El proyecto de reajuste para el sector público retomó su trámite legislativo en la Comisión en la Hacienda de la Cámara de Diputados. El foco de discusión estuvo puesto en el costo y el financiamiento del alza salarial de 3,4% que propone la iniciativa para los funcionarios fiscales. También se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, reforzando el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables”.

El costo fiscal del proyecto es de US$1.775 millones en 2026; US$1.275 millones en 2027 y de US$1.270 millones en régimen. De acuerdo al proyecto, este mayor costo deberá ser financiado por el subtítulo 21 o bien reasignaciones.

Precisamente este hecho fue lo que generó las dudas de ellos parlamentarios de la oposición quienes afirman que en el gobierno no incluyó el “inflactor” en los recursos provisionados para financiar estos mayores costos.

Un “inflactor” (o factor de actualización) es un porcentaje aplicado a valores económicos, como tarifas sanitarias o presupuestos, para ajustarlos a la inflación y mantener su valor real a lo largo del tiempo,

Así ante las dudas de los parlamentarios, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó las fuentes de financiamiento.

Lo primero que menciona el ministro es que el gasto que irrogue durante el año 2026 a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público que corresponda para dicho año, se financiará con los recursos contemplados en el subtítulo 21 de sus respectivos presupuestos y, si corresponde, con reasignaciones presupuestarias de cualquier subtítulo de gastos, con excepción del servicio de la deuda pública, y en lo que falte con transferencias de la Partida Presupuestaria Tesoro Público”.

Asimismo, el ministro dijo que en el caso del subtítulo 21 se considera lo siguiente: holguras producto de la aplicación del art. 10 inciso cuarto de la Ley de Presupuestos 2026, que establece que sólo podrá reponerse uno de cada tres cupos liberados producto de retiro o jubilación (“regla 3x1”). Y holguras producidas por cambio de autoridades y sus equipos.”). Esto puede implicar un ahorro de $220.000 millones.

Se detalló que, a diferencia de leyes de presupuesto pasadas, esta vez se separó la “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, que contiene $920.761 millones. En este punto Grau explicó que de esta provisión vienen los recursos para el financiamiento del costo del reajuste.

Pese a esta explicación, los parlamentarios de la oposición no quedaron conformes y por lo mismo pidieron invitar al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para que entregue su visión al respecto. La cita quedó agendada para el próximo lunes.

Este hecho generó un debate entre el presidente de la Comisión, Boris Barrera, (PC) quien propuso votar en generar durante la jornada de hoy, al término de las audiencias. Sin embargo, esa postura no fue apoyada por los diputados de la oposición quienes le propusieran esperar a la exposición del CFA antes de iniciar la votación.

Dada esta discrepancia, Barrera dijo que “se seguirá conversando” durante el día para ver si finalmente se vota hoy en general o bien queda para el lunes.