En busca de interlocutores para La Araucanía

¿Cómo y con qué líderes se debería trabajar en un acuerdo para solucionar el conflicto mapuche? La respuesta nunca ha sido sencilla y se complejizó tras el homicidio de Camilo Catrillanca, que fortaleció a los grupos que reivindican la violencia para manifestar su posición.


Fue como en tiempos ancestrales. Cuando había una materia importante que tratar y que afectaba a “su gente”, ya fuera un problema o una amenaza, los lonkos convocaban a un Futa Trawün, una gran reunión. El llamado podía ser acotado a una zona específica o extenderse por todo el Wallmapu, desde el río Limarí hasta Chiloé, y entonces llegaban los líderes de distintos territorios -lonkos, machis y werkenes- y por uno, dos o tres días se sentaban a conversar. Podían tener disputas entre sí, pero en esa instancia daba lo mismo, pues ahí no estaban para pelear, sino para analizar la situación, buscar puntos en común y definir posiciones y planes de acción. Tal como ocurrió el sábado 1 en Temucuicui, en la comuna de Ercilla, ahí mismo donde dos semanas y media antes murió Camilo Catrillanca.

Marcelo, hijo del lonko Juan Catrillanca y padre de Camilo, lideró la convocatoria. Fue unos días después de enterrar a su hijo y haberse negado a recibir al Presidente Sebastián Piñera durante su última visita a la zona. Llegaron representantes de varias comunidades mapuches de la provincia de Malleco y también de otras partes de la región y el país. No fue el primer encuentro de ese tipo en los últimos años, pero sí el más importante.

La muerte del comunero por parte de carabineros -hoy imputados- del llamado Comando Jungla tuvo un profundo efecto. Desde que asumió en marzo como ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, comenzó a trabajar para acercarse a las comunidades y organizaciones mapuches de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Así, daba los primeros pasos para romper un cerco que los últimos gobiernos habían levantado en sus relaciones con el mundo indígena y buscaba perfilarse como el artífice de una nueva forma de dialogar con ellos.

Aunque no ha estado exenta de críticas, el reconocimiento a esa iniciativa como uno de los avances más importantes en las últimas décadas ha sido transversal. De ese trabajo surgió el Plan Araucanía 2.0, una nueva versión del plan que ya se implementó durante la primera gestión del Presidente Piñera y que se presentó en septiembre de este año.

El programa apunta a dos vías: la del impulso económico y productivo, con una inversión comprometida de US$ 8.000 millones para los siguientes ocho años, y a un “Acuerdo por la paz”, que recoge las demandas institucionales del mundo mapuche, como el reconocimiento constitucional, el acceso a cuotas parlamentarias en el Congreso y, entre otras cosas, la creación de un Ministerio Indígena y un Consejo de Pueblos.

Todo eso hoy pende de un hilo tras el asesinato de Catrillanca.

Quienes critican el trabajo de Moreno apuntan a la exclusión de los grupos más radicalizados, los que reivindican la violencia política como vía legítima para instalar su agenda, aquellos que están en el epicentro del llamado “conflicto mapuche”. Entre ellos, organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), liderada por Héctor Llaitul; las dos comunidades de Temucuicui (Tradicional y Autónoma), representadas por la familia Catrillanca y los hermanos Jorge y Jaime Huenchullán, respectivamente, o el Consejo de Todas las Tierras, cuya cara visible sigue siendo el histórico dirigente mapuche Aucán Huilcamán. Esas son solo algunas, y la mayoría eran objetivos en el montaje de Carabineros que terminó siendo la Operación Huracán.

Ellos consideran que la vía para un diálogo debe ir mucho más allá de lo que propone el gobierno. Quieren autonomía, libre determinación, un Estado plurinacional, recuperación del territorio y una comisión de esclarecimiento histórico que reconozca la vulneración sistemática de sus derechos humanos por parte del Estado y establezca medidas reparatorias.

Ninguna de esas demandas ha estado aún sobre la mesa en las conversaciones con el gobierno, y para muchos ahí radica un punto débil en la apuesta de Moreno: no considerar a quienes promueven esta agenda como interlocutores válidos debido a su reivindicación de la violencia. Algo que ahora, según varios políticos, dirigentes y analistas consultados por Reportajes, debiera cambiar si el Ejecutivo quiere seguir adelante con su plan, ya que la muerte del joven mapuche fortaleció a esos grupos y las demandas autonomistas hoy se adueñaron de la agenda. “Si el camino para resolver el conflicto es de 100 km, Moreno había avanzado uno. Pero ahora volvió a fojas cero. Si quiere seguir, ya no podrá sin incluir a los otros actores”, dice un parlamentario por la zona. En La Moneda -sin embargo- no hay acuerdo sobre este punto, aunque algunos sostienen que podría abrirse un espacio exigiendo gestos concretos en la línea de deponer la violencia.

Pero se abre una duda: si se opta por ese camino, ¿cómo y con quiénes sentarse a negociar?

Héctor Llaitul y Marcelo Catrillanca

Múltiples interlocutores

El Futa Trawün de Temucuicui terminó con un documento de acuerdo que contiene cuatro puntos que definen un piso mínimo para cualquier trabajo a futuro. Uno: la desmilitarización inmediata del Wallmapu y la desarticulación del Comando Jungla. Dos: la devolución de los territorios ancestrales. Tres: el establecimiento de una comisión de esclarecimiento histórico. Y cuatro: el derecho a la libre determinación. El comunicado acaba con un llamado a “seguir implementando y desarrollando la desobediencia” del pueblo mapuche.

Si bien llegaron a un acuerdo temático, quienes participaron en el encuentro no eligieron representantes que actuaran a nombre de todos. Marcelo Catrillanca lo ratificó a Reportajes: “Aquí a nadie se le ha dado el mandato para que sea líder y pueda llevar adelante esta situación”.

La política chilena y la mapuche son distintas. Mientras la primera funciona con una estructura centralizada y representantes elegidos democráticamente, la segunda es atomizada, basada en liderazgos tradicionales y territoriales. Si se considera que solo en La Araucanía hay más de 2.000 comunidades indígenas, cada una con sus propios liderazgos -muchos incluso en conflicto entre sí-, las posibilidades de armar una mesa de trabajo con un grupo acotado que represente a todo el pueblo mapuche son prácticamente nulas.

“Tenemos una identidad, pero no somos idénticos, y es algo que las autoridades chilenas no han entendido. Siguen buscando a un vocero, un representante o un negociador, y eso en el mundo mapuche es imposible”, dice el periodista y escritor Pedro Cayuqueo.

Hasta ahora, el gobierno ha trabajado en su mayoría con interlocutores que son parte de la institucionalidad del Estado, como consejeros de la Conadi, los alcaldes agrupados en la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches (Amcam) y con líderes que apoyan las demandas institucionales. Entre ellos, dirigentes de organizaciones enfocadas en el desarrollo productivo, como Arnoldo Ñanculef, vocero del Parlamento Autónomo Mapuche; Hugo Alcamán, de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama, y Andrés Antivil, ingeniero, consultor y dirigente de la Corporación Mapuche Lonko Kilapa. Pero incluso entre ellos el caso Catrillanca ha despertado desconfianzas respecto de cuáles son los reales lineamientos del gobierno, y hoy algunos apoyan la inclusión de los actores que hasta ahora han estado fuera del diálogo.

“Nos preocupa que el ministro Moreno no tenga el respaldo político necesario para dar ese paso agigantado que hemos empezado a construir. Hay que aceptar discutir sin miedo todos los temas y con todos los actores. Aunque hay grupos que optan por vías que no compartimos, al final del día todos los referentes indígenas estamos en consenso, porque los temas son transversales”, dice Ñanculef.

Algo similar señala el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, exmiembro de la CAM y hoy presidente de la Amcam: “Los ministros del Interior y de Desarrollo Social deben detenerse y replantearse, pues aquí hay un problema histórico que posiblemente no van a resolver, pero que sí pueden avanzar abriéndose a temas como la autonomía. Si no buscan esos puntos de encuentro en un plan con medidas concretas de corto, mediano y largo plazo, el conflicto va a aumentar”.

Quien no está de acuerdo es el diputado Diego Paulsen (RN). Él considera que “la condición mínima para participar en cualquier diálogo debiera ser que las personas trabajen por la paz. No me veo negociando con gente que quema ancianos vivos, camiones de empresarios y casas de agricultores para imponer su agenda”.

Un primer puente

El ministro Alfredo Moreno ya dio algunos pasos en esa línea. En la cumbre 3xi que se llevó a cabo en agosto en La Araucanía para involucrar al sector empresarial con el proceso de diálogo e impulso económico para la región, aparecieron dos figuras antiguamente vinculadas a las demandas autonomistas: el ex CAM y hoy werkén (vocero) de unas 30 comunidades de Collipulli, Víctor Ancalaf, y el lonko Aniceto Norín, de la comunidad Lorenzo Norín. Ambos fueron parte del primer grupo de dirigentes mapuches condenados en 2003 bajo la Ley Antiterrorista por su supuesta participación en ataques incendiarios, aunque su condena fue anulada en 2014 por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En todo caso, los dos ya están fuera de los grupos que buscan la reivindicación territorial a través de la violencia, y en diversas entrevistas señalaron la importancia de abrir diálogos con el gobierno y el sector privado para buscar nuevos caminos que incentiven la inversión en proyectos gestionados por las propias comunidades en su territorio.
A pesar de ello, a los pocos días de la muerte del comunero de Temucuicui, Ancalaf señaló a CNN Chile que se bajaba del proceso. “No existen las garantías para seguir dialogando con el gobierno”, dijo.

Lo que sí existe hoy es el consenso de que el primer paso para restituir confianzas debiera ser la salida del Comando Jungla y que se manifieste la voluntad política real de incorporar al debate las demandas que hasta hoy han estado fuera de discusión, ampliando la base de interlocutores. No para sentarlos a todos en una mesa, sino que para hacer un trabajo de largo plazo directamente en los territorios.

“Moreno aún tiene una oportunidad, pero implica replantear la política indígena. No puede seguir bajo los mismos parámetros que traía al comienzo de 2018. Esto requiere otra vuelta, otros actores y otros interlocutores”, dice el senador por La Araucanía Norte, Jaime Quintana (PPD).

Juan Carlos Reinao y Arnoldo Ñanculef

La vieja fórmula de los españoles

En 2015, poco antes de renunciar a la Intendencia en La Araucanía, el hoy senador Francisco Huenchumilla (DC) presentó al entonces ministro del Interior Jorge Burgos un documento de 48 páginas que incluía una propuesta: volver a la política que aplicaron los españoles durante la Colonia y que luego implementaron los primeros gobiernos de la República, los parlamentos.

Todas las personas consultadas para este reportaje coinciden en que si se hace bien, esa podría ser una vía efectiva para abordar de manera política el conflicto.

Un parlamentario de la zona señala que más que fijarse en modelos extranjeros, el gobierno podría revisar la experiencia de los parlamentos realizados en Chile entre el siglo XVI y el siglo XIX. Dice que el mundo mapuche ya está preparado, pues en gran parte mantiene la misma estructura social que en esa época, pero quien sí debería estudiar bien el método es el mundo político. El consenso es que será -con todo- un proceso de larga data.

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