El proyecto de reajuste para el sector público avanzó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pese a que la oposición solicitó votar el próximo lunes, el presidente de esta instancia legislativa, Boris Barrera, (PC) impuso su visión de votar en general para luego iniciar a revisar la iniciativa en los temas donde hay un mayor consenso.

Y así fue. La Comisión aprobó la idea de legislar, pero sin los votos de la oposición que se restó, ya que mantuvieron la idea de que era mejor comenzar el proceso una vez que expusiera el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) el próximo lunes, puesto que persisten las dudas por el financiamiento.

Es que precisamente el foco de discusión estuvo puesto en el costo y el financiamiento del alza salarial de 3,4% real que propone la iniciativa para los funcionarios fiscales. De acuerdo al proyecto, el gasto fiscal es US$1.775 millones en 2026 el cual a juicio de los legisladores de oposición solo tiene asegurado un financiamiento de US$660 millones, por lo que los US$1.125 millones restantes deben ser asumidos en base a reasignaciones.

Estos datos fueron refrendados por las presentaciones de la exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres y de la economista de LyD, Ingrid Jones.

La primera en exponer ante la comisión fue Torres quien expuso que según el Informe Financiero el costo del proyecto se ubica en los US$1.667 millones de los cuales sólo US$616 millones están contemplados en la Ley de Presupuesto 2026, por lo tanto, “la presión de gasto restante por US$1.051 millones no estaría considerada en la Ley de Presupuestos para el año 2026”, expresó la también académica de la Universidad San Sebastián.

A pesar de que en el informe también señalaba que la mayoría del gasto se financiaría con recursos contemplados en el subtítulo 21 correspondiente al “gasto en personal” en cada una de las partidas presupuestarias, más reasignaciones Torres también explicó que no es seguro confiarse de estos recursos dado el contexto de estrés fiscal.

Por su parte, Ingrid Jones, indicó que “el financiamiento asegurado representa un 37% del costo total de la ley. Esto significa que 2/3 de la ley no estaría financiada”, agregó.

Adicionalmente, la economista expresó su preocupación por el Informe Financiero que insta a, en caso de existir déficit en los recursos, el proyecto de ley se debe financiar con otros subtítulos de gasto o incluso con el Tesoro Público.

“Esto modifica además un presupuesto recientemente aprobado y traslada al próximo gobierno la carga de tomar decisiones que tendrán impacto fiscal y social, las que debieran ser conocidas, evaluadas y debatidas durante la tramitación legislativa”, agregó.

Por lo mismo, los diputados de oposición criticaron que se haya forzado a votar. “Estamos haciendo una irresponsabilidad. Vamos a hacer una muestra para dejar en la historia de la ley que este proyecto no está financiado. (...) El Gobierno de José Antonio Kast va a tener que reasignar presupuestos que aprobamos, sacar de ciertos lugares que la plata estaba asignada para ponerla acá”, dijo el diputado Miguel Mellado.

“Lamentablemente, el gobierno propone el próximo reajuste se financie con recortes de la ley de presupuesto que acabamos de aprobar”, dice el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien añadió que “es evidente que se cometió un error o simplemente no se quiso dar a conocer la realidad. Tenemos un déficit importante de recursos para poder pagar estos compromisos y queremos llegar con el gobierno a un acuerdo para ver cómo podemos lograr no recortar beneficios sociales aprobados recién en la ley de presupuesto y poder financiar los compromisos recién adoptados”.

En la sesión se aprobaron los artículos que generaron más consenso y quedaron para el lunes los temas más controvertidos, entre ellos, el alza salarial de 3,4% por su financiamiento y la norma de amarre. Se abrió un plazo para hacer indicaciones hasta el viernes a las 12 horas.

Las explicaciones de Grau

Ante las dudas de los parlamentarios, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó las fuentes de financiamiento.

Lo primero que menciona el ministro es que el gasto que irrogue durante el año 2026 a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público que corresponda para dicho año, se financiará con los recursos contemplados en el subtítulo 21 de sus respectivos presupuestos y, si corresponde, con reasignaciones presupuestarias de cualquier subtítulo de gastos, con excepción del servicio de la deuda pública, y en lo que falte con transferencias de la Partida Presupuestaria Tesoro Público”.

Asimismo, el ministro dijo que en el caso del subtítulo 21 se considera lo siguiente: holguras producto de la aplicación del art. 10 inciso cuarto de la Ley de Presupuestos 2026, que establece que sólo podrá reponerse uno de cada tres cupos liberados producto de retiro o jubilación (“regla 3x1”). Y holguras producidas por cambio de autoridades y sus equipos.”). Esto puede implicar un ahorro de $220.000 millones.

Se detalló que, a diferencia de leyes de presupuesto pasadas, esta vez se separó la “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, que contiene $920.761 millones. En este punto Grau explicó que de esta provisión vienen los recursos para el financiamiento del costo del reajuste.