El Servicio de Impuestos Internos (SII) resolvió ampliar la querella que interpuso en contra de los imputados principales del fraude que sufrió el factoring Primus Capital. Este martes el SII presentó una nueva acción penal ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago en la que detalla millonarios traspasos de fondos entre cuentas bancarias de los acusados y la compra de cuantiosos bienes inmuebles y automóviles de lujo, como un Lamborghini Aventador.

Esta ampliación de querella apunta a Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán, exgerente general de Primus Capital, exgerente comercial, técnico en cocina y abogado, respectivamente. Todos ellos hoy se encuentran en libertad, pero con medidas cautelares, y están imputados por diversos delitos, entre ellos: estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado falso, delitos informáticos y lavado de activos.

En el escrito el SII señaló que, a partir de nuevos antecedentes obtenidos durante la etapa de investigación, se ha logrado establecer que los querellados durante los periodos tributarios comprendidos entre 2020 y 2023, y en el caso de Ignacio Amenábar, además en 2024, habrían subdeclarado sus ingresos en sus respectivas declaraciones anuales de renta, presentando formularios N° 22 maliciosamente falsos o incompletos, lo que se tradujo en el pago de una menor suma por concepto de Impuesto Global Complementario respecto de la que efectivamente les correspondía enterar en arcas fiscales.

Del mismo modo, indicó que de los antecedentes recabados en la investigación penal se logró determinar que Francisco Coeymans, Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán, omitieron presentar sus declaraciones de renta correspondientes al período tributario 2024, pese a encontrarse legalmente obligados a ello, por haber percibido diversos tipos de ingresos que exigían dicha declaración, necesaria para la correcta determinación del Impuesto Global Complementario que debían pagar.

De acuerdo al SII, en conjunto estas maniobras defraudatorias ocasionaron un perjuicio fiscal que, actualizado a marzo de 2026, asciende a $5.407 millones. De este monto total, el mayor detrimento fue provocado por Guzmán Neira ($2.497 millones), seguido por Amenábar ($1.541 millones), Rivadeneira ($1.127 millones) y Coeymans ($241 millones).

Caso a caso

Según detalla la ampliación de la querella por delitos tributarios, los imputados concretaron millonarias adquisiciones de vehículos de lujo y propiedades durante los últimos años. El documento revela que Francisco Coeymans adquirió siete vehículos por un monto total que asciende a $567.397.833, operaciones registradas durante los años tributarios 2020, 2021, 2023 y 2024. Por su parte, Ignacio Amenábar sumó a su patrimonio tres bienes raíces entre 2016 y 2024, compras que fueron financiadas a través de créditos hipotecarios.

Las adquisiciones también se extendieron a los demás querellados. Marcelo Rivadeneira registró la compra de tres vehículos durante los años comerciales 2022 y 2023, desembolsando un total de $62.113.731.

Sin embargo, uno de los movimientos patrimoniales más llamativos que describe la acción penal es el realizado por una sociedad vinculada a Antonio Abraham Guzmán Neira: durante el año comercial 2020, la firma adquirió un vehículo deportivo Lamborghini, modelo Aventador Coupé 6.5. A esto se suma que, entre los años comerciales 2021 y 2022, dicha sociedad compró una decena de bienes raíces por un monto conjunto que supera los $1.355 millones.

Descargos

Frente a la querella, Antonio Guzmán señaló a Pulso: “Nos sorprende la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos, en primer lugar porque recientemente, con fecha 29 de abril, me citaron de fiscalización del propio SII a justificar los supuestos ingresos no declarados que le sirven de base para esta acción”.

Así, sostuvo, “por una parte el SII me pregunta en sede administrativa a qué conceptos corresponden los montos que existen en mi cuenta corriente, pero en la querella habla de ingresos que representan utilidades, beneficios e incrementos de patrimonio percibidos, si esto aún no ha sido determinado por ellos mismos”.

“Me sorprende la poca coordinación que existe dentro de la propia institución, donde el área de fiscalización me cita a explicar mis ingresos a fin de determinar si son préstamos u otros conceptos que no constiituyen renta, pero luego en el área penal de dicha institución dicen que son incrementos patrimoniales. Claramente faltó comunicación entre ambas áreas de dicha institución”, agregó.

“Finalmente, nosotros concurriremos en la sede de fiscalización del SII a efectos de acreditar que todos los montos por los cuales se nos consultan no corresponden a ingresos o utilidades, ni menos aún a un incremento patrimonial, y que solo corresponden a préstamos e ingresos no constitutivos de renta, por tanto, la querella interpuesta carece de todo tipo de sustento legal y nos parece que tiene solo un rol instrumental. Tanto es así, que es el propio Primus quien interpuso demandas civiles por la devolución de dichos préstamos”, concluyó.

Ignacio Amenábar señaló que “el SII me envió un correo el 29 de abril del presente año, solicitándome información de mis ingresos del periodo analizado. Sin embargo, no he podido avanzar de manera eficiente, debido a que el banco me cerro hace años mis cuenta corrientes sin previo aviso. En todo caso, ya solicité mis cartolas para poder estudiarlas y cotejarlas con lo que el SII indica”.

“Dentro de los próximos días presentaré una solicitud de prórroga de plazo al SII para contestar a esta solicitud, ya que sin contar con esos antecedentes, me es difícil poder estudiar y explicar los movimientos cuestionados.

En cuanto a la adquisición de la casa ubicada en Lo Barnechea, esta fue financiada con un crédito hipotecario por 40.000 UF, y un el pie de 10.000 UF que fue financiado con la venta de una propiedad adquirida con anterioridad, por la que recibí alrededor de 11.500 UF, por el pie pagado por ella, revalorización y amortización del crédito hipotecario respectivo. Todo lo relacionado a las propiedades adquiridas por mi en el periodo estudiado no tienen nada de irregular y las financie con créditos hipotecarios.

Dijo que: “Prácticamente todos de los ingresos que el SII cuestiona corresponden a préstamos obtenidos con las entidades mencionadas en la demanda, los que se encuentran debidamente respaldados con documentos notariales y no pueden ser considerardos como utilidades o ingresos afectos a impuesto”..

Contactados los otros imputados, no hubo respuestas al cierre de este artículo.