La candidata del oficialismo y la DC presentó la última versión de su programa de gobierno. Y si bien en los temas económicos mantuvo los ejes centrales en lo relacionado con políticas de empleo y regulación laboral junto con enfatizar algunas propuestas sumo otras.

En la introducción del plan dice que se propone “un conjunto de medidas que tienen como objetivo incentivar la contratación de trabajadoras y trabajadores, especialmente en aquellos segmentos más vulnerables; reducir brechas de género y disminuir barreras para su incorporación al mercado laboral; así como unificar y racionalizar la oferta e instituciones públicas relacionadas con el empleo. Nuestro desafío es que todas y todos puedan acceder a un trabajo decente”.

Una de las medidas que apunta a impulsar el empleo a través de la creación de una Agencia Nacional de Empleo que integre “el sistema actual, utilizando los recursos existentes y desarrollando una plataforma digital robusta, que permitirá atender empresas de todas las regiones, tamaños y sectores económicos, así como a personas trabajadoras de diferentes niveles de preparación”.

Otra política que apunta materializar el Subsidio Unificado al Empleo que hace más eficiente la política de empleo del Estado, al unificar y armonizar el Subsidio al Empleo Joven, el Bono Empleo a la Mujer, y el Subsidio Previsional a las y los Trabajadores Jóvenes.

En materias de cambios regulatorios, “se establece que actualizará la normativa para limitar el subcontrato en funciones del núcleo de la actividad de la empresa, como se practica hoy en la mayoría de las empresas del país.

Sobre este punto, Juan Bravo, director del OCEC-UDP, menciona que “sería necesario conocer más detalles concretos respecto a cómo se limitaría el régimen de subcontratación y la definición respecto a lo que se entiende como núcleo de la actividad de la empresa”.

En ese sentido, añade que “dependiendo del tipo de restricciones que se impongan podría eventualmente generar algún impacto negativo, sin embargo, si sólo se limita la subcontratación para actividades del giro directo o core business de la empresa la modalidad seguiría cumpliendo su objetivo primordial, que es permitir mayor eficiencia en la organización al delegar en terceros ciertos procesos que son necesarios para el desarrollo de sus actividades, pero que usualmente no forman parte de las tareas fundamentales de su giro directo”.

Cristián Duarte, gerente general de Transearch y exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, apuntó que “en el mundo en que vivimos la flexibilidad no es un deseable, es un imperativo, especialmente en industrias con procesos cíclicos como minería, construcción u otros. Estas medidas van en el sentido opuesto al del mundo y generarían dos efectos no deseables: desincentivo a la contratación formal e incentivo a la automatización y remplazo de mano de obra”.

Otra medida es la implementación de la jornada de 40 horas en el sector público. “En un marco de diálogo social, avanzar en el trabajo técnico entre el gobierno y la mesa del sector público en pos de lograr una propuesta de norma que equipare la extensión de la jornada del sector público con la del sector privado”.

Los expertos afirman que si avanza en una idea como esta se debe abordar el empleo público por completo.

“La forma responsable de hacerlo es junto con proponer reducir la jornada laboral, que implica modificar distintos estatutos administrativos, se debe reforma otros aspectos que son críticos, como por ejemplo, reformar el desarrollo de la carrera funcionaria, el sistema de calificación del desempeño, que el ingreso sea por mérito, flexibilizar las causales de salida de funcionarios y evaluar incorporar una indemnización por año de servicio para determinados casos de desvinculaciones, entre otros”.

Visión similar entrega Duarte, quien señala que “antes de reducir a 40 horas la jornada en el sector público me parece preciso introducir mediciones efectivas de la productividad y realizar los ajustes necesarios para garantizar la mejora continua en la eficiencia de sus servicios; sólo entonces pensar en reducir las horas a trabajar”.

Negociación ramal

Otro de los puntales del programa es la negociación multinivel o ramal. Para ello se enfatiza que se tomaran “distintas experiencias internacionales, como Alemania, Canadá e Irlanda muestran que, frente a los desafíos de las transformaciones tecnológicas del mundo del trabajo, los acuerdos entre empleadores y organizaciones sindicales pueden dar respuestas a las necesidades de reconversión laboral, que surgen permanentemente y fomentan la formación de capital humano avanzado, y constituir mecanismos efectivos para alcanzar acuerdos en materia salarial”.

En esta propuesta los expertos coinciden en no es recomendable impulsarla. “La negociación ramal existe en algunos países europeos, pero con realidades muy diferentes: países desarrollados y con altos niveles de productividad. Aplicar este modelo en Chile no va a la par con nuestra realidad en que existen enormes distancias entre pequeñas y grandes empresas”, plantea Duarte.

Mientras que Jones añade que “la negociación ramal ignora la profunda heterogeneidad de la matriz productiva. En Chile, las grandes empresas pagan salarios promedio que prácticamente duplican a los de las microempresas. Establecer condiciones uniformes por rama trasladaría estándares de las grandes compañías hacia las pymes, que son menos productivas y con menor capacidad de negociación”.

Para Bravo, lo primero que se debe esperar para poder analizar mejor esta medida es saber “concretamente los contenidos específicos de la propuesta y no sólo su titular. Por ejemplo, es relevante conocer si la propuesta contiene medidas amortiguadoras o cláusulas de escape. También es importante saber si no se modificarán otros aspectos de la legislación como los quórums para la formación de sindicatos y, por ende, los segmentos de trabajadores que efectivamente accederían a la negociación ramal en caso de implementarse”.

Dentro del programa se mantiene firme el llegar a los $750.000 mensuales, como ingreso vital en cuatro años aplicando distintos subsidios.

Tarifas de la luz y restricción a la UF

Dentro del programa económico se plantea que se reducirá en un 20% las tarifas eléctricas de los hogares. La Calificación Energética de Viviendas (CEV) será una cantidad de energía de carácter esencial garantizado a cada hogar, que alcanzará los 85 kWh mensuales por hogar, lo que equivale al umbral necesario para cubrir las necesidades eléctricas básicas de una familia promedio: iluminación, refrigeración, comunicaciones y consumos domésticos esenciales. Así, el Consumo Eléctrico Vital tendrá un precio rebajado, reduciendo en un 40% la tarifa de este bloque, asegura. Con esto, para un hogar con consumo promedio, la tarifa eléctrica se reducirá en un 20%.

“La disminución de la tarifa se logrará mediante un mecanismo de compras especiales de energía, que incluirá una licitación competitiva de suministro de corto plazo para abastecer el CEV, bajo un esquema de compra garantizada de la energía adjudicada. Este diseño permitirá obtener energía a precios competitivos y trasladarlos directamente a las familias para su consumo esencial, respetando plenamente los contratos vigentes”.

Como segundo tema extra laboral, se restringirá el cobro en UF en la salud, educación y arriendo de inmuebles, tal como a fines de la semana pasada lo planteó la propia candidata presidencial.

En este caso, según el programa, tampoco se permitirán las cláusulas que reajusten los precios, siguiendo a la inflación, en periodos menores a un año. De esta manera, “se protegerán los ingresos de las personas y se limitará la reajustabilidad a plazos razonables para una economía de baja inflación como la chilena”, indican.