La indómita Hertz

Carmen Hertz fue la principal impulsora y motor de la fallida acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema. Puso allí todas sus fichas y en el proceso evidenció sus fortalezas y deficiencias políticas.


Carmen Hertz habló fuerte, golpeado, segura y convencida. Pasadas las 22.30 del jueves 13, por 10 minutos tuvo el micrófono abierto en la que fue su última intervención antes de que se votara en la Cámara de Diputados la polémica acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema, por un supuesto notable abandono de deberes. Un acto del cual ella se convirtió en rostro desde el inicio.

Un día antes, Hertz reconocía que casi todo lo que tenía que ver con la acusación, al menos públicamente, se había personalizado en ella. Que por eso un par de diputados de la UDI habían armado “una maniobra miserable” -como ella calificó- para solicitar su inhabilidad, porque supuestamente tenía intereses personales involucrados: el secuestro, asesinato y desaparición de su esposo, Carlos Berger, en octubre de 1973, a manos de la llamada Caravana de la Muerte.

En privado, la abogada sostenía que ni siquiera fue su idea presentar la acusación y que solo era la vocera de un grupo de diputados, todos de oposición, que creían que se debía sancionar a los tres ministros -Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama- por conceder, en apenas 24 horas, siete libertades condicionales a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.

La idea de armar una acusación constitucional fue -en realidad- del diputado Jaime Naranjo (PS), quien pronto halló apoyo principalmente en el Partido Comunista (PC). Coordinó con los jefes de las distintas bancadas y algunos parlamentarios de oposición (ex Nueva Mayoría, Frente Amplio y la Federación Regionalista Verde Social) para elaborar y patrocinar el libelo. Entre ellos estaba Hertz, la abogada de DD.HH., hoy diputada comunista por el distrito N°8. Por unanimidad, fue elegida vocera del grupo.

“No hubo discusión: alguien propuso el nombre de Carmen y fue unánime e inmediato. Su protagonismo no es porque ella lo haya querido asumir ni una imposición del PC, sino por un acuerdo, porque tiene una formación jurídica en DD.HH. bastante potente, es seria, responsable y prudente”, explica Naranjo.

Carmen Hertz pasó a ser el motor de la acusación, su principal impulsora. Categórica en su discurso, iría hasta las últimas consecuencias, sin medias tintas. De esos días se le recuerda recorriendo las oficinas de los diputados más jóvenes -militantes del Frente Amplio- consiguiendo respaldo al libelo cuando éste comenzaba a debilitarse: “Tienes que firmar”.

Severa en el trato, pocos se animan a contradecirla, particularmente en el tema de los DD.HH., donde plantea sanciones para todos quienes hayan participado en las violaciones del régimen militar, cueste lo que cueste y tarde lo que tarde. Y aquí era igual: aunque seguir adelante con la acusación constitucional podía implicar un quiebre entre los defensores de las víctimas por DD.HH., ni eso la hacía dudar.

El 22 de agosto presentaron la acusación y se desataron los cuestionamientos, incluso entre abogados y organizaciones de DD.HH. hubo voces que les pedían a los diputados que recularan, porque aunque pudieran tener razón en el fondo, las consecuencias sobre el débil equilibrio en la Corte Suprema podrían ser tremendamente adversas para las víctimas que aún tienen causas abiertas.

Pero no echarían pie atrás. Cuando Hertz supo que su amigo y colega Nelson Caucoto estaba en desacuerdo, lo llamó. Fue antes de que él firmara una carta pública junto a otros 32 actores del mundo de los DD.HH. en contra de la acusación. Él le advirtió que se equivocaban: le habló de la trayectoria de los jueces, de lo que había costado crear jurisprudencia y del impacto que podría tener sobre sus futuros fallos y la composición de la Sala Penal. Pero ella no se movió ni un ápice: le dijo que no era un error, sino algo imperativo que no podían dejar de hacer. Que sus aprensiones eran legítimas como litigante, pero que como diputada, su foco ahora era otro.

“Ella defiende principios a ultranza que no puedo desconocer e incluso comparto. Pero hay que aterrizarlos a la realidad, si no, al final van a provocar más daño. Ha sido muy difícil formar mayorías en la Corte Suprema y significaría romper un equilibrio que todavía es muy endeble. No podemos dispararnos a los pies. Ahí nos separamos con la Carmen”, decía Caucoto a Reportajes un par de días antes de la votación en el Congreso.

Aun así -como un gesto a la diputada comunista- la carta de los abogados vinculados a las causas de DD.HH. fue matizada para no aparecer enfrentados categóricamente a su postura.

Al final, la acusación se cayó y se convirtió en el primer revés político de Hertz en el Congreso.

El camino de Carmen

Los Hertz Cádiz eran de derecha. Germán, su padre, militaba en el Partido Liberal. Su madre, que se llamaba igual que ella, era activista del Partido Nacional. Por eso, Carmen Hertz cuenta que cuando a los 16 años entró a Derecho en la Universidad de Chile y partió su actividad política vinculada a la izquierda, esa arista de su vida se volvió tabú: “Para ellos era como si esa parte de mi vida no existiera”.

Dice que siempre entendió la política como un proyecto colectivo y que ya en los 60 era el eje de su vida. Todo su entorno se entrelazaba a través de la acción política.

Militó un tiempo en el MIR y, tras el triunfo de Salvador Allende en 1970, se enroló en el PC. Al tiempo se casó con el abogado y periodista comunista Carlos Berger. Tuvieron un hijo, al que llamaron Germán.

Para el golpe vivían en Chuquicamata. Él a cargo de Radio El Loa; ella, abogada de la compañía minera. Berger fue detenido el mismo 11 de septiembre y un Consejo de Guerra lo sentenció a 60 días en la Cárcel de Calama, por no acatar el cese de transmisiones. De ahí fue sacado, torturado, fusilado y desaparecido por la Caravana de la Muerte, que comandaba el general Sergio Arellano Stark. Recién en 2014 se identificaron como suyos unos pequeños fragmentos de hueso hallados en 1990 en el desierto.

Carmen y su hijo se fueron al exilio. Primero a Buenos Aires y luego a Caracas. Volvieron en abril del 77, y al mes partió como abogada de la Vicaría de la Solidaridad. Se empezaba a perfilar como activista de los DD.HH.

“Nunca sentí que fuera abogada de la vicaría porque habían asesinado a Carlos. Aunque no lo hubieran matado, habría trabajado ahí igual. Era lo que me correspondía hacer. No veo qué otra opción podría haber tenido”, dice.

Ahí estuvo hasta el cierre de la vicaría, en 1992, y todo ese tiempo estuvo alejada del PC. Tiempo después se integró a la dirección de DD.HH. de la Cancillería, donde una expareja de sus años universitarios, José Miguel Insulza, era subsecretario. Una decisión atípica para una militante de un partido ajeno a la Concertación.

“Era un mundo completamente distinto el de la política exterior en materia de DD.HH. Me tocó atender la comisión en Ginebra, ir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y ser parte activa en la delegación chilena en la Conferencia de Roma, que aprobó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Era una vorágine de trabajo, pero mantuve vigente mi vínculo con el mundo de los DD.HH. en Chile. A la hora que alguien me decía algo, yo renunciaba”, señala.

Y eso hizo tiempo después.

En agosto del 98 su hijo la llamó desde Barcelona a Nueva York y le comunicó que Augusto Pinochet estaba detenido en Londres, por una causa en la que Hertz era querellante en Madrid. Días después renunció. No tanto por el posible conflicto de intereses, sino por una cosa de principios. “Me era imposible seguir trabajando con un gobierno que estaba desconociendo la jurisdicción universal de los DD.HH.”, dice.

Se centró en llevar a Pinochet ante la justicia. Fue querellante en el caso Riggs y logró su desafuero y procesamiento el año 2000. En paralelo, regresó a la diplomacia en el gobierno de Ricardo Lagos, como agregada en Ginebra a la misión chilena en la Comisión de DD.HH. Volvió en 2004 como abogada al Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior. Y ahí estaba cuando en 2005 fue por primera vez considerada por el PC y el Juntos Podemos como una opción para el Congreso.

Se postuló a diputada, pero no le alcanzaron los votos. Al llegar Michelle Bachelet a La Moneda, le ofreció una embajada. Optó por Hungría, “porque la familia de Carlos Berger era judía-húngara”. Allí estuvo cuatro años, volvió a la dirección de DD.HH. en la Cancillería y todo acabó en 2010, cuando Sebastián Piñera asumió su primer gobierno. “De ahí me fui y no estuve en nada público, hasta ahora”, dice.

En el Congreso

A Carmen Hertz le preguntaron varias veces en una entrevista cómo conseguirían los apoyos políticos para aprobar la acusación constitucional, pero no supo responder. Hacía una semana que el libelo se había presentado, y a esa altura ya se veía complejo que los firmantes del documento lograran los votos suficientes en la Cámara. Incluso, entre sus mismas filas -las del PC- había quienes dudaban. Le preguntaban, entonces, por ese trabajo político tras bambalinas para buscar diputados que adhirieran, pero ella respondió que tenían “el apoyo irrestricto” de las agrupaciones de familiares de víctimas por DD.HH.

Le insistieron. Le dijeron que sin apoyo político todo se caería, aun cuando tuvieran sustento jurídico, pero ahí ella habló de la presión en contra a través de los medios, de la oposición del establishment y de que al menos tenían “el apoyo del ciudadano de a pie”. Al final, no dijo nada de ese trabajo político. Dos semanas después, la acusación se caía por 73 votos en contra y 64 a favor.

Consultada por Reportajes, Hertz dijo que ese no era su trabajo. Que conversó con algunos sus argumentos, pero que no negoció apoyos. “Porque no me corresponde”, dijo. Aunque en el Frente Amplio hay diputados que aseguran que, al menos con ellos, sí realizó gestiones para contar con sus votos.

“Cuesta moverse aquí. No participo mucho en todo eso (conversaciones de pasillo, arreglos, negociaciones o acuerdos), porque tengo otra forma de relacionarme. Más con la verdad que con el bluf. No soy un jugador de póquer ni uso chamullos”, agregó.

Hertz llegó al Congreso con apenas un 3,8% de los votos de su distrito y se instaló de inmediato en las comisiones de las áreas en que se maneja: en la de DD.HH. -donde de entrada asumió la presidencia con apoyo transversal-, y en la de Relaciones Exteriores. Y ahí se ha posicionado como un puente, principalmente con parlamentarios del Frente Amplio. De hecho, quien la postuló a la presidencia de la Comisión de DD.HH. fue el diputado Miguel Crispi (RD), y Pamela Jiles (PH), la primera en apoyarla.

En junio debutó en la primera línea política con una acalorada interpelación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el retiro que hizo el gobierno de un proyecto de ley que buscaba la reparación económica a víctimas del régimen militar y sus familias. Dice ella que desconfía de todos desde que estaba en la vicaría, y que por eso nunca mostró ni consultó con nadie, ni siquiera en su bancada, las preguntas que le haría al ministro. Hubo discusiones, abucheos, gritos y desalojos. Al final de esa jornada, se aprobó un acuerdo para pedirle al gobierno la reposición del proyecto, un documento que lleva como única firma la de Hertz.

Fue ese quizás su primer triunfo en el Congreso. El segundo pudo ser la fallida acusación constitucional.

Hertz cuenta que ahora, en la Cámara, ha podido hablar cosas que antes, cuando cumplía un rol diplomático, nunca le habían permitido. Que a pesar de la dureza de sus posiciones, ha logrado una buena relación con los diputados de derecha en las comisiones que integra, y que incluso Javier Macaya (UDI) se le acercó y le pidió disculpas por pedir que se la inhabilitara ante la acusación constitucional, que no había sido nada personal.

Ya antes de caerse la acusación, Hertz consideraba que no sería un fracaso. Que el revuelo permitió acelerar el proyecto que restringe las libertades condicionales a criminales de lesa humanidad (ya aprobado en comisión mixta) y poner el tema en el debate público. Que los mismos jueces de la Suprema recularon y en los fallos que siguieron rechazaron las libertades condicionales. Dice que hay que evaluarlo como parte de un proceso. Y sobre su estilo en el Congreso, señala:

“No soy una operadora política ni pretendo serlo. Me llevo siempre por mis convicciones y eso es lo que me da satisfacción, alegría y fuerza. ¿Qué más puedes esperar?”.

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