Este miércoles el Senado aprobó el proyecto “sobre el uso de agua de mar para desalinización” ingresado en enero de 2018. Tras ocho años de tramitación el proyecto queda listo para ser promulgado. Lo que hace principalmente la iniciativa es establecer los criterios que regirán los proyectos de desalación, generando una Estrategia Nacional de Desalinización.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, sostuvo tras la aprobación que “Chile da un paso clave en seguridad hídrica. La aprobación de la Ley de Desalación abre una oportunidad para impulsar una industria que será estratégica en las próximas décadas. Desde el MOP tendremos la responsabilidad de elaborar su reglamento y la Estrategia Nacional de Desalinización: una tarea clave para dar certezas, promover la inversión y reconocer el rol de la iniciativa privada en el desarrollo de esta industria”.

Justamente, ahora el proceso que viene dice relación con la elaboración de la estrategia y los reglamentos que regularán la construcción de las desaladoras, a lo que también se suman los procedimientos de evaluación y entrega de concesiones especiales.

La aprobación, apunta la gerente de regulación de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), Camila Astorga, es “sin duda, un hito en nuestro país para la seguridad hídrica. Y es que el apoyo transversal al proyecto y a las enmiendas de la cámara votadas en su gran mayoría por unanimidad en el Senado consolidan la desalinización como una política de Estado”.

La nueva ley regulará, entre otros aspectos, el procedimiento para la entrega de concesiones o destinaciones marítimas especiales de desalinización. Y con ello, su ejercicio, su fiscalización, eventuales sanciones, la renovación, caducidad y término.

La ejecutiva añadió que “esta nueva normativa establece un marco claro que favorecerá el desarrollo de proyectos y dinamizará la inversión en infraestructura hídrica multipropósito, con beneficios para las distintas regiones, procurando, además, abastecer a las comunidades cercanas a los proyectos”.

La nueva ley será una herramienta para impulsar una serie de proyectos de desalación. Bajo un catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) y Acades, la normativa aprobada beneficiará inversiones por más de US$20 mil millones.