Donald Trump no olvida ninguna de sus promesas de campaña. Aprobada su masiva rebaja de impuestos, el mandatario ya tiene en la mira su próximo objetivo: un plan de infraestructura de US$1 billón (millón de millones), que estaría en los últimos ajustes para ser presentado en las primeras semanas de 2018.

El 18 de diciembre pasado, Trump no dudó en aprovechar el descarrilamiento de un tren en el Estado de Washington para anticipar lo que está por venir. "El accidente ferroviario en DuPont (Estado de Washington) muestra más que nunca por qué nuestro plan de infraestructura que pronto se presentará debe aprobarse rápidamente", dijo el Presidente.

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El hecho de que el descarrilamiento ocurriera en un tramo recientemente reparado, en un proyecto que costó US$181 millones, fue un detalle poco relevante para el punto que quería defender el mandatario, quien reiteró sus intenciones cuando firmó la ley de reforma fiscal.

El asunto para el Jefe de Estado es crucial. Después de todo, se trata de una de las propuestas fundacionales de su exitosa campaña. En mayo de 2015, cuando nadie se tomaba muy en serio su postulación, aseguraba en twitter: "El único que puede arreglar la infraestructura de nuestro país soy yo. Caminos, aeropuertos, puentes. Sé cómo construir".

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Ya en tierra derecha, como único candidato republicano, el proyecto fue modelado por Wilbur Ross, ahora secretario de Comercio, y Peter Navarro, director del Consejo de Comercio Nacional de EEUU, en el marco de un plan que también tiene por objetivo estimular el crecimiento económico.

Detalles en discusión

Pero el anuncio de enero sería distinto a lo delineado en octubre de 2016. Según trascendidos de la Casa Blanca, la propuesta actual consideraría un gasto de sólo US$200.000 millones durante la próxima década, con la esperanza de que los US$800.000 restantes provengan de fondos estatales y locales, sobre los cuales el mandatario no tiene autoridad alguna, o la inversión privada.

En un año de elecciones parlamentarias, la propuesta gubernamental estará bajo la lupa de los demócratas, que ya han señalado que consideran baja la suma de US$200.000 millones, mientras que funcionarios de gobierno aseguran que esto se trataría más de un piso que de un límite.

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De hecho, tienen considerada una fórmula para alcanzar el US$1 billón prometido. Pretenden otorgar créditos fiscales al sector privado para respaldar proyectos de esta naturaleza y recompensar a ciudades y estados que aumentan sus propios ingresos para la infraestructura.

Sin embargo, esta solución tampoco le agrada a la oposición. No ven con buenos ojos, por una parte, la asociación público-privada temerosos de que conduzca a más formas de peaje y, por otra, que los incentivos a ciudades y estados se transforme en una forma de delegar las responsabilidades que hoy son del gobierno central.

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"Pocos fuera de la administración realmente saben qué va a haber en el plan del presidente, si incluirán disposiciones muy controvertidas o cómo se pagará", señaló el senador demócrata Bill Nelson. "Desafortunadamente, en el último tiempo no ha habido mucho bipartidismo", agregó.

Un rechazo transversal de la oposición en el senado podría complicar los planes de Trump, más aun considerando que el balance de fuerzas en la cámara alta se ajustó tras el triunfo de la oposición en Alabama, que justamente hoy fue impugnado.