Indagar en los patrimonios que los congresistas informan en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio en la plataforma InfoProbidad -que administra el Consejo para la Transparencia-, es encontrarse con un abanico de historias que llaman la atención, ya sea por lo abultadas o lo escuálidas que pueden llegar a ser. O por lo curiosas: se descubren hechos anecdóticos, como el gusto por autos antiguos o de muy poco valor económico, la tenencia de propiedades en el extranjero, patentes millonarias o animales de competición.

Al analizar cada uno de las declaraciones juradas presentadas por los parlamentarios electos en los comicios del 16 de noviembre (23 senadores y 155 diputados), cuando aún eran candidatos, es posible establecer ciertos patrones. Como que el estado civil preponderante en la zona norte y centro de los parlamentarios es la soltería, y en el sur, tienden más al matrimonio. Los parlamentarios casados se inclinan principalmente por la separación de bienes en su régimen patrimonial, aunque entre los más jóvenes está apareciendo el de participación en gananciales.

“Una ventaja de la separación de bienes es que se separan los riesgos. Una mala decisión de uno de los cónyuges no afecta la totalidad del patrimonio familiar, afecta sólo lo que ese cónyuge tiene. En la sociedad conyugal se comparten beneficios, pero también riesgos”, explica Guillermo Infante, abogado tributario de PPU Legal.

Un dato que podría incidir en un cambio de tendencia es que sólo un tercio de los parlamentarios que se postularon otra vez resultaron electos.

Si se toman los congresales electos el mes pasado por Cámara, en el Senado predominan los casados con separación de bienes (12), seguidos por nueve solteros, una casada en sociedad conyugal (la RN Camila Flores) y una divorciada (la nacional libertaria Vanessa Kaiser).

Entre los diputados, los casados son el 44%, los solteros el 40%, los divorciados el 11,6% y hay dos viudos (el RN Luis Pardo y Roberto Celedón, de Izquierda Ciudadana). En el equipo de los casados, también predomina la separación de bienes, 51 del total de 69.

“Los casados y convivientes civiles (con Acuerdo de Unión Civil) de los parlamentarios son Personas Expuestas Políticamente (PEP), lo que les obliga a cumplir más trámites para muchas operaciones: abrir cuentas bancarias, inversiones, contratar créditos, etc.”, comenta Infante.

Al entrar directamente a los patrimonios, algunos candidatos, sobre todo aquellos denominados incumbentes, es decir, que ya eran parlamentarios y postularon una vez más, aportan escasa información. Otros, en cambio, son cuidadosos al registrar muy detalladamente sus propiedades y sociedades.

Un conocedor de la plataforma InfoProbidad explicó que esta declaración es un formulario que rellena cada candidato de manera personal, que actúa como una declaración jurada, pero que no se verifica con información de otras fuentes como Impuestos Internos, conservadores de bienes raíces u otros, por lo que sólo se reporta lo que el interesado define y su detalle depende de cada cual.

La dieta bruta mensual de un senador o un diputado es de $ 7.348.983, mientras que el sueldo líquido depende de sus descuentos legales por previsión y salud, por lo que normalmente varía entre $ 5 millones y $ 6 millones por mes en promedio.

Un elemento esencial para comprender el análisis es que el patrimonio neto es el conjunto de activos, menos los pasivos, por lo cual puede haber parlamentarios con bienes de alto valor, pero cuyas deudas los igualan o incluso superan.

Todos los registros, tanto de propiedades como de vehículos, son con avalúo fiscal, por lo que su valor comercial normalmente es más alto. En el caso de ser accionista de sociedades, según la ley, se debe reportar la participación accionaria y a cuánto equivale en dinero de acuerdo al valor libro, no al económico.

Los destacados del Senado

De entre los 23 nuevos miembros de la Cámara Alta, quien exhibe el mayor patrimonio es Enrique Lee, senador electo por Arica y Parinacota, quien se presentó como independiente en cupo del Partido Demócratas. Lee es médico y cuenta con una veintena de propiedades repartidas entre Arica, Iquique, Viña del Mar, Santiago y Chillán, y dos sociedades: una prestadora de servicios médicos (Sermed) y otra de arriendo de infraestructura e insumos médicos (Artemed). A esta última pertenece su mayor activo: una propiedad avaluada en casi $ 1.700 millones en Arica.

Lo sigue el republicano Ignacio Urrutia, exdiputado y senador electo por el Maule. Aunque entre sus propiedades inmobiliarias declara sólo un departamento en Santiago con bodega y estacionamiento, la mayor carga patrimonial se la lleva su participación en dos sociedades. Declara el 15,48% de Agrícola Palomar Ltda., avaluada en casi $ 1.080 millones, y un 5% de Inmobiliaria e Inversiones Villa Rosa Ltda., ligada al Haras Villa Rosa, perteneciente a la familia Urrutia Bonilla, valuada en $ 10 millones. También reporta poseer dos caballos fina sangre de carrera, que suman un valor de $ 100 mil.

El tercero es el exdiputado PPD Ricardo Celis, elegido senador por La Araucanía. La mayor parte de su patrimonio, de casi $ 683 millones, proviene de los inmuebles que posee: cinco en Temuco y uno en Santiago. Celis es médico y tiene el 50% de Celis Servicios Médicos y forma parte de otra sociedad, llamada Ginecólogos de la Araucanía, donde aporta el 6,66%. Como deudas exhibe sólo dos créditos hipotecarios por poco más de $ 40 millones.

El abogado DC Francisco Huenchumilla, reelecto también en La Araucanía, tiene un patrimonio de $ 430 millones, centrado en seis inmuebles en Temuco y Lautaro. Declara una sociedad de inversiones, pero sin valorar su participación, y no exhibe pasivos.

Y la socióloga PPD Ximena Órdenes, con casi $ 426 millones, anota cinco propiedades, cuatro de ellas en Coyhaique, y una, en Santiago; registra dos derechos de agua en Aysén (que no se valorizan) y ahorros mediante depósitos a plazo y fondos mutuos.

Hay otros casos donde se declaran altos activos, pero también deudas importantes.

Como el caso del republicano Arturo Squella, electo senador por Valparaíso, que sólo con tres propiedades, sobre todo una casa de casi $ 700 millones en Vitacura, suma activos por $ 830 millones. Sin embargo, sus pasivos llegan a $ 806 millones por dos créditos hipotecarios, uno de ellos por $ 647 millones. Declara participación en tres sociedades, dos de las cuales no valoriza y en la tercera la avalúa en $ 265 mil, a valor libro.

O del exdiputado Vlado Mirosevic, senador por Arica, quien muestra un patrimonio negativo al declarar activos por $ 251 millones por dos inmuebles y deudas por casi $ 373 millones, la mayor parte por un préstamo hipotecario de $ 314 millones.

Un caso singular es el del exdiputado, y hoy senador por Valparaíso, Diego Ibáñez (frenteamplista), quien no declara activos y sólo una deuda de $ 15 millones con la Universidad Católica de Valparaíso.

Los diputados que resaltan

Los mayores patrimonios del Congreso están alojados en la Cámara.

Y el más alto de todos es el que exhibe la RN Ximena Ossandón, quien fue reelegida diputada por Puente Alto y La Florida, con casi $ 12 mil millones. Posee 18 propiedades, casi todas en Pirque, salvo dos que están en la ribera del lago Panguipulli, donde comparte la propiedad, y otra en Lo Barnechea. Entre ellas, hay ocho propiedades cuyo avalúo es el mismo, de más de $ 828 millones, en el predio llamado El Ciruelar de Pirque. También en Pirque declara tener participaciones diversas en otros ocho inmuebles. Sin embargo, el mayor aporte proviene de su participación en la sociedad Paúl y Cía., que tiene con su esposo, el economista Luis Hernán Paúl, que está avaluada en $ 4.757 millones. Su deuda es de menos de $ 50 millones.

El segundo patrimonio más alto es el del RN René Manuel García, reelecto diputado por la provincia de Cautín en La Araucanía, con $ 3.517 millones. Declara cuatro propiedades en la zona, pero su mayor activo es ser controlador de la sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Santa Olga de Allipén, de Cunco, especialista en cultivo de trigo y extracción de madera, avaluada en $ 2.700 millones. También es socio, con el 25%, de la Agrícola y Forestal Cuatro Hermanos Ltda., dedicada a la explotación ganadera y forestal, y el 20% de Inversiones e Inmobiliaria La Montaña Ltda., cuyos avalúos suman $ 206 millones.

Luego se ubica el republicano Carlo Arqueros, quien como está casado en sociedad conyugal, considera el patrimonio matrimonial conjunto. Este ingeniero comercial, un novato en la Cámara, fue elegido diputado por Antofagasta. Arqueros exhibe una propiedad en San Felipe por $ 165 millones, y su esposa, en la misma zona, otra por $ 1.655 millones, que representa gran parte de sus activos. El otro antecedente destacable es la marca registrada de un sistema de gestión de su autoría denominado Thames Methodology, que, según él mismo declara, está valorizada en US$ 1 millón ($ 920 millones al cambio actual). Con sólo un crédito hipotecario de $ 85 millones, su patrimonio neto llega a casi $ 2.700 millones.

Después están la también republicana Catalina del Real y el UDI Jorge Alessandri, con $ 1.700 millones y $ 1.345 millones netos, respectivamente, cuyos patrimonios están basados principalmente en propiedades en la capital: ocho la primera, que suman $ 2.280 millones, y trece el segundo -tres de ellas estacionamientos y bodegas de departamentos- que acumulan $ 1.950 millones. Ambos registran deudas del orden de $ 600 millones.

Entre ellos, aparece el reelecto diputado por Atacama Jaime Mulet, del Frente Regionalista Verde Social, con un patrimonio de casi $ 1.580 millones. De forma personal, posee cuatro propiedades: tres en Vallenar y una en Freirina. A través de su sociedad Inversiones Mallorca, controla un inmueble en Tierra Amarilla y tres en Vallenar, y mediante la firma Inversiones y Servicios Santa Catalina, tiene otras cuatro en esta última ciudad. No declara pasivos.

Una duda que surge ante la extensa lista de propiedades de algunos parlamentarios es su eventual posición ante un proyecto de ley para eliminar las contribuciones, que podría beneficiarlos proporcionalmente más que a cualquier otro chileno. El diputado Alessandri dice que él no se inhabilitaría de votar un proyecto: “Según el reglamento de la Cámara, tienes el deber de abstenerte en caso de que el proyecto te beneficie sólo a ti y a tu fin particular, pero cuando es una ley general que beneficia a todos, no tienes deber de abstención”. La diputada Ossandón piensa distinto: “Si se piensa eliminar todas las contribuciones, no me inhabilito para votar en contra, porque sería poco serio; sólo aprobaría eliminarla para la primera vivienda”.

Entre el más de centenar de parlamentarios revisados, dos diputados declaran propiedades en el extranjero.

El republicano Cristián Araya, con activos por $ 294 millones y una deuda de $ 275 millones, posee nueve propiedades y la de segundo mayor valor es una residencia en la ciudad española de Valencia, por 90 mil euros. Y la frenteamplista Lorena Fries, con activos por $ 90 millones y una deuda de $ 40 millones, cuenta con un inmueble de 80 mil euros en Málaga.

Entre los vehículos declarados resalta el republicano Agustín Romero, que registra sólo dos: un Renault Floride de 1960 y un Chevrolet Fleetmaster de 1946, ambos con un avalúo de $ 88.311. Y el PPD Carlos Cuadrado sólo anota dos Volkswagen Escarabajo de 1997 y 1982, valorizados en $ 642.261 y $ 249.768.

La única parlamentaria que no declara nada es la UDI Ximena Naranjo.