La biodiversidad en peligro: científicos mapean los conflictos socioambientales

Pingüinos de Humboldt en la Reserva Chañaral. Foto: César Villarroel.

Tras analizar distintas publicaciones entre los años 2004 y 2018, los investigadores concluyen que se requiere fortalecer la toma de decisiones basada en la ciencia y modelos de gobernanza que incluyan la participación activa de la sociedad local.




Un equipo de científicos analizó 1.035 artículos de la prensa publicados entre 2004 y 2018 con el concepto clave “conflicto ambiental” y logró identificar 238 proyectos industriales donde se documentaba algún tipo de desavenencia entre estas iniciativas y las comunidades del lugar.

El objetivo de este análisis -publicado en la revista científica Environmental Science and Policy- es entender si estos proyectos constituyen una amenaza al bienestar de las personas y a la biodiversidad del lugar donde se pretende emplazar.

Francisco Squeo, investigador del IEB, explica que uno de cada tres proyectos estaba dentro Áreas de Alto Valor para la Conservación en Chile (AAVC) -es decir, lugares reconocidos por su valor biológico, ecológico, social o cultural- y la mayoría de los conflictos medioambientales se referían a zonas de sacrificios “donde las personas son directamente afectadas”, explica.

El documento señala que los impactos directos e indirectos de las actividades industriales sobre la biodiversidad afectan los sistemas naturales, generando destrucción de hábitat, el arribo de especies invasoras, enfermedades, contaminación y mayor liberación de gases de efecto invernadero, contribuyendo así al cambio climático.

La infografía señala el número de proyectos por región y con el color negro, los que están dentro de Áreas de Alto Valor para la Conservación en Chile.

Este trabajo también advierte la existencia de una disociación entre la actividad económica y los esfuerzos de conservación del país, lo que -según los autores- es un desafío fundamental para resolver. Según Squeo, esta disonancia se produce porque la prioridad en Chile es el desarrollo económico y no la conservación de la biodiversidad. “Es fundamental independizar las decisiones ambientales de los intereses económicos”, señala el investigador del IEB. “Se requiere educar a los tomadores de decisión para que aprendan a valorar la biodiversidad como motor del desarrollo del país. La biodiversidad chilena tiene un tremendo potencial para hacer negocios, pero también para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

Las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Los Lagos concentraron el mayor número de proyectos dentro de las AAVC, seguidas por las regiones del Biobío y La Araucanía. Según el investigador, actualmente existe una política de ordenamiento territorial en Chile, pero sólo tiene carácter indicativo, no resolutivo. “Los peligros del ordenamiento territorial tradicional es que usualmente es estático y que pueden primar otros intereses que vayan en contra de la protección de la biodiversidad, o que simplemente no la tomen en cuenta”, dice Squeo. Agrega que el país necesita fortalecer la toma de decisiones con soporte científico, con modelos de gobernanza que incluyan la participación activa de la sociedad local.

El estudio estableció que la mina de oro y cobre Pascua Lama, de la canadiense Barrick y cuyo permiso ambiental fue revocado por la Superintendencia del Medioambiente, era el número uno de lista, con un total de 68 artículos que lo mencionaban. Lo secundaron, el proyecto minero-portuario Dominga, en la Región de Coquimbo, con un total de 65 apariciones, e HidroAysén, con 48 publicaciones.

“Dentro del top 10, aparecen proyectos que se ubican en lugares remotos, zonas que muy pocos habitantes han tenido la oportunidad de conocer”, comenta Carlos Gaymer, director del Núcleo Milenio ESMOI y otro de los autores del estudio. “Algunos de ellos se ubican en lugares emblemáticos, donde las comunidades locales se han organizado y levantado la voz, también han sido apoyados por ONG ambientalistas, y esto ha sido recogido por los medios. Se hacen campañas para que la comunidad nacional tome conciencia y ejerza presión sobre los tomadores de decisión”.

Gaymer agrega que “lo más dramático es cuando un proyecto es patrocinado por el mismo Estado -por ejemplo, Til-Til, Quinteros-Puchuncaví- y se generan zonas de sacrificio con gran afectación a los habitantes locales”.

La investigación fue realizada por científicas y científicos del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB; Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA; Universidad Católica del Norte (Coquimbo), Universidad de La Serena, y Núcleo Milenio ESMOI.

Comenta