La emergencia económica que azota a Haití

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Los haitianos han salido a las calles ante una crisis que los deja sin gasolina, con un difícil acceso al agua potable, interrupción del suministro eléctrico y una inflación que alimenta el hambre. Eso en medio de una desacreditación total del gobierno, vinculado a la malversación de US$2.000 millones de Petrocaribe, caso por el que piden la salida del presidente Jovenel Moïse.




En América Solidaria "no se apoyan para nada los actos violentos que están sucediendo, pero sí comprendemos la desesperanza del pueblo haitiano", asegura su directora ejecutiva en Haití, Olga Regueira, quien ha permanecido en su hogar en Puerto Príncipe la mayoría de los días desde que comenzaron las protestas el jueves antes pasado. Desde ahí relata las penurias que viven los ciudadanos comunes y corrientes del país, donde por estos días vuelve a escasear la gasolina, lo que a su vez hace dificultoso acceder al agua potable distribuida por camiones, mientras se experimentan continuas suspensiones del suministro eléctrico.

Además, con una depreciación de cerca de 20% del gourde, la moneda local, y una inflación que superó el interanual 15% en enero, productos como el arroz, básicos en la gesta haitiana, han duplicado su valor, marco en el que crece el hambre mientras las personas se saltan sus meriendas. "Todo esto hace que el pueblo esté realmente muy saturado" señala a PULSO Regueira, subrayado que "este es un gran país, lleno de gente fuerte y sobreviviente. Estas protestas no son más que una respuesta a una situación de estrangulamiento".

A sus ojos la falta de gestión del gobierno es evidente. De hecho el presidente Jovenel Moïse se pronunció sobre las masivas manifestaciones solo una semana después de que comenzarán. "Escuché la voz del pueblo, sé lo que ustedes están padeciendo, por eso el ministro del interior anunciará varias medidas que adoptaremos rápidamente para aliviar la miseria del pueblo de inmediato", indicó en una transmisión televisiva.

Culpa de la corrupción

Tuvieron que pasar días para que efectivamente el segundo en el gobierno, Jean-Henry Ceant, presentará 10 medidas, entre ellas recortar su propio presupuesto un 30% y sugerir al resto -incluyendo al Presidente- hacer los mismo. El problemas es que los anuncios llegan en un momento en que la administración Moïse carece de credibilidad. De hecho,previo a las protestas, el miércoles 6 de febrero, el mandatario anunció una "emergencia económica", acompañada de medidas como subsidios a los comerciantes ambulantes y la suspensión de franquicias aduaneras, lo que claramente no dejó satisfechos a los haitianos.

Ellos no sólo reclaman por la crisis económica, sino que también por la salida del mandatario, a la cual se negó. A Moïse se le vincula con el escándalo de corrupción de Petrocaribe, el programa de ayuda ofrecido por Venezuela, donde autoridades son acusados de malversar de US$2.000 millones. "Existe una percepción cada vez mayor de que este gobierno simplemente no puede o no está dispuesto a abordar estos problemas de manera que se pueda desactivar la crisis", sostiene Jake Johnston, investigador del Center for Economic and Policy Research con foco en Haití.

Desde su punto de vista la corrupción es en gran medida responsable del actual problema económico que vive el país, al "disuadir a las empresas de invertir" y desperdiciar, por ejemplo, la ayuda venezolana. Su opinión es compartida por Brian Concannon, director Ejecutivo del Institute for Justice & Democracy in Haití, quien ha estado ligado a Haití por 25 años y afirma que este es el peor caso que ha visto desde entonces. Explica que de acuerdo al programa de Petrocaribe los recursos deberían haber sido invertidos en el desarrollo del país, pero "en lugar de eso dinero se diluyó, parte fue robada desde arriba, se dirigieron a proyectos que involucraban al gobierno y empresas y que fueron financiados en su totalidad pero solo una poca parte del trabajo está hecho, incluso hubo proyectos financiados sin contratos de por medio", detalla Concannon.

Ayuda internacional

Las protestas que incendian las calles de varias ciudades del país tienen su primer antecedente en julio de 2018, cuando el gobierno quiso retirar el subsidio a la gasolina, siguiendo las indicaciones del FMI. El organismo considera que los bajos precios "benefician de manera desproporcionada a los sectores acomodados", evitando con esto el gasto en programas sociales muy necesarios, y "ejercen una presión significativa sobre las cuentas fiscales de Haití".

Aunque Concannon entiende ese razonamiento, asegura que es una medida muy dura para los haitianos, al tiempo que reclama la falta de medidas contra la corrupción. Cabe destacar, que días previos a las primeras protestas, el 20 de junio, el staff FMI estregaba sus conclusiones tras una visita al país, señalando que "la perspectiva a medio plazo es generalmente positiva".

A la luz de los, queda claro que prevalecieron los "importantes riesgos a la baja" con consignaron en ese reporte, con un gobierno que no ha sido capaz de aprobar el presupuesto fiscal 2018-2019, según comenta Regueira, para quien las dificultades que enfrenta Haití no son nuevas. Recuerda las fuertes protestas en las calles en 2003 y 2004, las que tuvieron lugar en 2008 cuando ella ya estaba en Haití. Luego vino el terremoto en 2010 y un brote de cólera que le sucedió a la catástrofe, posteriores tormentas tropicales y ciclones no ayudaron a la situación del país, que en todos esos años además ha tenido que hacer frente a la numerosos casos de corrupción.

Durante este largo periodo son múltiples las organizaciones no gubernamentales y aunque Concannon, las valora por la ayuda que prestan, destaca que "el problema es que las ONG de alguna forma han desplazado al gobierno, no lo guían para que se haga responsable de brindar los servicios básicos que le corresponden al Estado", lo que también dificulta que las cosas mejoren en el futuro próximo.

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