En 2016, Chile promulgó la Ley N°20.920 (Responsabilidad Extendida del Productor, REP) que redefinió el modelo de gestión de residuos en el país. Diez años después, el Día Nacional del Reciclaje encuentra a la política pública en una etapa distinta: el debate ya no gira en torno a la norma, sino a cómo hacer que el sistema opere en la práctica v a escala nacional.

En ese marco, 2026 resulta determinante. En julio entra en vigor el nuevo reglamento sanitario que ordena la operación de Puntos Verdes, Puntos Limpios, Centros de Acopio y campañas de recolección bajo la Ley REP. La norma fortalece la trazabilidad y la coordinación entre los sectores público y privado.

En paralelo, se ajustan las condiciones para la plena implementación del DS N°22, sobre residuos eléctricos y electrónicos, prevista para 2028. Si bien el marco institucional avanza, la interrogante de los actores del sector es si la capacidad instalada lo hace al mismo ritmo.

La distancia entre ley y sistema

El dato más elocuente lo entrega la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, publicada en 2025: el 86% de los residuos del país se elimina mediante disposición final, es decir, termina principalmente en rellenos sanitarios o sitios de eliminación. La cifra no habla de falta de conciencia, sino de un sistema que no responde.

La gerenta de Economía Circular de Midas Chile, Mitzy Lagos, sostiene que “las principales brechas hoy son de infraestructura y cultura”, y precisa que la segunda depende casi por completo de la primera: sin puntos de recepción cercanos, confiables y permanentes, el reciclaje seguirá siendo un esfuerzo excepcional y no un hábito. “El reciclaje no se construye únicamente con leyes y decretos, se construye habilitando flujos y sistemas que faciliten la participación de las personas” , afirma.

Lagos introduce el concepto de “minería urbana” para señalar que esos aparatos contienen materias primas críticas que Chile pierde en rellenos sanitarios, en circuitos informales o mediante exportaciones sin valor agregado. “En los residuos electrónicos hay una verdadera oportunidad de minería urbana: contienen cobre, litio, oro y otros materiales críticos que hoy Chile está perdiendo, cuando podrían volver a la economía como materias primas”, advierte.

Su llamado de atención sobre el riesgo de operadores informales explica por qué el nuevo reglamento sanitario y el DS N°22 ponen tanto énfasis en la trazabilidad. Se trata de asegurar que lo recolectado tenga un tratamiento ambientalmente adecuado.

El rol de los municipios

Desde ReSimple, sistema de gestión de envases y embalajes, su gerenta general Gisela Escobar Koch, sitúa el debate donde la REP realmente define su efectividad: el territorio. Para Escobar, el principal desafío trasciende lo normativo y se vincula con la realidad operativa que ya existe en comunas, recicladores de base y gestores.

En esa línea, considera que la revisión del Decreto 12 debiera ajustar las metas a la capacidad real del país. “Hoy el gran desafío es que el sistema logre conectar mejor con la realidad del reciclaje en Chile. Existe mucho trabajo que ya se está haciendo en municipios, recicladores de base y gestores; lo clave es que todo esto pase bajo el alero del sistema REP para fortalecer el sistema”, sostiene.

La experiencia muestra que cuando los municipios se integran activamente, las tasas de reciclaje crecen, pero a un ritmo todavía insuficiente para cumplir las metas de la ley. Según sus datos, cada nuevo municipio que se incorpora aporta en promedio 100 gramos por habitante al mes: menos de una botella a la semana.

Esa brecha obedece, en parte, a la falta de educación ambiental permanente y a la ausencia de sistemas diseñados para facilitar la separación en origen. “Sin educación, no hay separación correcta en origen; sin separación en origen, no hay valorización efectiva. El desafío es fortalecer el componente educativo como una política permanente y no como una acción puntual: esto es una tarea de todos los actores involucrados”, señala Escobar.

Además, advierte que la expansión de instalaciones de recepción y almacenamiento depende de procesos de habilitación que, cuando se extienden en exceso, impiden que la infraestructura crezca al ritmo que exige la norma.

Alianzas que se anticiparon a la Ley

La conmemoración de los 16 años del Punto Limpio La Reina, celebrada el pasado jueves 14 de mayo, demuestra que parte de esta infraestructura comenzó a construirse mucho antes de que la Ley REP lo exigiera. La alianza entre TriCiclos y Sodimac permitió crear la primera red privada de puntos limpios del país, hoy extendida de Arica a Castro.

El gerente de Sostenibilidad y Cumplimiento de Sodimac, Juan Carlos Corvalán, señaló que esa infraestructura se construyó “mucho antes de la Ley REP” y que hoy se pone a disposición de los sistemas de gestión colectivos, lo que evidencia que la política pública se monta sobre aprendizajes y activos previos del sector privado y la sociedad civil. “Estamos muy orgullosos de haber contribuido a generar una mayor cultura de reciclaje en Chile. Hoy nos alegra aportar nuestros puntos limpios a la nueva institucionalidad de sistemas de gestión colectivos y poner nuestras tiendas a disposición para habilitar más espacios de reciclaje que contribuyan a cumplir las metas del país”, indicó.