El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) acaba de advertir que no se puede seguir postergando el freno al deterioro de las finanzas públicas.

En 2010 la deuda bruta del gobierno era de 10% del PIB y desde entonces ha venido creciendo sistemáticamente. Lo más notable es que lo ha hecho a una velocidad muy pareja, tanto en los años buenos, que son relativamente pocos, como en los de crisis, y así nuestra deuda bruta ha llegado al 41,7% del PIB, gastando de paso la mitad de los activos financieros del gobierno.

El mensaje es claro: no podemos seguir haciendo más de lo mismo, ya que de lo contrario subirá la carga de intereses para el Fisco y quedaremos cada vez más vulnerables a choques adversos.

La respuesta del gobierno ha sido mixta: ha hecho un gesto político importante al reconocer que el problema existe y ha designado una comisión externa para que identifique dónde hacer recortes. Por otra parte, el anunciado plan de ajuste es muy insuficiente, y más de la mitad recae en un cambio en la meta, lo que en rigor no es un ajuste.

Esto significa que el esfuerzo fiscal será responsabilidad de las futuras autoridades de gobierno, por lo que hay que estar atentos a las señales de los candidatos presidenciales en esta materia. Siempre es complicado hablar de ajuste fiscal cuando se quiere ganar una elección, salvo cuando se está en una crisis extrema como ocurrió en Argentina. Pero, por otro lado, también es difícil gobernar bien cuando se hacen promesas que no se cumplen. Basta mirar en casa.

¿Qué hacer para prevenir que la situación fiscal sea crítica? La propuesta del CFA es buscar un gran acuerdo en torno a este tema, algo difícil en un período electoral y con una fragmentación brutal de los partidos políticos. Pero si se consigue, bienvenido sea. Sería sin duda un gran punto de partida.

Si ello no ocurre, el nuevo gobierno tendrá que hacer un ajuste “en la medida de lo posible” y para eso hay que pensar en medidas marginales, pero persistentes, que vayan revirtiendo la tendencia gradualmente.

Para hacer ajustes permanentes en el gasto se debe frenar el crecimiento en dos ítems que son cerca del 60% del gasto del Gobierno General: personal (7% del PIB) y transferencias (7,1% del PIB). Adicionalmente, habría que revisar los resultados de las empresas públicas, ya que sus déficits eventualmente podrían derivar en mayores aportes de capital del Fisco.

Los gastos en personal del Gobierno General han venido creciendo a un ritmo promedio del 9,2% real anual en los últimos 10 años. Cuando la economía crece entre 2% y 3% al año, no hay presupuesto público que resista y esto tiene que cambiar.

Para eso habría que moderar los aumentos en remuneraciones de los empleados públicos. Un estudio reciente de la UDP muestra que los trabajadores del sector público ganan un 14% más que sus pares con calificaciones y experiencia equivalentes en el sector privado.

Además, se debe actuar sobre la cantidad de trabajo en el sector público, revirtiendo la tendencia en contrario que vemos en municipios que cierran los viernes después de la hora de almuerzo, o cuando la Corte de Apelaciones de Santiago redujo la jornada laboral de los Juzgados de Policía Local en tres horas diarias, como si no hubiera atrasos en tribunales.

También se puede frenar el aumento del número de trabajadores, justo al revés de lo que trae el proyecto de reforma al Consejo de Monumentos Nacionales (símbolo de los absurdos en permisología), que contempla un fuerte aumento de dotación de varias decenas de personas, en lugar de mejorar su gestión.

En las transferencias, es evidente que se pueden introducir mejoras. Lo muestran las licencias médicas fraudulentas con vacaciones pagadas en el extranjero que son solo la guinda de una torta mucho más grande.

En las empresas públicas hay que reflotar y reforzar los procesos de evaluación social de proyectos. No puede ser que se gasten miles de millones de dólares en proyectos “estrella” que aportan poco y nada al bienestar de las personas.

Chile no es un país rico y no puede darse el lujo de mantener la inercia en la gestión de los gastos públicos. Más vale actuar ahora, con la cabeza fría y planificando ajustes razonables, antes que tener que entrar con motosierra en medio de una crisis.