Es el nuevo tema de “moda” que los candidatos presidenciales han relevado con fuerza de cara a las elecciones de fin de año. Con más o menos énfasis, con más o menos detalles en sus propuestas, el reducir la permisología para acelerar los proyectos de inversión ha sido un punto clave en los distintos seminarios y debates de los abanderados o de sus asesores.

Esta materia se hizo presente con más fuerza en el debate público a partir de mediados de 2023, y se incrementó cuando el gobierno ingresó su proyecto de ley para reducir la permisología en enero de 2024. Después de un año y medio esta iniciativa se aprobó y recientemente la Contraloría la visó, iniciando así un cambio que promete reducir los tiempos en la aprobación de permisos entre un 30% y un 70%.

La nueva ley comenzará a aplicarse por etapas y en un año debería estar completamente en régimen.

Distinta suerte ha corrido otra iniciativa del Ejecutivo que tiene como objetivo modificar la institucionalidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la que ha tenido una lenta marcha en el Congreso y que se prevé quedará ya para la próxima administración.

Los candidatos presidenciales, si bien en general valoran la reforma de los permisos sectoriales, consideran que no es suficiente para acelerar todo lo que buscan la inversión, por lo que han planteado cambios adicionales.

Comité de Ministros

Entre los que han entregado mayor información de qué es lo que piensan hacer al respecto, en caso de llegar en marzo de 2026 a La Moneda, está el asesor del candidato del Partido Republicano José Antonio Kast, Jorge Quiroz. “Citaremos al Comité de Ministros para que revise en un mes los US$7.000 millones que están a la espera de esa decisión”, dijo hace una semana y media en un seminario de Clapes-UC. Según el economista, “incluso si algunos de esos proyectos se objetan por distintas razones, en promedio se aprueba un 85%, por lo que hay US$6.000 millones que se pueden tener aprobados con su RCA en los primeros 30 días”.

Consultado por Pulso, Quiroz, reafirma que son US$7.000 millones los que están “con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, con un recurso de reclamación en trámite que debe ser resuelto por el Comité de Ministros. Esta cifra corresponde a los proyectos con reclamación en trámite, presentados como Estudio de Impacto Ambiental. La cifra proviene de la web del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental). Esa es la cifra de hoy (jueves) en la mañana”.

El economista explica que la demora se debe a que dicha instancia “sesiona poco, y cuando sesiona, no alcanza a ver todos los proyectos en la cola, porque los ministros están ocupados de otros asuntos. Esto está explícito en las Actas del Comité. Cito el acta de la sesión N° 2 del 2025: ‘teniendo los/las ministros/as otros compromisos agendados, el Comité resuelve postergar el conocimiento y la votación de la reclamación […] para la próxima sesión’“.

Esa forma de proceder es la que Quiroz promete cambiar: “En nuestro gobierno el Comité sesionará todo lo que sea necesario para resolver las reclamaciones en el plazo establecido, con máxima prioridad y debida rendición de cuentas”.

No obstante, en esta materia las cifras que el SEA envío a Pulso son distintas. De acuerdo a sus registros, actualmente están a la espera de revisión del Comité de Ministros 11 proyectos con reclamaciones pendientes de resolución. El monto de inversión asociado a estas iniciativas es de US$3.907 millones.

¿Cuáles son esos proyectos?: “Dos de los proyectos representan el 82% del monto total: Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví (US$2.000 millones, cuenta con RCA favorable) y la Extensión de la vida útil con Transición Hídrica de la Compañía Minera Zaldívar (US$1.200 millones, cuenta con RCA favorable). Debido a que se encuentran con RCA favorable, pueden seguir su tramitación de permisos y eventual construcción, ya que no existen suspensiones involucradas”, señalan desde el SEA.

En su análisis añaden que el proyecto más antiguo para revisión del Comité de Ministros fue admitido a trámite el 12 de agosto de 2024 y el resto fueron ingresados este año.

Iniciativas en el SEIA

Pero más amplio que el ámbito del Comité de Ministros, los proyectos que actualmente están en alguna etapa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son el foco central de las candidaturas presidenciales. Las tres principales según las encuestas, de José Antonio Kast, Jeannette Jara y Evelyn Matthei, tienen previsto acelerar sus procesos, aunque también el de los permisos no ambientales.

“El foco estará en una reforma profunda a la permisología. Haremos una revisión exhaustiva y derogación de todas las guías, instructivos o reglamentos que no apunten a cumplir los estándares definidos en ley; ingresaremos una ley corta ambiental para, entre otros, disminuir la discrecionalidad de los servicios evaluadores y agilizaremos la gestión con una Oficina en Presidencia. El objetivo es pasar de un sistema fragmentado y lento a uno ágil, coordinado, predecible y con plazos ciertos”, afirma el asesor económico de Matthei, Juan José Obach.

En este eje, la candidatura de Chile Vamos tiene mapeado dónde están los proyectos de mayor envergadura. De acuerdo al catastro que levantaron en base al registro del SEA, se encuentran principalmente en minería, energía, infraestructura y vivienda. “Son sectores estratégicos que concentran la mayor parte de la inversión en tramitación”, afirman.

Se trata de 137 proyectos y en total suman poco más de US$100 mil millones de inversión, donde siete de ellos concentran la mitad del monto y tres corresponden a proyectos de hidrógeno verde.

Entre los principales proyectos están H2 Magallanes, por US$16.300 millones; proyecto integral para la producción y exportación de amoniaco HNH ENERGY, por US$11.000 millones; INNA - Proyecto integrado de Infraestructura energética para la generación de hidrógeno y amoníaco verde, por US$10.000 millones; proyectos aguas marítimas, por US$ 5.000 millones; y puerto exterior de San Antonio, por US$ 3.500 millones.

Según explica Obach, “es factible de acelerar estos proyectos si se combinan cambios legales, administrativos y buena gestión. Ingresaremos al Congreso una ley corta ambiental, cambios a la Ley Lafkenche e impulsaremos una reforma profunda al CMN (Consejo de Monumentos Nacionales). En lo administrativo, avanzaremos en la digitalización de permisos, en todos los reglamentos de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, guías ambientales y otros reglamentos proinversión. En gestión, pondremos indicadores de cumplimiento de plazos y fortaleceremos los equipos evaluadores con gente técnica”.

Por su parte, el catastro que entrega Quiroz muestra que “hoy hay 449 proyectos en evaluación ambiental por un monto de inversión que supera los US$106 mil millones. Hay inversiones en hidrógeno verde por más de US$ 40 mil millones, US$ 30 mil millones en proyectos de energía, con US$ 14.000 millones en proyectos mineros”.

En la candidatura de Jara no tienen un catastro propiamente tal, pero en su programa también se ha puesto énfasis en que se acelerarán los trámites. Entre sus propuestas está el implementar la ley Marco de Permisos Sectoriales, y dicen que “haremos un segundo proceso de revisión para racionalizar y optimizar la obtención de permisos. Para ello constituiremos en el más breve plazo la nueva oficina para agilizar los procesos de inversión y se implementará la ventanilla única (para que titulares solo enfrenten dos ventanillas: SEA y Sectorial), que aumente la certeza, transparencia y trazabilidad sin afectar el estándar regulatorio que protege a las personas y al medio ambiente, y la tramitación paralela de autorizaciones en lugar de la actual regla secuencial”.

También proponen la creación de una Oficina Presidencial de proyectos estratégicos y articulación de la inversión privada y pública. “Identificaremos los proyectos estratégicos de desarrollo, en conjunto al sector privado”, aseguran.