El banco de inversión JP Morgan profundizó sobre los riesgos fiscales para Chile en un informe basado en los datos de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre, dada a conocer el viernes por la Dipres, y el proyecto de ley de Presupuesto de 2026. “En conjunto, estos documentos ofrecen una perspectiva reveladora para analizar los obstáculos que se avecinan”, indica.

Así la entidad sostiene que “las sucesivas revisiones de los objetivos de equilibrio estructural —que se incumplen sistemáticamente— y las reiteradas promesas de austeridad en el gasto que aún no se han materializado siguen proyectando una larga sombra sobre las perspectivas fiscales de Chile. Los riesgos de un déficit estructural cada vez mayor van en aumento".

En este sentido señala que el gobierno está a punto de incumplir una vez más su objetivo anual de balance efectivo, proyectando ahora un déficit estructural del 2,2% del PIB, muy por encima del objetivo original de 1,6%, mientras no se han implementado recortes de gasto adicionales para enderezar el presupuesto.

Además, indica, el plan correctivo presentado a principios de este año para abordar el déficit de 2024 se ha estancado: del 0,58% del PIB en medidas prometidas, apenas se ha implementado el 0,16%.

“Este déficit fiscal se desarrolla en un contexto de gastos corrientes descontrolados y una drástica reducción de las inversiones. Los datos presupuestarios hasta agosto subrayan la creciente presión sobre el gasto corriente, mientras que el gasto de capital se ha ralentizado considerablemente”, dice el informe.

En este sentido advierte que el gasto corriente aumentó 2,6% interanual en términos reales durante los primeros ocho meses de 2025, superando con creces la proyección anual de la administración, que era de tan solo 0,2%, por lo que alcanzar el objetivo original requeriría ahora una drástica contracción en el último trimestre.

Mientras tanto, agrega, el gasto de capital solo logró un modesto aumento interanual de 2,2%, muy por debajo de la expansión anual prevista de 18%. En cuanto a los ingresos, las previsiones actualizadas ahora esperan que los ingresos de 2025 sean 1,3 puntos porcentuales del PIB inferiores a las estimaciones de hace un año, lo que refleja una menor renta de la propiedad y otros ingresos no tributarios.

“En conjunto, si bien el ritmo de crecimiento del gasto se ha desacelerado a 2,4% interanual —la mitad de la tasa observada en la última década—, los esfuerzos de Chile por la contención fiscal han resultado insuficientes para alcanzar sus metas de equilibrio presupuestario", señala el informe.

Proyecciones optimistas

En cuanto a las perspectivas el documento señala que para 2026, el gobierno prevé ingresos efectivos equivalentes a 22,9% del PIB, un aumento de 4,7% interanual, impulsado por una mayor recaudación del impuesto sobre la renta y modestos incrementos en el IVA. Sin embargo, precisa, “estas proyecciones se basan en supuestos optimistas. Las autoridades fiscales esperan un repunte en los ingresos tributarios de los pequeños contribuyentes y anticipan que la nueva Ley de Rentas del Capital (LRC) aportará un 0,4% adicional del PIB, una expectativa que podría resultar ambiciosa”.

Respecto al gasto se proyecta que el gasto real aumente 2,5% interanual. Pero advierte que el borrador del presupuesto para 2026 incluye una restricción clave: congelar los salarios nominales del sector público a los niveles de 2025, lo cual no está claro si podrá mantenerse. Cualquier desviación de esta congelación podría intensificar la presión sobre el gasto corriente y poner en peligro el objetivo de déficit estructural del 1,1% del PIB, dice el informe.

Asimismo indica que, en respuesta a los riesgos inherentes a la propuesta de Ley de Presupuesto, la oposición se organizó y, en una medida sin precedentes, votó en bloque, rechazando casi todas las partidas del Presupuesto 2026, con el objetivo de forzar negociaciones con el Ejecutivo cuando el proceso pase a la Cámara de Diputados.

“La oposición criticó la falta de claridad en las cifras fiscales presentadas por el gobierno y abogó por la necesidad de recortar el gasto público, alegando que había una sobreestimación de los ingresos”, señala el informe. Agrega que el debate se reanudará el lunes 17 de noviembre en la Cámara de Diputados, después de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En definitiva, sostiene JP Morgan, la trayectoria de la deuda de Chile sigue en ascenso. Se proyecta que la deuda pública bruta alcance el 43,2% del PIB en 2026, un aumento de 1,8 puntos porcentuales con respecto al nivel previsto en la Ley de Presupuesto 2025.

“Aunque aún se encuentra por debajo del límite prudencial del 45%, el aumento subraya cómo los repetidos desvíos fiscales, la sobreestimación de los ingresos y el limitado progreso en el control del gasto han erosionado el margen fiscal del país. Según las proyecciones del gobierno, la deuda seguirá aumentando, alcanzando un máximo del 43,7% del PIB en 2027. Esta cifra principal oculta una preocupación más profunda: la deuda neta aumentará a medida que disminuyan los ahorros del Tesoro, convergiendo a tan solo el 3,8% del PIB para 2030. En resumen, se proyecta que la deuda neta alcance el 39,6% del PIB en 2027 y 2028″, señala el informe.

La contienda política se intensifica

En su informe JP Morgan da cuenta de que las encuestas previas a la primera vuelta de las elecciones presidenciales muestran un electorado dividido y sin un camino claro hacia una victoria contundente.

Así indica que los datos sugieren que el panorama político chileno está polarizado: la izquierda unificada en torno a Jeannette Jara y la derecha dividida entre José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Así sostieneque sin ningún candidato cerca de la mayoría, se espera que la contienda se defina en una segunda vuelta, donde las alianzas y la movilización del electorado serán decisivas.

“La dinámica actual tiende a favorecer a la oposición, pero sería prematuro dar por hecho el resultado. La volatilidad ha sido una constante en elecciones anteriores, y mucho se decidirá en las semanas previas a la segunda vuelta. El breve intervalo entre rondas—apenas tres semanas—será crucial, especialmente dada la obligatoriedad del voto y el potencial de que la percepción pública cambie rápidamente", dice el informe.

Propuestas fiscales de los candidatos

En este contexto el informe repasa las propuestas fiscales de los candidatos con mayor respaldo en las encuestas.

Jeannette Jara: La continuidad de las políticas se materializa en el programa de Jara, que reconoce que la recuperación económica sostenida depende de una gestión prudente de las finanzas públicas. Sin embargo, como se indicó anteriormente, una mera desaceleración del gasto podría no ser suficiente para estabilizar la trayectoria de la deuda. El programa también propone una transición gradual hacia un ingreso vital de $750.000 pesos mensuales, que se alcanzará durante el mandato de la administración.

En el primer año, se convocará un diálogo social tripartito —que incluirá sindicatos y asociaciones empresariales— para forjar un consenso sobre la trayectoria y los mecanismos para la implementación del ingreso vital.

José Antonio Kast y Evelyn Matthei: En la oposición, las plataformas de Kast y Matthei comparten puntos en común: haciendo hincapié en la seguridad, el crecimiento económico, la reducción de la burocracia y la consolidación fiscal. La iniciativa de Kast propone un ajuste fiscal de US$6.000 millones para abordar la subestimación de los ingresos futuros y prevenir un crecimiento insostenible de la deuda. Según las proyecciones de gasto actuales, existe un riesgo significativo de sobrepasar los límites de deuda prudentes para 2027, con una escalada descontrolada a partir de 2028.

El enfoque del gobierno para contener el gasto, principalmente a través de recortes a la inversión en infraestructura, ha generado críticas, lo que pone de relieve la necesidad de una estrategia más equilibrada. Los ajustes propuestos por Kast, que se implementarán en un plazo de 18 meses, se centran en cuatro áreas: frenar los abusos tanto en el sector público como en el privado, mejorar la eficiencia en la atención médica y la administración, eliminar programas mal evaluados e implementar medidas generales de austeridad.

Se espera que estas medidas generen los ahorros necesarios al tiempo que salvaguardan el gasto social y los compromisos de pensiones. El plan también incluye herramientas de cumplimiento, como incentivos conductuales y sanciones sociales, para reducir la evasión de tarifas y mejorar la rendición de cuentas del sector público.

El programa económico de Matthei, por su parte, propone recortar US$8.000 millones en gasto mal asignado durante cuatro años, basándose en un enfoque de presupuesto de base cero. Ambos programas también proponen sacrificios de ingresos mediante la reducción de los impuestos corporativos, con el objetivo de estimular la inversión e impulsar el crecimiento potencial, aunque esto podría socavar la consolidación fiscal impulsada por la reducción del gasto. Si bien el ajuste se considera factible, enfrenta obstáculos políticos y resistencia de intereses creados, lo que subraya la importancia de una implementación transparente y equitativa.

Johannes Kaiser: El candidato presidencial Kaiser ha presentado un ambicioso plan fiscal. El proyecto, uno de los más radicales de la historia moderna de Chile, propone eliminar múltiples impuestos —incluidos los de ganancias de capital, herencias y propiedades— y suprimir el impuesto a las utilidades reinvertidas. Las utilidades retiradas tributarían un único impuesto del 15%, mientras que quienes ganen menos de $500.000 mensuales no pagarían nada.

La reforma contempla un sistema totalmente integrado para evitar la doble tributación y una deducción por intereses ficticios para incentivar a los emprendedores que financian sus empresas con capital propio. El programa de Kaiser también busca reducir el tamaño del Estado —una reestructuración que, según afirma, podría ahorrar hasta un 5% del PIB—. Entre las medidas más relevantes se encuentran: la reducción del número de ministerios de 25 a 9, la eliminación gradual de aproximadamente 200.000 empleos públicos en un plazo de cuatro años y la suspensión del financiamiento público a fundaciones privadas, con excepción de las organizaciones benéficas auditadas.

El candidato se compromete a reformar la regla de equilibrio estructural de Chile, apuntando aUn superávit fiscal y una estricta disciplina de gasto.

El plan incluye una garantía de estabilidad tributaria de 50 años para todas las empresas, superando con creces el marco RIGI de 30 años de Argentina, y propone abolir el impuesto al valor agregado (IVA) sobre los servicios profesionales. Bienes esenciales como alimentos, vivienda, libros y medicamentos eventualmente estarían sujetos a tasas de IVA del 10% o del 0%, una vez que las condiciones fiscales lo permitan.