Nueva ley pone fin a discriminación entre empleado y obrero ante accidentes laborales

Este lunes entró un vigencia la nueva normativa que pone fin a la discriminación entre obreros y empleados, a la hora de acceder a las prestaciones de salud de afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales.

La Ley actual establece que quienes reciben la calificación de obreros, es decir, que su trabajo implica esfuerzo físico, podrán acceder desde el 1 de enero de este año a atención de salud especializada en toda la red de prestadores del ISL. Antes de la entrada en vigencia de la normativa, si un obrero tenía un accidente en una empresa adscrita al Instituto de Seguridad Laboral, sólo podía ser trasladado a un establecimiento de salud pública, mientras que los empleados podían ser llevados a la red pública y privada.

"Estamos dando el vamos a una ley que pone fin a una odiosa discriminación en el trato a los trabajadores de nuestro país y estamos felices de acabar con ella y estamos preparados para asumir este desafío. Ahora todos los trabajadores podrán acceder a estas prestaciones en condiciones de equidad", dijo la Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, en un comunicado.

La nueva Ley amplía el espectro de atención del Instituto de Seguridad Laboral en prestaciones del seguro asociado a la Ley N°16.744 del Seguro Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, beneficiando principalmente a trabajadoras de casa particular, manipuladoras de alimentos y trabajadores de temporada agrícola.

"Este ha sido un año de esfuerzos para el ISL y esperamos que todos quienes se vean beneficiados, se acerquen a informarse sobre las coberturas que otorga la ley de accidentes laborales que ahora esta avanzando hacia un trato igualitario para todos los trabajadores chilenos", indicó el Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral.

La entrada en vigencia de la legislación implicaría una inversión cercana a $13 mil millones al año 2021, los que consideran un ahorro de $6 mil millones por eliminación de transferencias de la co-administración con el Ministerio de Salud.