El proyecto de ley de reajuste para el sector público comenzó su segunda etapa legislativa. La Comisión de Hacienda del Senado recibió la presentación del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien entregó los lineamientos de la iniciativa luego que el miércoles fuera despachada por la Cámara de Diputados.

En lo central, los diputados aprobaron el reajuste de remuneraciones a funcionarios del sector público de 3,4% nominal gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026. Con esta alza, el costo fiscal del proyecto es de US$1.775 millones en 2026. De ese total, el CFA advirtió que de ese total US$822 millones no tenían financiamiento claro, por lo que debería utilizarse reasignaciones o holguras fiscales.

También se aprobó la norma que posterga el reavalúo de propiedades no agrícolas desde enero del 2026 a enero del 2027. Y la extensión del teletrabajo hasta 2028 -para servicios del gobierno central, universidades y centros de formación técnica del Estado, entre otros.

También se aprobó la norma que establece que los funcionarios de confianza que se desempeñan en los gabinetes de Presidencia, ministerios y otras autoridades, deben renunciar antes del 11 de marzo de 2026, entre otros.

La que no tuvo la misma suerte fue la conocida como “norma de amarre”, la que se rechazó. Si bien el gobierno ingresó una indicación para modificar los años en que los trabajadores a contrata pueden ir a reclamar un despido que consideren injustificado.

En la iniciativa original se planteaba que a los 2 años de contrata ameritaba poder ir a la Contraloría a realizar el reclamo. Ahora, ese plazo se subió a 5 años. Esa indicación no prospero, ya que el oficialismo rechazó la indicación y aprobó la idea original de mantener en 2 años la confianza legitima. Esto generó el rechazo de la oposición que se hizo valer en la sala de la Cámara.

Tampoco avanzaron las normas que permitían a correos de Chile habilitar la prestación de servicios logísticos por medios físicos, digitales o híbridos y para que Enap participe directa o indirectamente, en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, combustibles renovables, sintéticos y otros vectores energéticos, a lo largo de toda su cadena de producción, logística y comercialización.

En la Comisión de Hacienda, el ministro Grau notificó que repondrán los artículos rechazados incluida la conocida “norma de amarre”.

Entre los parlamentarios de oposición existe coincidencia en que no se aprobara esa norma, pero sí el alza del reajuste salarial.

Uno de ellos es el senador de la UDI, David Sandoval quien dijo que “el proyecto es razonable, pero todo lo relacionado al amarre en el Senado no va a prosperar”.

Misma visión entregó la senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón (Demócrata). ⁠“Es de contra lógica que este gobierno pretenda dejar amarradas ciertas normas y asegurando el puesto a algunas personas cuando están de salida”, fustigó la senadora Rincón.

Para la legisladora, “la costumbre es que cuando un gobierno llega, trae a su personal de confianza y designa los cargos, y cuando ese mismo gobierno se va, esas personas también deben poner el cargo a disposición de las nuevas autoridades”, aseguró.

Por su parte el senador socialista, José Miguel Insulza, espera positivamente la próxima sesión que se llevará a cabo el lunes 19 de la siguiente semana. Si bien no quiso referirse respecto al presupuesto, asegura que cree que es posible llegar a consenso.

Falta de presupuesto

En relación a los US$822 millones advertidos por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que faltarían para financiar por completo el proyecto del Gobierno, el senador gremialista, David Sandoval, aseguró que la Administración actual “se ha caracterizado por el mismo tema. Falta de información de calidad, veraz y creíble; ese es el problema que ha tenido este gobierno”.

Si bien, el Ejecutivo ha aclarado que busca financiar los recursos restantes a través de reasignaciones, las críticas no han cesado: “Sin duda, creemos que el gobierno está al debe con explicar de dónde sacarán los recursos. Ya hicimos este punto en la discusión presupuestaria, en donde insistimos en que no estaban provisionados los mismos, y el tiempo nuevamente nos ha dado la razón. Aquí se está jugando con la credibilidad y la responsabilidad fiscal del Estado, pero también con la expectativa de miles de trabajadores del sector público”, declaró la senadora Rincón.

Discusión por el incentivo al retiro

Durante la sesión se discutió respecto al Plan de Incentivo al Retiro Voluntario, que son transferencias del Estado que implican el cese de funciones de empleados públicos que tengan más de 75 años. Si bien tiene excepciones, fue cuestionada por el senador Insulza: “La fijación de edad para el retiro de las personas atenta contra el tratado suscrito por el Estado de Chile, que es específico diciendo que la discriminación de edad no cabe”.

“Lo he dicho mil veces”, replicó la presidenta de la comisión, “no podemos limitar a las personas por su edad, creo que es discriminatorio completamente”, aseguró frente al límite etario que plantea la normativa. Asegurando que da “pie” a reclamos internacionales.

Para el senador Sandoval se trata de “edadismo”: “Hay personas que perfectamente pueden cumplir sus labores en plenitud. Esta es una norma que va a sentir una fuerza de restricción. Entiendo la necesidad de renovar la estructura, la compartimos, pero debe ir acompañado de un adecuado sistema de retiro para compatibilizar ambas cosas”, aseveró.