Una de las críticas que realizó el actual gobierno al saliente es en el manejo de las cuentas fiscales. Es que el cierre del año pasado fue peor al esperado. El balance fiscal efectivo fue de -2,8% del PIB y el Estructural de -3,6% del PIB.

Por lo mismo, un informe de LyD analizó de otra perspectiva la situación fiscal con el que asume el gobierno de José Antonio Kast.

El informe señala que, si bien es cierto que bajo la institucionalidad fiscal que rige desde 2001, de regla de Balance Estructural, todos los gobiernos se han comprometido a ser fiscalmente responsables, aunque a partir del 2009 pocos lo han logrado. Sin embargo, añade que “algunos de ellos han tenido atenuantes, mas no eximentes: crisis económica, catástrofes naturales, protestas sociales de gran magnitud o la pandemia provocada por el Covid-19”.

Asimismo, se menciona que “el actual gobierno se comprometió a un déficit estructural acumulado de 5,1% del PIB para el trienio 2023- 2025, sin embargo, este fue de 9,6%, alcanzando por tanto un incumplimiento acumulado de 4,5% del PIB.

En el análisis se menciona que “el déficit acumulado de 9,6% es un récord ya que solo ha sido superado por el Gobierno de Piñera II (-16,1%) con una pandemia, protestas sociales y estallido de violencia de por medio”.

Bajo esta óptica, se menciona que “el incumplimiento de 4,5% es muy superior al alcanzado en Bachelet I (-1,9%) que debió enfrentar la Crisis Subprime o al de Piñera I (-3,9%) que sufrió el terremoto de 2010, e incluso la de Bachelet II (-3,1%) que tampoco enfrentó situaciones extraordinarias que permitan excusar ese incumplimiento”.

En el estudio se menciona que el gobierno anterior “muestra como cumplimiento el que la deuda no ha superado el umbral del 45% del PIB asignando una importancia superior a esta meta respecto a la de Balance Estructural”.

Sin embargo, “la regulación es clara: la meta de deuda no es superior a la de balance, sino que es simultánea”. En ese sentido, puntualizan que “la correcta evaluación de la deuda pública no es respecto del porcentaje del PIB alcanzado el año previo, sino respecto de cómo hubiera sido si se hubiera cumplido la meta de Balance Estructural autoimpuesta en los últimos tres años: la deuda se ubicaría cerca del 37% del PIB y no en casi 42% como hoy. Desde esta perspectiva, el manejo de la deuda pública también ha sido deficiente”.

En su informe resaltan que “los efectos adversos de la administración fiscal del gobierno en 2025 no se acotan a solo a dicho año. La Ley de Presupuestos del 2026 consideraba originalmente un crecimiento de ingresos de 4,7% respecto de los elevados ingresos proyectados del 2025, variación que posteriormente se corrigió a 6,1% con el cierre de los ingresos del 2025. Dados los errores en las proyecciones de ingresos del año se acrecientan las dudas respecto de si efectivamente se obtendrán los ingresos estimados para 2026”.