Pizarro descarta fraude en Codelco y Contraloría pide más atribuciones para fiscalizar a la estatal

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Expresidente ejecutivo de la minera, Nelson Pizarro, calificó de "erróneo" un posible conflicto de interés cuando estaba liderando Codelco. Pese a ello, desde el Congreso y Contraloría ya piden una mayor fiscalización a la cuprera estatal.


Fue hace dos meses cuando Nelson Pizarro dejó la presidencia ejecutiva de Codelco. Se fue de la estatal en medio de aplausos por su labor en los años que estuvo a cargo. Sin embargo, el escenario para Pizarro cambió, luego que se le denunciara por eventual conflicto de interés, en un reportaje de Canal 13.

A Pizarro se le acusó de estar involucrado en irregularidades y conflicto de interés, por la compraventa de un millonario inmueble que involucra a su hijo y a uno de los proveedores de la División Salvador, quien además fuera socio de su hijo.

Sin embargo, el expresidente ejecutivo de la estatal descarta dicha acusación. "Los hechos en virtud de los cuales se identifican indicios de un eventual conflicto de interés son erróneos", aseguró, agregando que "en ningún caso y en ninguna circunstancia he ejercido alguna influencia para favorecer a alguna empresa en particular o beneficiarme de alguna manera. En todo momento han sido los organismos competentes de Codelco los que de acuerdo con sus facultades han tomado las decisiones de negocio".

En relación a una propiedad ubicada en Las Brisas de Chicureo, en la comuna de Colina, y que fuese adquirida por su hijo, Nelson Felipe Pizarro; dijo que no es efectivo que haya pagado $70 millones por ella, como se señaló en el reportaje, sino que un monto superior a $700 millones.

Al respecto, indicó que el financiamiento de esa transacción "está debidamente documentado y totalmente pagado a diciembre de 2015, en su mayoría con recursos propios de Nelson Felipe Pizarro y complementado por un préstamo otorgado por mí a su esposa", señaló Pizarro.

El rol de Contraloría

La denuncia fue abordada ayer también por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien además sostiene una larga disputa judicial con Codelco, luego que ese organismo acusara algunas irregularidades en la estatal.

Ayer, Bermúdez sostuvo que "donde hay plata pública y recursos públicos, es necesario que haya control tanto interno que ellos deben tener, como externo y ahí entra la Contraloría. Nosotros acá lo que hicimos fue ejercer nuestras facultades. Pero es difícil ejercer esas facultades cuando el fiscalizado no quiere que lo controlen, y para evitarlo interpone una demanda en contra de la Contraloría".

Agregó que Codelco "entiende que no debería ser la Contraloría quien los controle. Ahí tenemos una disparidad (...)", dijo.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara y quien presidiera la Comisión Investigadora por eventuales irregularidades en la asignación de contratos en la División Salvador, Daniella Cicardini (PS); condenó la existencia de un eventual fraude y aseguró que en Codelco podrían haber más casos como este, que no han salido a luz.

Agregó que el Informe Final de la Comisión Investigadora que ella encabezó, se va a remitir al Ministerio Público, Contraloría y Consejo de Defensa del Estado.

Voz de Codelco

Ayer, la estatal emitió un comunicado en el que dijo que, concluidas las averiguaciones preliminares, se detectaron indicios de un eventual conflicto de interés por parte de Pizarro, el cual no fue declarado según lo establecen las normativas internas de la compañía. Además, anunciaron que el directorio decidió entregar los antecedentes recabados al Ministerio Público para que determine si se constituye alguna ilegalidad.

"Si se comprueba la ocurrencia de algún delito, Codelco lo condenará y perseguirá con fuerza las responsabilidades de todos y cada uno de los involucrados, sin importar de quién se trate", sostuvieron desde la cuprífera.

La causa se encuentra desde octubre en la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Oriente, y será liderada por el fiscal Jaime Retamal.

Paralelamente, Codelco se encuentra trabajando internamente para mejorar los estándares de transparencia. Así, este año alcanzaron el porcentaje más alto de licitaciones públicas de su historia, al llegar a 92%. Además, la utilización de otros mecanismos de contratación distintos a la licitación ¯como asignaciones directas¯ llegaron al 2%.

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