Otro de los aspectos que reiteró es que con esta norma se busca que los despidos estén debidamente justificados y que la Contraloría se pronuncie en caso de que una persona emita un reclamo.

Respecto al reclamo ante la Contraloría, inicialmente la norma propuesta establecía que los funcionarios con, al menos, dos años de servicio podrían “reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación”.

Ahora, Grau señaló que se introdujo un cambio. “En esto estamos haciendo un cambio, porque nuestro diseño inicial, lo que nosotros presentamos, fue que quienes tenían este derecho a reclamo en la Contraloría eran personas que estaban a contrata al menos hace 2 años, y ahora cambiamos ese número de 2 años a 5 años”.

“Por lo tanto, este derecho a reclamo no va a estar para personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración”, explicó.