Municipalidad de Vitacura ficha a ex ministro de Energía en demanda contra Enel

No queda en el olvido la nevazón que dejó blanca la noche santiaguina el 15 de julio de 2017. Varios disfrutaron del espectáculo, pero para otros fue una pesadilla. Los cortes de luz se produjeron en diversas comunas y afectaron a más de 300 mil clientes y dentro de ellos, más de 20 mil clientes o medidores ubicados en Vitacura.

Esto, representa aproximadamente a 45 mil habitantes de esa comuna, donde en algunos sectores los cortes duraron hasta seis días.

Ello llevó a la municipalidad, que encabeza Raúl Torrealba, a interponer una demanda colectiva contra la distribuidora, que agrupó en primer lugar a 544 vecinos, aunque después se sumarían otros 140. Para iniciar el litigio judicial, Vitacura fichó los servicios del Estudio Bravo, conocido por su rol con Conadecus.

En ese entonces el ministro de Energía era Andrés Rebolledo, quien manifestó durante ese episodio que, en su visión, las empresas fueron las responsables, por lo que las instaba a "redoblar sus esfuerzos". Esto, en abierta contraposición con las empresas, entre ellas Enel, que aludían a que los cortes se produjeron por un hecho de "fuerza mayor", lo que les quitaba parte de la responsabilidad.

La demanda presentada en agosto de 2017 siguió su curso. En el intertanto, Rebolledo dejó su cargo y se fue a trabajar como economista senior precisamente al Estudio Bravo, donde una de las demandas que está a cargo es la de la Municipalidad de Vitacura en, precisamente, la de Vitacura contra de Enel.

"La palabra la tiene la justicia. El objetivo de la Municipalidad es compensar a sus vecinos afectados y evitar que se vuelvan a repetir estos cortes masivos y prolongados que vivimos el invierno del año pasado que evidenció que las empresas eléctricas deben mejorar su servicio de prevención de este tipo de hechos", argumentó Rebolledo ante la consulta de PULSO.

En relación con la indemnización que podría pagar la empresa a los afectados, indicó que "en esta etapa aun no es posible indicar este valor". Además agregó que es una causa "que recién se ha abierto la etapa probatoria, por lo que imagino que debiera resolverse a principios del próximo año".

Los argumentos

En el documento de la demanda civil se señala que "la mayor responsabilidad de la demandada radica en no haber realizado todas las inversiones y actividades preventivas que son propias de sus obligaciones en calidad de prestadora de un servicio de utilidad pública, como es la distribución eléctrica; tales como de mantener las líneas e instalaciones libres de árboles, ramas y otros obstáculos, y mantener personal e infraestructura adecuada tanto para prevenir como para solucionar con prontitud eventuales cortes del servicio".

A ello se agrega el hecho de "no haber desplegado de manera oportuna y eficiente el personal y equipo necesarios para reponer el servicio a la mayor brevedad posible, pese a que también tales recursos están comprendidos en la tarifa que deben pagar los consumidores mensualmente".

Dentro de lo que los demandantes exigen que se cumpla, es "declarar la procedencia y monto de las correspondientes indemnizaciones o reparaciones a favor de dichos grupos o sub grupos, condenando en definitiva a la demandada al pago de una indemnización (y) condenar a la demandada al pago del máximo de las multas estipuladas en la Ley de Protección al Consumidor".

Además, exige que se ordene a Enel "descontar de las cuentas de los consumidores, el precio del servicio no prestado en la proporción que corresponda, de acuerdo a lo previsto en (…) la Ley de Protección al Consumidor".