El duro revés que sufrió el gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) el miércoles, tras alegar una invasión de competencias por parte del Primer Tribunal Ambiental (1TA) en el caso Dominga, podría ser uno de los últimos capítulos judiciales de la enrevesada historia que ha debido enfrentar la iniciativa minero-portuaria, impulsada por Andes Iron, en la comuna de La Higuera.

Luego que el fallo del TC invalidara la tesis del Ejecutivo, distintos expertos en regulación ambiental coinciden en un diagnóstico común: el Comité de Ministros estaría obligado a emitir una nueva resolución que otorgue luz verde al polémico proyecto, que busca producir 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre por cada año de operación.

Así lo cree Javier Naranjo, exministro de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. “Lo importante de la sentencia del TC es que respalda a la institucionalidad ambiental, y dice claramente que el Tribunal Ambiental puede ordenar cumplir la sentencia, que es justamente lo que el gobierno no estaba haciendo. El Comité de Ministros del gobierno del Presidente Boric no está cumpliendo con lo ordenado por un tribunal de justicia, y en la práctica eso implica que no tiene otra opción que cumplir con la sentencia”.

Según explica el jurista, la sentencia del tribunal ambiental genera lo que técnicamente se conoce como “causa ejecutoria”, lo que, en sus palabras, “significa que se pueden cumplir aun cuando existan recursos pendientes, como es el caso de las casaciones de Dominga”.

Ello, en alusión al recurso de casación en la forma y en el fondo que el gobierno presentó ante la Corte Suprema el 24 de diciembre de 2024, buscando hacer frente a la sentencia del 9 del mismo mes con que el Primer Tribunal Ambiental revivió el polémico proyecto.

Otro experto que coincide con la visión de Naranjo es Hipólito Zañartu, director del Magíster de Derecho de la Empresa de la Universidad Gabriela Mistral. El académico plantea que luego de desestimarse la invasión de competencias por parte del 1TA, el que “sólo había establecido la nulidad de un acto y no se había emitido ninguna consideración o motivos discrecionales (....), en este caso lo que tiene que hacer el Comité de Ministros es completar su resolución, porque sólo hizo un cumplimiento parcial de la orden que el mismo Tribunal Ambiental le exigió al Comité”.

Según destaca Zañartu, ello no requiere de una nueva votación, sino simplemente “completar una resolución que tenía por objeto cumplir la sentencia del tribunal ambiental”.

Y aunque discrepa del fondo, el diagnóstico también es compartido por Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“He consultado con distintos actores del mismo ministerio y esa es la interpretación que tienen ellos, que se podría ver obligada la aprobación”, dice a Pulso.

Según su visión, el espacio que tiene el Comité para un nuevo rechazo “es muy mínimo, porque no se pueden tomar antecedentes nuevos” y subraya que el TC “básicamente le da la razón al Tribunal Ambiental de que puede limitar el ámbito de acción del Comité de Ministros”.

En su visión, el nuevo escenario judicial pone el Ejecutivo “en una camisa muy ajustada, una camisa de fuerza que obliga básicamente a tener que aprobar el proyecto y eso es algo bastante inédito”.

El cambio de escenario también se reflejó en la declaración que entregó Andes Iron, tras conocerse el resultado del fallo del TC. Junto con emplazar al gobierno a “poner fin a los intentos por dilatar el avance del proyecto”, la firma ligada a la familia Délano Méndez sostuvo que la resolución “refuerza la legitimidad y certeza jurídica que permiten avanzar en la tramitación de los permisos sectoriales necesarios para su construcción”.

Ese camino ya fue iniciado en mayo por Andes Iron, luego que el SEA de Coquimbo estableció oficialmente que su Resolución de Calificación Ambiental se encuentra aprobada.

Por su parte, desde el Ejecutivo, el Ministerio de Medio Ambiente dijo estar evaluando “los alcances del texto y las acciones a seguir, considerando que existen recursos pendientes en otras instancias judiciales”.

Además de la casación ante la Suprema, también se encuentra en trámite la apelación que revisa la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Expectativa Suprema

Un punto que los opositores al proyecto miran con bajas expectativas es lo que pueda dictaminar la Corte Suprema en el recurso de casación. El exministro Mena no esconde sus aprensiones sobre el futuro de la acción, dada la nueva integración de la Tercera Sala, donde ya no está presente el destituido ministro Sergio Muñoz.

“La constitución de la Corte Suprema hoy día no es la misma que había hace un tiempo, hace un par de años, y por tanto uno no sabe qué tipo de decisión va a tomar esta Corte Suprema versus la que lideraba el ministro Muñoz”, manifiesta Mena.

La aprensión de Mena se expresó también hace algunas semanas, cuando el 19 de mayo la Tercera Sala dejó en “acuerdo” el recurso de casación. En aquella ocasión, la instancia estuvo conformada por los abogados integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz, y los ministros Adelita Ravanales, Diego Simpértigue y Jean Pierre Matus.

La presencia de este último fue recusada tanto por el Ejecutivo como por opositores a Dominga, entre ellos, la ONG Oceana y el Movimiento de Defensa del Medio Ambiente, Modema. En sus recursos apuntan a la inhabilidad declarada por el propio Matus de conocer causas donde participe el abogado Marcelo Castillo Sánchez, quien patrocinó hasta el 23 de diciembre de 2024 al Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanales “Totoralillo Norte” de La Higuera, entidad que apoya activamente el desarrollo del proyecto Dominga.

Opositores lamentan

Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana en Chile, lamentó lo resuelto por el TC y afirmó que “la justicia ambiental está hecha a la medida de la industria, sin considerar el conocimiento científico de la zona, la protección del medioambiente y la voz de las comunidades”.

En tanto, Roxana Núñez, vocera legal de Greenpeace, indicó que “casi doce años después del inicio de su tramitación, Dominga sigue sin jugar limpio. Por el contrario, ha optado por ejercer presión indebida sobre los organismos del Estado y forzar su avance de manera irregular en tribunales, en lugar de resolver sus múltiples carencias técnicas, las que provocarán un daño ambiental irreparable en la zona”.