Amaya Álvez (RD): “No estoy de acuerdo con que el Presidente sea el único que tiene iniciativa exclusiva”

Amaya Álvez, doctora en derecho, académica UdeC y candidata constituyente por el distrito 20.

La académica y candidata constituyente de la lista Apruebo Dignidad añade que se debería evaluar la posibilidad de entregar derechos fundamentales a la naturaleza ya que "es una manera de lograr el bienestar de la naturaleza en sí misma sin una valoración económica".




El paso de Amaya Álvez por iniciativas vinculadas al proceso constituyente viene desde hace años. Desde 2013 en adelante ha sido parte de proyectos como Marca Tu Voto, Puentes para una nueva Constitución y Red de Constitucionalistas. Tras esas experiencias, se sumó a la carrera constituyente como candidata por el distrito 20 (Concepción-Talcahuano) en la lista Apruebo Dignidad por el partido Revolución Democrática.

Es abogada, doctora en derecho por la Universidad de York y académica UdeC. Asimismo, es activista y defensora por los DD.HH, fundadora de la Corporación “Colectiva - Justicia en DD.HH.”, donde se ha desempeñado en la defensa del medioambiente, pueblos originarios y los derechos de las mujeres.

¿Qué atributos la podrían llevar a ganar como constituyente?

Esto lo debí pensar mucho porque evidentemente salir de una vida académica implica asumir ciertos riesgos, por hacer una actividad que nunca he hecho en mi vida. Ya tengo 50 años que es como la mitad de mi vida, pero me parece que soy una persona dialogante, una persona que está abierta a escuchar nuevas ideas y a ser persuadida si es necesario.

Una de sus banderas es asegurar el derecho a una vida digna en la nueva Constitución. ¿Qué elementos debe tener una Carta Fundamental para asegurar una “vida digna”?

Tiene que ser algo central. La dignidad de las personas está en el núcleo de los derechos fundamentales. Técnicamente los derechos están constituidos de una penumbra, que es la parte exterior, un contenido esencial y luego viene la dignidad humana, que vendría a ser como el corazón de los DD.HH. Me parece que hablamos de eso pero nunca le hemos dado un contenido normativo, es un poco hablar de mínimos vitales y cuál es la dignidad de cada uno de los derechos. Me gustaría que tuviéramos esa conversación porque sino hacemos un uso que es meramente semántico y vacío.

¿De qué manera se podrían financiar los derechos sociales?

La existencia de los derechos sociales en el fondo es con total independencia, en el sentido que los derechos ya son una obligación para el Estado. No es que para la existencia de los derechos tenga que hacer un cálculo exacto del tema económico, diría que es más bien al revés. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en que los derechos sociales son fundamentales, de ello depende que el ordenamiento jurídico trate con dignidad a las personas.

¿Cuáles son las principales falencias que advierte en materia de Derechos Humanos en la actual Constitución y que deberían mejorarse?

La Constitución del ’80 fue creada en el siglo pasado, es una Constitución que no tuvo por objetivo establecer una cultura de Derechos Humanos sino que tuvo por objeto establecer un orden público, económico. De cara al siglo XXI me preocupa que no queramos establecer un ordenamiento constitucional pero que mire el futuro, haciéndonos cargo de quienes han sido tradicionalmente excluidos.

Siguiendo la línea de los DD.HH., usted dice que hay que incorporar mecanismos de denuncia, investigación, sanción y reparación. ¿Cuáles serían esos mecanismos?

Cuando uno habla de una cultura de Derechos Humanos, está pensando en la forma en que nos vinculamos, el parámetro de cómo nos relacionamos son los estándares de DD.HH. Evidentemente todos están sujetos a ese escrutinio, por ejemplo, hablemos de por qué Carabineros de Chile no se rige por estándares de DD.HH, el cual está y existe en la construcción de protocolos de acción.

Lo que quiero indicar es que el Estado es el primero que debe entender que su actuar se rige por estándares Derechos Humanos y eso supone formar a quienes trabajan para el Estado. A todos los funcionarios públicos, desde el primero que es la Presidenta o Presidente hasta el último. Pero si ocurren limitaciones y abusos, entonces las personas tienen que tener mecanismos para denunciar y eso debe ser investigado.

¿Qué ejes deben estar para construir una Constitución que garantice la protección al medio ambiente?

Tenemos que abrirnos a una perspectiva mucho más amplia que considera los equilibrios naturales como relevantes. Y tan relevante es eso que hay algunos países que le han dado titularidad de derechos fundamentales a la naturaleza, por ejemplo, a los ríos. Hay que evaluar seriamente esa perspectiva de entregar derechos fundamentales a la naturaleza, porque es una manera de lograr el bienestar de la naturaleza en sí misma sin una valoración económica, por lo que podemos extraer de ella.

Con respecto a la iniciativa exclusiva del presidente en materia fiscal, ¿cree que se debería incluir esta atribución a quienes integran el Congreso?

No estoy de acuerdo de que el Presidente sea el único que tiene iniciativa exclusiva, creo que el Congreso debe tener mayores competencias que le permitan actuar de cara al país pero también tiene que tener mayor disciplina y fundamentación. Y además, incorporar mecanismos de participación directa de la ciudadanía.

A propósito de incorporar mecanismos de participación ciudadana se ha generado un debate sobre cómo se van a resolver posibles trabas en las votaciones, ¿cuál es su postura?

Si la Constitución es una norma de sentido común, yo no sé por qué las personas comunes y corrientes no pueden decir lo que está bien para la Constitución. Me parece que ahí hay un deseo de proteger privilegios, porque las constituciones en general no le han hablado a la ciudadanía, sino que han sido históricamente para la élite. Está ese temor de perder poder, el timón, la sala de máquinas. A la vez, es una incomprensión del momento país.

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