Congreso unicameral, Estado social y más participación ciudadana: Las propuestas de los coordinadores del proceso constituyente de Bachelet

El constitucionalista Tomás Jordán y la cientista política Pamela Figueroa son los coeditores del libro “7 propuestas para la nueva Constitución de Chile” lanzado esta semana. El libro no solo analiza la actual Constitución sino que presenta propuestas para avanzar hacia el fin del sistema hiperpresidencialista, reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios e impulsar una mayor participación ciudadana en la política.




Dejar atrás el llamado, y muchas veces criticado desde la centroizquierda, Estado Subsidiario, reformar el régimen político disminuyendo el poder del Ejecutivo, y a su vez avanzar hacia un Congreso unicameral, reconocer a los pueblos indígenas y aumentar la participación ciudadana en forma más directa con las decisiones del país. Esas son solo algunas de las propuestas contenidas en el libro “7 propuestas para la nueva Constitución de Chile” de la editorial USACH, presentado el miércoles.

Los coeditores son el constitucionalista Tomás Jordán y la cientista política Pamela Figueroa, profesores de las universidades Alberto Hurtado y USACh respectivamente. Ambos participaron durante el proceso constituyente del segundo gobierno de la exPresidenta Michelle Bachelet. En la introducción señalan que “la discusión constitucional de verdad buscará un espacio entre actores que no piensan igual en todo ( muchas veces muy distinto), de modo que el consenso se tejerá en aquella parte que no es mínima, sino en aspectos en que debemos negociar y ceder. Ahí está el verdadero acuerdo y donde se torna compartido”.

¿Cómo se originó el libro? Jordán explica que de alguna manera se relaciona al proceso constituyente de Bachelet. “Nos conocemos hace tiempo, hemos trabajado en políticas públicas y en la academia y nos tocó a parte del grupo participar en el proceso de 2016 del gobierno de la exPresidenta Bachelet, y por lo tanto nos dimos cuenta que los resultados de la etapa participativa era un super buen diagnóstico de cómo había cambiado la ciudadanía y como las visiones constitucionales de la ciudadanía eran los nuevos temas (...) desde esa época pensábamos que era importante publicar un libro con cada una de las visiones particulares de los autores”.

Por su parte Figueroa añade que “durante el último tiempo veníamos pensando que era muy importante rescatar esos diálogos ciudadanos y a partir de esos diálogos ir avanzando en propuestas de contenidos”. Agrega que a partir de fines del año, tras el estallido social y el Acuerdo por la paz y por una nueva Constitución “nos pusimos a darle forma y cuerpo a este proyecto”.

En el libro, además de Jordán y Figueroa, participan Matías Silva , Minda Bustamante, Carolina Meza, Claudio Fuentes González, Egon Montecinos y José Ignacio Núñez. Cada capítulo trata un tema particular.

Jordán por ejemplo hace una análisis sobre el Estado subsidiario. “El capitulo mío parte con la premisa que la Constitución actual se edificó a partir del principio de subsidiariedad que no sólo es un principio de orden constitucional, sino que se ha definido como un principio de orden social, es decir, que es ordenador de la sociedad completa, y que en todos los aspectos se deberían someter a esta idea de que los privados son el motor y que el Estado tiene un rol residual o mínimo”, explica Jordán.

En el libro, Jordán afirma que un problema de que exista este principio de subsidiariedad es que “no puede ser aplicado en materia de derechos sociales, pues aquí el bien que se protege ( salud, pensiones o educación) no es un bien meramente económico ( puede tener una mirada económica), sino que es un bien eminentemente social, respecto de los cuáles las personas, muchas veces, no pueden acceder a ellos por razones económicas”.

El capítulo lo que hace es mostrar cómo es necesario pasar de éste modo subsidiario a uno de perspectiva social, con esto me refiero a que si no es posible avanzar hacia un Estado social propiamente tal , los criterios de éste que son los principios de redistribución y solidaridad debiesen ser rectores en el proximo diseños constitucional”.

Congreso unicameral y fin del hiperpresidencialismo

El régimen político en Chile se caracteriza por ser un régimen hiper presidencial, con un congreso bicameral, y en el contexto de un sistema de partidos multipartidista y tendiente a la fragmentación (...) dificulta que se formen gobiernos de mayoría que logren resolver y procesar las principales demandas de la ciudadanía”. El diagnóstico anterior aparece en la primera página del ensayo “¿Qué hacer con el hiperpresidencialismo chileno? Hacia un equilibrio entre presidente, congreso y ciudadanía” escrito por Figueroa.

La tesis de Figueroa es que en la actualidad, “se genera un bloqueo, una traba al sistema político que no permite avanzar en gobiernos de reforma o incluso en gobiernos de administración, ya que el presidente constantemente se encuentra con que no logra las mayorías en el Congreso y eso provoca el bloqueo y las trabas para avanzar en los programas de gobierno y en las legislaciones”.

En su análisis, Figueroa da una serie de propuestas que tienen como meta “equilibrar la relación ejecutivo y legislativo e incorporar a la ciudadanía con mecanismos institucionales de participación en procesos entre elecciones”. Una lista de estas propuestas son establecer un presidencialismo parlamentario, la facultad del Presidente de la República de disolver por una sola vez durante los dos primeros años de su mandato el Congreso; a su vez, la facultad de Congreso de censurar al Presidente de la República y convocar a nuevas elecciones presidenciales; un Congreso unicameral; que se establezca un mecanismo de democracia directa como el plebiscito de las reformas constitucionales relevantes, que un 2,5% de la ciudadanía con derechos a sufragio pueda presentar proyectos de ley, y que un 5% de ellos pueda solicitar la derogación de una ley.

Sobre este punto, hay un capítulo dedicado sólo a la participación ciudadana escrito por Carolina Meza Prambs, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. En el concluye que “la participación ciudadana es un incentivo a la actividad pública, ya que se agrega un factor al debate, aumentando los niveles de información, educación cívica y enriqueciendo el proceso de toma de decisiones”.

Descentralización y pueblos originarios

Otro ensayo del libro es sobre la Regionalización y Descentralización de Claudio Fuentes Gonzalez y Egon Montecinos de la Universidad Austral. De cara a avanzar hacia la descentralización proponer un tipo de estado unitario descentralizado, reformas de descentralización fiscal y política, dotar a los municipios de atribuciones y funciones de gobierno local, no meramente administrativo.

La abogada Minda Bustamante en tanto se refiere a lo que define como el desafío de reconocer constitucionalmente los pueblos indígenas en el país. Bustamante, experta en Derechos de Pueblos Indígenas, concluye que si estos pueblos “no están presentes en los espacios políticos y de poder, el debate por sus derechos no se hará en primera persona, sino que siempre será una eterna deuda histórica que no se sabe cuando será saldada”.

Por su parte, el abogado José Ignacio Núñez, de la Universidad Central, analiza la relevancia y función del Tribunal Constitucional. Si bien es crítico en su mirada sobre el rol del TC, indica que “estamos conscientes de que la hoja en blanco del proceso constituyente no es una foja cero, y creo el punto de partida de las deliberaciones tendrá en cuenta las tendencias más significativas de la tradición constitucional chilena; una de ellas es la existencia de un Tribunal constitucional”. Entre sus propuestas está por ejemplo que se suprima el control preventivo de constitucionalidad de las leyes y que aumente número de integrantes de dicho tribunal.

Matías Silva, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Silva Henríquez en tanto escribe sobre “el sistema de derechos fundamentales”, y apunta a que “el estado subsidiario queda mundo frente a la igualdad. No se pronuncia frente a la igualdad, pues la lucha contra los privilegios nunca ha sido una de sus preocupaciones”, y concluye: “El paso a un nuevo paradigma es la manera de fortalecer nuestra democracia, lo que se observa en distintos grupos de nuestra sociedad al hacer valer sus demandas, a veces cayendo en la violencia, nos obliga a enfrentar este desafío a través de mecanismos pacíficos, deliberativos , participativos e institucionales”.

Debido a que la idea del libro era abarcar ideas generales, Figueroa señala que hay otros que si bien se tratan y nombran en el libro, merecen ser profundizados, “como por ejemplo la equidad de género, el medioambiente”, acota.

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