Gajardo y Norambuena en el adiós a la Fiscalía: "Abbott no dimensiona la gravedad que tiene para la democracia que estas conductas terminen sin reproche penal"

Gajardo y Norambuena

Aseguran que se habrían mantenido en el Ministerio Público hasta el término de su carrera profesional, pero que sus superiores estaban decididos a poner término a las causas de financiamiento irregular de campañas sin condenas a los responsables: ni empresarios, ni políticos. Una determinación que -según sostienen- no asegura que las cuestionadas prácticas desaparezcan para siempre.




"Me parece muy interesante que la experiencia que hemos tenido la podamos volcar en temas que digan relación con la docencia universitaria o también la transmisión escrita de esas experiencias", afirma el ex fiscal Carlos Gajardo. Y su compañero, el también ex fiscal Pablo Norambuena, asiente.

Ambos fueron los que iniciaron en 2014 los casos de financiamiento irregular de campañas que pusieron en jaque de manera transversal a la clase política, al develar una maquinaria de los dirigentes políticos para obtener recursos de empresas privadas a cambio de boletas falsas. Y los dos hicieron efectiva su renuncia el viernes 31 de marzo.

¿Cuánto meditaron su renuncia?

CG: Fue una decisión intempestiva. Nos enteramos el viernes 12 de enero que el fiscal Manuel Guerra había llegado a un acuerdo de salida alternativa con Iván Moreira y a la semana siguiente renunciamos. No fue algo que estuviéramos pensando previamente. Desde el 2015 que la defensa del senador estaba pidiendo esa salida alternativa y el fiscal nacional de esa época, Sabas Chahuán, permanentemente rechazó esa opción. Esa decisión fue sorpresiva, lo novedoso era que el Ministerio Público accediera.

PN: Esa decisión fue inesperada dado que siempre pensamos que la fiscalía iba a instar por una sanción penal en ese caso. Cuando se concreta el ingreso de ese escrito al tribunal, nosotros ya no podíamos continuar desarrollando nuestra labor como fiscales.

¿Qué razón se les dio para decir que antes no y ahora sí se le daba esta salida al senador UDI?

PN: Nunca se nos dio una razón técnica. Contábamos con un fallo del pleno de la Suprema que por mayoría había desaforado al señor Moreira. Con eso, estábamos habilitados de seguir adelante con el proceso, pedir medidas cautelares, acusar al senador, buscar una sanción penal. Hasta hoy, no hay antecedente, fundamento racional ni lógico para que el Ministerio Público haya renunciado a la búsqueda de esa condena. Fue un acto injustificado que se contradice con todo lo que se hizo en el caso Penta durante esos años. Una salida alternativa implica un sobreseimiento definitivo y la inexistencia de un reproche penal en conductas graves desplegadas por un parlamentario.

CG: Quiero agregar que renunciamos no sólo por la decisión respecto del senador Moreira: a eso se suma la decisión de renunciar también al reproche penal en la causa espejo y hermana de Penta, que es el caso SQM. Ahí también el fiscal Pablo Gómez da una suspensión condicional a la persona jurídica de la empresa SQM. Esas dos decisiones daban cuenta de un giro radical en la política de persecución que tenía la fiscalía hasta ese momento y que iba a repercutir en las decisiones que en el futuro deban tomarse y que iban a favorecer a otra serie de imputados de todo el abanico político, al senador Jorge Pizarro, al exsenador Fulvio Rossi, a Laurence Golborne y ya está pasando con Pablo Zalaquett.Esas decisiones de la jerarquía de la fiscalía nos hicieron renunciar.

El fiscal Guerra sostiene que el fallo del desafuero de Moreira fue obtenido con una mayoría estrecha y los votos de los jueces de la sala penal no veían delito... ¿No le creen?

PN: No nos parece una explicación racional. Nadie puede saber qué iba a suceder frente a un eventual recurso de nulidad de las defensas ante la Corte Suprema, cuya integración nadie puede adelantar, ni menos saber cuál va a ser su decisión. Por tanto, esa especulación no es correcta. Conseguido el desafuero, el camino legal racional de una política criminal era acusar. Y, lamentablemente, con esta decisión pareciera que la jerarquía de la fiscalía se enmarca más bien en esta política de acotar las investigaciones que en su momento enarboló el actual fiscal nacional, Jorge Abbott, al momento de postularse y ya asumido el cargo. Ante esto y con todo el dolor que nos significó no podíamos seguir siendo fiscales.

CG: Guerra explica que por la votación estrecha y los votos de los ministros de la sala penal de la Suprema, en un eventual recurso de nulidad esos jueces iban a votar como en el desafuero. Si ese era el pensamiento, lo que está diciendo el fiscal es que los jueces anticiparon opinión, y si eso es así, lo que corresponde es que esos jueces se inhabiliten. Eso es así en derecho.

Cuando hablan de las jerarquías, ¿a quién o quiénes apuntan?

PN: La decisión se toma por la jerarquía de la fiscalía, legalmente la decisión la adopta el fiscal regional -en estos casos Manuel Guerra (Penta) y Pablo Gómez (SQM)-, pero quien decide la política criminal de perseguir o no estas conductas es la fiscalía y en estos casos no me cabe duda que estos fiscales regionales, a lo menos, tendrían que haber conversado estos temas con el fiscal nacional.

CG: En SQM hubo una consulta a la Fiscalía Nacional, la cual aprobó la suspensión condicional de la empresa y eso va en línea con lo que declaró Abbott en este mismo medio, en Reportajes, cuando dijo recién asumido que el interés de la fiscalía iba a ser acotar estas investigaciones. Lo que señaló en esa entrevista fue premonitorio. A partir de 2015 los casos de platas políticas se fueron acotando. Si revisan las investigaciones que fueron formalizadas, no hay nuevos casos más allá de los que ya existían: Penta, SQM y Corpesca.

¿Creen que Abbott hizo una promesa a los políticos al postular como fiscal nacional?

CG: Me quedo con lo que el fiscal nacional dijo en sus alocuciones públicas ante el Senado, que fueron en ese sentido. Ignoro, porque también después se supo que sostuvo reuniones privadas con los senadores Guido Girardi y Hernán Larraín, de qué se habló en esas citas privadas, pero en intervenciones públicas dijo que la fiscalía iba a ser más prudente, que si no había querellas del SII no se podía seguir investigando, todas cosas que luego fueron efectivamente cumplidas.

¿Pero ustedes recibieron una instrucción directa de Abbott para acotar la investigación, alguna petición particular sobre alguien?

CG: Se lo contesto derechamente. Cuando asumió el fiscal Abbott, los primeros días de diciembre de 2015, la primera decisión que tomó fue sacarnos al fiscal Norambuena y a mí del caso SQM. Nosotros dejamos, al segundo día de haber asumido el fiscal nacional, de participar en el caso SQM. A partir de ese momento no volvimos a tener ningún tipo de vinculación con él. Nunca.

¿Y alguna instrucción de Guerra que uno pudiera suponer que actúa como portavoz del fiscal nacional?

PN: Les recuerdo que el fiscal nacional legalmente no tiene atribuciones para dar instrucciones en ninguna investigación en concreto. La ley se lo prohíbe, pero sí es cierto que la primera decisión que toma es desvincular a nuestro equipo y designar un nuevo fiscal regional. Quizás para asegurar el buen trabajo de un fiscal debería exigirse que cuando sea cambiado de un caso se haga con argumentos fundados y técnicos, porque no puede ser que se hagan esos cambios sin justificación, eso opera a favor de la defensa y de los imputados, porque ¿quién más que ese fiscal conoce la causa? Imagínense que las defensas pudieran elegir cuál es el fiscal que quieren que los investigue.

Pero la fiscalía es una institución jerarquizada, había que acatar lo que decidieran...

CG: Es que no se trata de eso, el punto es otro. La gravedad de este tema es que una salida de este tipo no conversa con lo que realiza la fiscalía en otros casos. Hay un fallo reciente en Puerto Montt, donde una persona por dos facturas falsas, con un perjuicio fiscal de $ 2 millones, la condenaron a cuatro años. Eso es lo que hace la fiscalía: perseguir delitos tributarios por este tipo de montos. ¿Cuál es la explicación que se le da al chileno promedio para decirle que a ese señor por $ 2 millones se le condena a cuatro años y al señor de Santiago que es un senador de la República se le otorga una suspensión por un fraude que excede esos $ 2 millones? No hay explicación lógica que una fiscalía pueda dar ante estos dos casos soluciones judiciales tan distintas, eso genera un problema grave de igualdad ante la ley, que como fiscales no estábamos dispuestos a asumir.

¿Si el argumento no fue técnico, entonces es político?

PN: Se observa la ausencia de un fundamento técnico en el destino que se adopta. ¿Cuáles fueron las motivaciones? No tenemos antecedentes para indicarlo.

CG: Lo que sí es un hecho es que hubo objeciones por parte del Senado en su conjunto para que esta causa se tramitara con rapidez. Eso quedó manifestado por escrito en un oficio que en los primeros días de enero envió el presidente del Senado (S) Guido Girardi a solicitud de los jefes de bancada de RN y la UDI. Ahí se le pedía al fiscal nacional rapidez en la tramitación del caso del senador Moreira, obviando la prohibición legal que tienen los parlamentarios de inmiscuirse en investigaciones que estén en curso. Ese oficio fue recibido, no fue representado por el fiscal nacional y a los pocos días se tomó esta decisión de suspender a Moreira.

Suponen entonces que se sucumbió a presiones políticas...

CG: No hacemos hipótesis, lo que hacemos es describir hechos. Aquí lo que hubo fue una presión contenida en un oficio y respecto de esa presión no hubo comentario, ni respuesta de parte del fiscal nacional.

PN: El fiscal nacional Jorge Abbott debería ser el primer defensor de la autonomía del Ministerio Público.

CG: Él debió, creo yo, haber reclamado esta injerencia indebida por parte del Senado en una causa en tramitación. Cuando el fiscal nacional habla que le interesa la autonomía, bueno, esos son actos concretos en que se defiende la autonomía y, en ese hecho, es evidente que no la defendió y, al revés, a los pocos días que llegó ese oficio se tomó la decisión de suspender a Moreira.

En un programa de TV usted, abogado Gajardo, eligió a Chahuán por sobre Abbott cuando le dieron a elegir... ¿Por qué? ¿Usted, abogado Norambuena, lo comparte?

CG: Me parece que Sabas Chahuán, a pesar de todas las diferencias que tuvimos, legítimas en un trabajo en equipo, tomó decisiones que iban decididamente a combatir estos actos de corrupción y de carácter tributario gravísimos. Tomó decisiones que fueron muy valientes y se dio cabal cuenta de la gravedad de esas conductas. Por el contrario, el fiscal Abbott lo que ha hecho desde su nombramiento es entender que estos procesos deben acotarse y ha actuado en consecuencia, sin dimensionar, a mi juicio, la gravedad que tienen para la democracia, que estas conductas terminen sin reproche penal.

PN: Tuvimos más relación con Chahuán y adhiero a cómo condujo la fiscalía, sobre todo en estas investigaciones, porque tras asumir tomó convicción de la gravedad de los hechos y avanzó, sin hacer distinciones en relación a las personas de que se trataba. Entendió que estaba en juego también la credibilidad de la fiscalía, la confianza de los ciudadanos y que su rol y el nuestro también era que se aplicara la ley a todos por igual y que se esclarecieran estos hechos. Lamentablemente, que la elección de un nuevo fiscal nacional se haya dado en medio de estos casos determinó el futuro de los mismos.

¿Por qué creen que fueron marginados de estos casos, primero Corpesca, luego SQM?

PN: Esa pregunta la deben responder quienes tomaron esas decisiones, pero sería bueno que se develara ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Nosotros estábamos intentando llevar adelante esa investigación, que en ese minuto abría un abanico de personas involucradas ya no sólo de la UDI,como en Penta, sino de todos los sectores.

CG: La explicación que me hago es que nosotros en la fiscalía nos transformamos en fiscales incómodos, que cuando teníamos investigaciones de este calibre adoptábamos decisiones sin tomar en consideración la calidad que pudieran tener los imputados.

¿Acaso los otros fiscales no provocan incomodidad?

CG: No digo eso. Cuando los nombraron teníamos la esperanza, por supuesto, de que estas causas terminan en manos de otros fiscales con juicios orales o sentencias condenatorias, con procedimientos abreviados incluso. Tal como, por ejemplo, está siendo llevado el caso Corpesca por la fiscal Ximena Chong.

¿No creen que vaya a haber más sentencias condenatorias en estos casos?

PN: Voy a esperar para ver qué ocurre, pero la salida alternativa implica renunciar a la sanción penal, y si sigue pasando eso, parece que va a haber pocas sentencias condenatorias.

CG: Esas salidas son razonables en delitos de baratela, de menor importancia. Si la suspensión bien utilizada es muy relevante en un proceso penal, pero para mí no debieran estar disponibles para hechos tan graves como los que se están investigando y que, además, fueron cometidos, en la mayoría de los casos, por funcionarios públicos.

Pero ustedes ofrecieron una suspensión a Alberto Cardemil. ¿Cuál era la diferencia con Moreira?

CG: Hay un sinnúmero de diferencias, el monto involucrado es menor, el número de boleteros involucrados es menor, la consecuencia de ese acto dañino fue irrelevante, el señor Cardemil no fue elegido, fue candidato a senador y perdió esa elección en la VI Región. Además, declaró respecto de todas las personas que recibió boletas, que fueron sólo dos, mientras que el señor Moreira guardó silencio respecto de todos aquellos otros boleteros respecto de los cuales solicitó boletas con otras empresas distintas a Penta y hay cosas que el senador nunca declaró. Es negocio de las defensas decir que esto es lo mismo, pero por algo, por tantos años el fiscal Chahuán ni este equipo accedieron a renunciar a una sanción penal.

Muchas veces de ustedes decían que optaban por llegar a abreviados porque lograban condena y no les gustaba ir a juicio oral...

CG: Lo que hemos hecho es investigar causas básicamente de corrupción, y la corrupción en nuestro país tiene penas de 61 días de cárcel. Así parte. Si un imputado reconoce esos delitos, lo sensato es que esa causa termine en un procedimiento abreviado.

Al fiscal Gómez no le pareció que lo criticaran por la salida ofrecida a SQM...

CG: Nos sentimos legitimados, porque fue este equipo de fiscales el que descubrió los correos entre el señor Pablo Longueira y el señor Patricio Contesse, y fuimos los que instamos ante el fiscal Sabas Chahuán y también ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, en la reunión tras la cual fuimos desvinculados del caso SQM, que debía iniciarse investigación por la gravedad que daban cuenta los e-mails que descubrimos en la investigación respecto de hechos en contravención de los deberes de su cargo, unido a pagos que se requerían desde el propio correo electrónico de Longueira, esos son los antecedentes que están en la carpeta de investigación.

PN: Y que dicen relación con la formación de una ley, la Ley del Royalty, y eso es gravísimo. El caso que tenía más por avanzar cuando nos marginan del equipo era SQM y luego no pasó mucho, hubo un avance muy superficial -en parte-, porque tampoco llegaron más querellas del SII. Pese a eso, en el delito más grave que se descubrió ahí, que era el cohecho a un funcionario público por parte de un ejecutivo de esa empresa, terminó sin reproche penal y con férrea oposición de un organismo tan importante como es el CDE.

Escuchándolos, da la impresión de que ustedes son los únicos fiscales que quieren buscar la verdad y hacer justicia...

CG: No, eso no es así. La fiscalía está llena de fiscales que todos los días hacen su trabajo, investigan y aclaran hechos de este tipo y otros. El motivo por el cual hemos renunciado es porque desde la dirección de la fiscalía, singularizada en el fiscal nacional, Jorge Abbott, y en los fiscales regionales que nos hemos referido, Pablo Gómez y Manuel Guerra, se han tomado decisiones cuyo resultado ha sido renunciar a la sanción penal por estos graves hechos.

PN: Yo también confío en los fiscales de Chile y sus funcionarios. Nuestro divorcio es con la jerarquía de la fiscalía. Porque la pregunta es ¿para qué uno quiere ser fiscal? ¿Para qué buscan tener el poder interno, ya sea la Fiscalía Nacional como la fiscalía regional? Debería ser para ejercer el rol de persecución penal sin distinción de persona alguna y eso la comunidad lo debiera demandar siempre.

Abogado Gajardo, ¿hace un mea culpa de su alto perfil público? ¿Le pudo jugar en contra?

CG: Es que no es un tema de los fiscales que estén en el caso, es el caso el que tiene una alta exposición pública. Le pasó al fiscal Pablo Gómez, que adquirió una notoriedad pública que antes no tenía, lo mismo a Guerra, al fiscal Emiliano Arias cuando asume SQM y Caval.

Pero usted tuvo un perfil más mediático que el fiscal Norambuena...

PN: Eso pasó porque Carlos era el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, yo era parte de su equipo, trabajábamos a la par, pero él era quien hablaba después de las audiencias, es algo natural que se dio así.

Pero esa sobreexposición se convirtió en crítica de los propios defensores que hicieron reclamos...

CG: Me había preocupado si los abogados defensores o los políticos investigados hubieran alabado nuestro trabajo. Fíjense que son las mismas críticas que se hacen en Brasil a los fiscales que están investigando la corrupción, ¿cuáles son las criticas que se hacen por parte de Lula y su entorno? 'La exposición mediática de los fiscales'. Pasa en todo el mundo, no es novedoso que cuando uno investiga te critiquen por un motivo u otro.

¿Y las críticas al uso que usted le dio a su Twitter sobre distintos temas?

CG: Encuentro que es una niñería estar preocupado del Twitter de una persona; si alguien cree que eso es importante, me parece que tiene perdido el foco.

¿No perdía objetividad al pedir por esa red penas más altas para los delitos que investigaba?

CG: Pero si esas son las banderas de la fiscalía. La fiscalía está para perseguir la corrupción, los fiscales nacionales en todas sus cuentas públicas han criticado las bajas penas de la corrupción. ¿Cuál es la novedad con que un fiscal de Alta Complejidad como yo, que estoy viendo esos temas, critique eso?

El Colegio de Abogados pidió limitarlo...

CG: El Colegio de Abogados es el grupo donde se juntan los grandes estudios jurídicos de este país. Hay 50 mil abogados en Chile y en la última elección votaron 1.492, o sea, representa al 3% de los abogados del país.

Tras dejar sus cargos como fiscales, ¿tienen la convicción de que la clase política es corrupta?

CG: No. Lo que me parece es que en Chile y en el mundo hay un problema grave con la manera en que se financia la política. En Sudamérica se ha visto con el tema de Odebrech; en Estados Unidos, donde se cuestiona lo millonario de las campañas de Trump como de Clinton, y es lo que está pasando en España, etc. Que en una democracia algunos financian a las personas que los van a representar en la política y que ese financiamiento condicione las decisiones que luego se van a tomar es un tema extremadamente grave y que el país debería tomarse muy en serio.

Los políticos sostienen que nunca tuvieron la intención de defraudar al Fisco, de rebajar la base imponible de las empresas, sólo querían financiar campañas...

PN: El querer financiar su campaña y el rebajar la base imposible de los impuestos de una empresa son cosas que van de la mano, no son incompatibles. Ellos muchas veces legislaron materias tributarias; decir que no sabían que estaban pidiéndole a un contribuyente anotar el RUT a una empresa para su contabilidad y luego ir a dejar ese documento a la propia firma a cambio de dinero, a sabiendas de que no se había realizado un servicio real, son indicios serios y graves de delitos tributarios.

¿Creen que en un juicio oral habrían logrado condenas?

CG: Jovino Novoa fue condenado por eso. En el procedimiento abreviado un juez revisa los antecedentes, ve que sean suficientes y dicta una sentencia condenatoria. La fiscalía tiene que probar que los hechos ocurrieron y para eso se cuenta con el reconocimiento de los hechos por parte del imputado y con la aceptación de esos antecedentes como válidos. En Chile ya se probó que esas conductas eran delito. Una sentencia condenatoria que en un procedimiento abreviado o juicio oral tienen el mismo valor. No son distintas.

¿Puede terminar este caso con Jovino Novoa como el único condenado por casos de boletas falsas en Penta?

PN: Obvio que puede terminar así. Va a depender de la manera en que decidan los fiscales que están a cargo de esta investigación. Ahora, hay que decir que en el caso SQM hay un par de políticos más condenados...

¿Se arrepienten de algo?

CG: No me arrepiento de nada de lo que hicimos en el caso Penta y en la fiscalía. Lo que sí es que tenía muy claro que cuando comenzó esta investigación iba a significar un perjuicio para posibilidades futuras de ascenso en la fiscalía.

¿Quieren emprender una carrera política?

CG: No me interesa, podría haber sido candidato y no fui.

¿Y en el futuro?

CG: Pero ¡quién puede decir lo que uno va a hacer en el futuro! Yo hace dos meses pensaba que iba a continuar mi carrera hasta los 75 años como fiscal, con Pablo Norambuena teníamos una carrera asegurada hasta los 75 años.

Dijeron que se van con dolor...

PN: Me voy con dolor, porque es una institución donde jurídicamente continué con mi formación, donde aprendí mucho, donde conocí personas muy valiosas y donde pude ejercer esta actividad de la profesión defendiendo intereses más bien generales, que me parece que son los intereses más permanentes. Me gustaba mucho llevarla a cabo. Pero, frente a tal contradicción, no había otra opción.

Algunos plantearon que dilataron su salida para obtener un bono en marzo...

CG: Es una crítica que parte de la ignorancia legal. La ley establece como delito al funcionario que renuncia intempestivamente a sus funciones. Si usted abandona cualquier función pública relevante de un día para otro, eso es un delito. Si alguien quiere hacer un análisis económico de esto, lo que le puedo decir es que el fiscal Norambuena y yo teníamos un trabajo asegurado con las más altas remuneraciones que entrega el Estado, hasta los 75 años. Si Ud. hace la multiplicación de nuestros sueldos por los 12 meses y por los 30 años que nos faltaba por jubilar, se da cuenta que renunciamos a una cantidad importantísima de dinero por una convicción ética.

¿Les parece que dado el impacto público de los hechos la fiscalía todavía debe una explicación pública de por qué opta por una salida alternativa a Moreira?

PN: Ninguna de las dos suspensiones, la de la empresa como la del imputado Moreira, van a tener una explicación que logre convencer a la comunidad de que es una decisión ajustada al principio de la igualdad ante la ley. Ambas van a ser como íconos de la desigualdad de trato y esa decisión de renunciar a una sanción penal es de las jerarquías de la fiscalía.

CG: Me imagino hoy día, los empresarios que están comportándose en su vida social, ¿cómo mirarán esta situación? ¿Lo mirarán con un grado que genere un foco de prevención en no cometer estas conductas? Si ven, por ejemplo, que estas situaciones se terminan y se solucionan por la vía del pago de una indemnización? El riesgo que tienen hoy es bastante bajo. Y ese parámetro lo fijaron las jerarquías de la fiscalía.

Abogados, ustedes generaron sobreexpectativas respecto de condenas a políticos por actos de corrupción a sabiendas de que las eventuales condenas eran bajas

PN: Cada una de las peticiones que la fiscalía realizó en su oportunidad las hizo a los tribunales de justicia, con antecedentes suficientes para poder dar cuenta de la existencia de los delitos, presunciones fundadas de participación y también la necesidad de cautela. No es un tema o no de si se generaron altas expectativas, la realidad de las conductas es que efectivamente son conductas graves, son delitos que son reiterados por años, por lo tanto, generan una prognosis de pena en su momento bastante alta. Ahora, lo que va a ocurrir hoy o en el futuro está en manos de terceras personas, por tanto, eso no lo podemos determinar.

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