La noche del 30 de abril -horas antes del feriado del 1 de mayo- el Ministerio de Energía dio a conocer que el proceso iniciado por el gobierno de Gabriel Boric para revocar la concesión de Enel se cerraba.

“Es algo que nos parece importante dar a conocer a la ciudadanía y cerrar este proceso”, sostuvo la jefa de la cartera, Ximena Rincón, al día siguiente. El proceso estaba a la espera de la resolución procesos pendientes en tribunales, tal como lo había informado el gobierno con anterioridad.

Sin embargo, el ministerio dijo que cualquiera fuese la resolución de los tribunales, la decisión del proceso de caducidad se mantiene inalterada.

Consultada por Pulso, la superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabeza, afirmó que, dentro de las opciones de los tribunales, está la de abrir el proceso otra vez. Aunque destacó que “en todos los casos, el cumplimiento de la empresa es de acuerdo a la norma técnica”.

En particular, son dos causas del 2024 alojadas en la Corte de Apelaciones de Santiago, vinculadas a las multas que recibió la eléctrica por los apagones de agosto de ese año. El negocio de distribución de Enel, según se detalla en sus estados financieros a 2025, alcanza una zona de concesión de 2.105 km², abarcando 33 comunas de la Región Metropolitana.

Al principio se argumentó que el proceso estaba detenido por la arista judicial. Recientemente, se informó que pese a eso, la caducidad no va. ¿Se tornó político el procedimiento?

- Nosotros estábamos esperando que se resolviera, pero una carta de la nueva autoridad nos pide formalmente el informe. Les enviamos el estado del informe, en nada cambió, solo que pudiéramos haber seguido esperando que se dilucidara la disputa en tribunales.

Este estudio no se podía hacer -para cerrar el año 2025- si es que no teníamos los datos, por ejemplo, para algunos de los indicadores, y estos los proporciona la industria hasta febrero para cerrar el año anterior. Por lo tanto, a fines de febrero estuvieron los insumos para cerrar el año 2025. Antes de eso no teníamos los datos para cerrar.

¿El tema está cerrado, o si el tribunal decide otro punto, se puede abrir otro proceso?

- Tenemos que ver lo que decide. Podría ser abrir los procesos nuevamente, mantener como está o alguna otra decisión del tribunal. En todos los casos, el cumplimiento de la empresa es de acuerdo a la norma técnica.

¿Cómo se decidió internamente no revocar la concesión de caducidad de Enel?

- Hay que distinguir dos situaciones. Una, es quien hace un estudio para evaluar la calidad de servicio, calidad de suministro, calidad de producto comercial de las empresas; eso es un estudio que hace la SEC. La SEC hace ese estudio con la norma técnica calidad de servicio, con la Ley General de Servicios Eléctricos. Entonces, es pasar todos los índices y ver si cumple o no cumple la empresa.

En el caso del estudio de Enel, tomamos un tramo de cinco años, porque uno podría decir: necesito un espectro de tiempo para ver el comportamiento de la empresa.

Esa es una cosa, es un estudio que tiene una parte del mes de agosto judicializada; sin embargo, en todos los otros KPI de todos los años y meses que no tienen que ver con ese agosto, la empresa podría ser un alumno que tuvo buenas notas, salvo en esa nota que se está discutiendo en tribunales. La superintendencia dijo que entre 18 meses aproximadamente iba a tener un primer informe.

El segundo ámbito es una decisión del presidente anterior de pedir el estudio de la caducidad, que es una prerrogativa presidencial, cuando a nosotros el ministerio nos pidió iniciar los estudios. Al llegar la nueva ministra nos pidió en qué estaba ese estudio, y ese estudio es el que nosotros entregamos, con la salvedad de que hay una parte que está judicializada.

Sin embargo, recordemos que el estudio de una concesión se hace como base en el espíritu de la ley, que es ver si hay una distribuidora, una empresa del sector que no esté cumpliendo los estándares: que no responda a sus clientes, que tenga la infraestructura en el suelo, que no dé el servicio, que uno no los pueda ni contactar. Y ese es el caso en que nosotros evaluamos que estaba cumpliendo los estándares de la normativa esos cinco años, con la salvedad del mes de agosto, porque debe dilucidarse en tribunales.