El país debe realizar una corrección y ser capaz de implementar una política fiscal efectiva, plantea Constanza Pérez Aquino, directora en el equipo de Calificaciones Soberanas de S&P, tras ser consultada con posterioridad a la publicación del déficit fiscal estructural de 3,55% del PIB (unos US$13.200 millones) en 2025.

El dato implicó un desvío de más de dos puntos respecto de la meta original de 1,1% planteada en la Ley de Presupuestos 2025 y superior al 2,2% del informe del tercer trimestre.

Con anterioridad, el informe de ejecución presupuestaria del cierre del 2025 exhibió un déficit fiscal efectivo de 2,8% del PIB.

Con este telón de fondo, Pérez Aquino plantea que “la consolidación fiscal es un supuesto fundamental que sustenta la calificación crediticia de Chile de ‘A’ con perspectiva Estable, incluyendo una gestión cautelosa de los ítems bajo la línea (como préstamos, créditos con aval del Estado, capitalización de empresas públicas) que impactan los niveles de deuda y han ganado relevancia en los últimos años”.

“Si bien la deuda soberana de Chile sigue siendo moderada, su tendencia al alza ha repercutido en rebajas de la calificación en los últimos diez años”, agrega, consultada por Pulso.

En esa línea, sostiene que “si bien nuestra evaluación de la calificación se centra en los resultados efectivos, el déficit fiscal cíclicamente ajustado de Chile subraya la necesidad de una corrección fiscal. Aunque las reglas fiscales no son un determinante primario de la calificación, sirven como una señal importante del compromiso institucional".

Para Pérez Aquino, “la capacidad para implementar una política fiscal efectiva, más allá del claro compromiso institucional del país, será fundamental para estabilizar la deuda y así proporcionar a Chile la flexibilidad necesaria para afrontar futuros choques económicos y mantener su calificación soberana".

“El contexto externo favorable presenta una oportunidad para avanzar con esta agenda”, sostiene la directora en el equipo de Calificaciones Soberanas de S&P.

La preocupación la S&P se suma a los planteamientos presentados con anterioridad por las otras clasificadoras de riesgo que ponen nota a la situación fiscal del país.

Jordy Juvera, director de Fitch Ratings, había señalado a Pulso que “el déficit estructural de 3,6% del PIB representa el reiterado incumplimiento de la meta de balance estructural con una desviación importante respecto al 2,2% esperado”.

Además, Juvera apuntó que si bien la deuda de Chile se mantiene por debajo de sus pares, “para mantener anclada la calificación en ‘A-’/Estable en el mediano plazo es importante restaurar la credibilidad en la política fiscal e incrementar la confianza alrededor del objetivo de estabilización de la deuda en el mediano plazo, para así preservar la fortaleza del marco macroeconómico e institucional”.

Por su parte, Kathrin Muehlbronner, senior Vice President, Soberanos, de Moody’s Ratings, sostuvo a Pulso que la nota de riesgo del país dependerá de la acción de la próxima administración: “Para la dirección futura de la calificación soberana, la política fiscal del nuevo gobierno será importante, así como los esfuerzos de acelerar la inversión”.

Junto con ello, expuso que “el déficit estructural del año pasado ha sido mucho más elevado que el esperado, y en este sentido es una sorpresa negativa. Al mismo tiempo, el déficit en términos nominales fue más moderado a 2,8% del PIB, que es la cifra de nuestro enfoque cuando comparamos Chile con otros países”.