A poco más de tres años de iniciado el mandato del presidente Gabriel Boric, su administración ha avanzado en diversos frentes, incluyendo educación, seguridad, pensiones y salud.

Sin embargo, uno de los pilares más ambiciosos y simbólicos de su programa de gobierno, el compromiso con la ciencia, la transición ecológica justa y la acción climática, permanece con varios puntos pendientes.

¿Cuánto se ha cumplido realmente? ¿Cuáles promesas aún esperan su realización? Examinamos en profundidad el cumplimiento del plan original del gobierno de Apruebo Dignidad en las áreas de medioambiente y ciencia, contrastando promesas con hechos.

El Chile prometido: un país verde, justo y con ciencia al centro

Desde la campaña de 2021, Gabriel Boric se presentó como el primer presidente ecologista de la historia chilena. El Plan de Gobierno Apruebo Dignidad 2022–2026 no dejó dudas: más de 30 propuestas vinculadas a la crisis climática, la biodiversidad, el cuidado del agua, la energía y la inversión en ciencia y tecnología fueron destacadas.

La narrativa era clara: el cambio climático no era una preocupación periférica, sino una urgencia que debía atravesar todas las decisiones del Estado.

Entre las medidas más destacadas estaban la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la promulgación de una Ley Marco de Economía Circular, una profunda reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el fortalecimiento del Ministerio de Ciencia y el compromiso de aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología al 1% del PIB.

A ello se sumaban promesas de descarbonización acelerada, participación ciudadana ambiental, y una nueva institucionalidad para la adaptación climática.

Propuestas cumplidas: avances concretos

A pesar de las dificultades propias del contexto postpandemia, y del escenario político complejo con un Congreso dividido, el gobierno de Boric ha logrado avances en algunas de las propuestas plasmadas en su programa como candidato al sillón presidencial.

La Ley Marco de Cambio Climático, por ejemplo, promulgada en junio de 2022, estableció por primera vez un marco legal robusto para la acción climática del Estado. Esta ley fija la meta de alcanzar la carbono neutralidad antes de 2050 y obliga a los ministerios a elaborar planes sectoriales de mitigación y adaptación.

Asimismo, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), fue uno de los compromisos ecológicos centrales del programa. Si bien el proyecto de ley fue ingresado en 2014, éste fue promulgado y publicado en el Diario Oficial durante septiembre de 2023.

La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas considera el traspaso de todas las áreas protegidas administradas por Conaf a la nueva institución, junto con sus recursos financieros y de personal, salvaguardando sus derechos laborales. También fue promulgado el Sistema Nacional de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre.

Además, se promulgó un proyecto de ley que declaró a la leña como combustible, una política orientada al uso responsable de este material calificado, incluyéndolo así a la cadena productiva.

Otra de las iniciativas ejecutadas durante esta administración apunta a la esperada reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para hacerlo consistente con las obligaciones que impone la Ley Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú, que ratificó al inicio del periodo presidencial. Este reglamento fue publicado mediante Decreto Supremo (DS 30/2023) y publicado en el Diario Oficial en febrero de 2024.

Eso sí, según cifras del Servicio de Evaluación Ambiental, en los últimos diez años la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental pasó de 547 a 995 días en promedio, un alza del 82%, debido principalmente a mayores exigencias normativas, más impugnaciones y una creciente judicialización, lo que ha generado incertidumbre para la inversión.

Otro avance sustantivo fue el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio, presentada en abril de 2023. Aunque la creación de la Empresa Nacional del Litio aún está pendiente, se han iniciado procesos de exploración con empresas públicas como Codelco y Enami, y se han firmado acuerdos con comunidades en el Salar de Atacama. Este enfoque apunta a una explotación sostenible y con valor agregado.

De las propuestas incumplidas o pendientes, destaca la Ley Marco de Economía Circular y Gestión de Residuos, que pretendía profundizar el marco normativo que hoy entrega la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, al incorporar el enfoque de ciclo de vida.

También está pendiente la propuesta de crear un Sistema Integrado de Observación del Océano, el cual pretendía mejorar la comprensión y capacidad de predicción de los cambios ambientales y la adaptación al cambio climático.

“En el caso de los océanos, yo lo que observo es que hay una creciente presión para utilizar tanto el borde costero como el propio mar para efectos de nuevas industrias, algunas de ellas extractivas. Y que esa fuerte presión además ha sido manifestada de una manera muy activa por parte de algunas industrias que pretenden hacer uso del mar de una forma que no es sustentable ni razonable para el futuro del país”, acusa el profesor de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa.

En adición, el programa de gobierno proponía modificar la Ley 20.380 sobre protección a los animales, que aún no ha visto la luz durante este periodo presidencial.

Y por último, aún está pendiente presentar un nuevo marco regulatorio de fomento forestal con especies nativas. Especialmente la derogación del DL 701 y cambiarlo por un marco que regule el fomento forestal de especies nativas, orientado a la restauración de los ecosistemas, la recuperación de bienes y servicios ecosistémicos, y en particular al bienestar de las comunidades indígenas y rurales.

Ante esto, Costa destaca también que uno de los grandes pendientes de este gobierno apunta también a defender a quienes velan por el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

“Hoy tenemos una situación donde los defensores y defensoras ambientales están más en riesgo que nunca. El nivel de agresividad con que muchas actividades económicas se enfrentan a las personas que legítimamente se oponen a esas actividades ha aumentado. Y todo eso se vive sin que existan medidas, ni por parte del Ejecutivo, ni tampoco por parte de otros organismos públicos que busquen frenar eso”, denuncia.

Los avances y deudas de Chile con la Ciencia

En el ámbito científico, el gobierno ha incrementado progresivamente el presupuesto en ciencia y creado fondos para descentralizar la investigación. En 2024, el Ministerio de Ciencia anunció un fondo especial para universidades regionales, orientado a la investigación aplicada a los desafíos territoriales.

Asimismo, se ha implementado una Política Nacional de Inteligencia Artificial, con más de 100 acciones enfocadas en ética, capacitación desde la primera infancia y apoyo a pymes tecnológicas. Esta acción, aunque no estaba explícitamente en el programa, responde a los principios del plan: democratización del conocimiento y desarrollo sostenible.

Pero no todo ha sido avance. Varias propuestas clave del plan original siguen en estado de espera o desarrollo incipiente.

La Ley Marco de Economía Circular, otra promesa estrella, tampoco ha sido materializada. Si bien se ha avanzado en la implementación de la Ley REP, que responsabiliza a productores por los residuos de sus productos, la falta de una legislación integral sobre economía circular es una deuda persistente.

Uno de los compromisos más ambiciosos —duplicar el presupuesto en CTCI al 1% del PIB— sigue sin cumplirse. El gasto público en ciencia aún ronda el 0,4% del PIB, lejos del promedio de países OCDE.

“Prácticamente no nos movimos respecto a los periodos anteriores. Entonces es una promesa incumplida definitivamente”, afirma el vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma, Iván Suazo.

Por su parte, el exministro de Ciencia, Andrés Couve, mencionó en una entrevista a Qué Pasa que, si bien, es evidente que tiene que aumentar el presupuesto en ciencia, no se puede seguir hablando de un número o porcentaje del PIB.

“La discusión parece obsoleta, porque es una estrategia que no ha funcionado y no va a funcionar para subir el financiamiento. Tenemos que cambiarlo a una discusión de política pública. De ahí traducimos eso y le pasamos esto a la gente que maneja el presupuesto, pero una vez que tengamos claras las ideas. Nosotros (cuando ejerció como ministro en la administración de Sebastián Piñera) nunca prometimos el 1%”, sostuvo en dicha entrevista.

Eso sí, Suazo destaca las acciones de este gobierno en términos de descentralización del conocimiento. Según reconoce, este gobierno incrementó las capacidades regionales para fomentar la ciencia. “Se consolidaron los nuevos Seremis, se mejoró el vínculo con las universidades regionales, y creo que también eso es positivo”, comentó el vicerrector.

El punto que también quedó al debe, según el vicerrector de la U. Autónoma, apunta también al fomento a la transferencia tecnológica. “Existe un proyecto de ley muy poco consultado con el ecosistema, que no ha avanzado en el Congreso y que probablemente no va a ser ley en este gobierno”, enfatiza.

Además, otro de los grandes pendientes de esta administración, según Suazo, apunta a la reducción de las brechas de género en Ciencia y Tecnología. “Este gobierno prometió un impulso muy relevante en materia de género, y ahora vemos que sólo el 19% de la matrícula de primer año en las áreas STEM corresponde a mujeres, y solo el 35% de los proyectos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid) son destinados a investigadoras.

Con logros importantes, y más de alguna propuesta pendiente, el gobierno de Boric presenta un balance mixto. En materia ambiental y científica, ha logrado más avances que sus predecesores, pero no ha materializado las reformas estructurales esperadas.