El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 11 de agosto que ordenó desplegar a la Guardia Nacional en Washington DC y que pondrá bajo control federal a la policía de la capital estadounidense.

En una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que “nadie quiere ser asaltado, violado, tiroteado y asesinado” , y aseguró que la tasa de homicidios en Washington DC es más alta que en algunos “de los peores lugares del mundo”.

Trump también afirmó que el número de robos y secuestros de automóviles ha aumentado.

Sin embargo, de acuerdo a registros de la policía local revisados por la BBC, se ha visto una reducción del 7% en todos los delitos cometidos en la capital en lo que va del año.

De la misma manera, se ha registrado una disminución del 26% en el número total de delitos violentos y los homicidios han descendido en un 12% durante el mismo periodo.

Tras el anuncio de Trump, la alcaldesa de Washington DC, la demócrata Muriel Bowser, calificó las medidas del republicano como “inquietantes” y “sin precedentes”.

“Hemos trabajado rápidamente para promulgar leyes para sacar a los delincuentes violentos de nuestras calles”, declaró la edil, para luego enfatizar que han “observado una enorme disminución de la delincuencia gracias a esos esfuerzos”.

Bowser subrayó que los delitos violentos se encuentran actualmente en su nivel más bajo en tres décadas.

No obstante, el anuncio de este lunes considera el despliegue de unos 800 efectivos de la Guardia Nacional en Washington DC, que en palabras de Trump, ha sido “invadida por bandas violentas y criminales sanguinarios”.

Junto con ello, el mandatario dijo que las medidas anunciadas permitirán eliminar los “barrios marginales” de personas sin hogar en la capital.

El anuncio fue el último de una serie de iniciativas que la administración Trump ha adoptado para ampliar los límites del despliegue de tropas estadounidenses en territorio estadounidense.

Según rescata el Wall Street Journal, esto ha desencadenado un intenso debate legal sobre la creciente presencia del ejército estadounidense en el país norteamericano.

Cómo Trump está ampliando el rol de las Fuerzas Armadas en EEUU

Durante los primeros meses de su segundo gobierno no consecutivo, Trump también ha ordenado la utilización de bases militares estadounidenses como centros de detención de migrantes y ha desplegado tropas en la Guardia Nacional en Los Ángeles (California) y en la frontera sur de Estados Unidos.

La investigadora principal del German Marshall Fund y exprofesora de la Escuela de Guerra del Ejército estadounidense, Carrie Lee, comentó al citado periódico refiriéndose al reciente anuncio: “La interpretación más benigna es que se trata de un intento de obtener una victoria en las relaciones públicas al atribuirse el mérito de las tasas de criminalidad, ya históricamente bajas, en Washington DC”.

“La interpretación más pesimista es que se trata de un ensayo para usos legalmente más cuestionables de las fuerzas militares en otras ciudades estadounidenses”.

El mismo día en que Trump hizo el anuncio sobre la Guardia Nacional en Washington DC, inició en San Francisco un juicio federal relacionado con la decisión del presidente de desplegar a la Guardia Nacional y a marines en California hace dos meses, con el objetivo de enfrentar las protestas.

Aquella orden de su administración se dio en contra de las directrices del gobernador californiano, el demócrata Gavin Newson.

Desde su primer periodo presidencial, Trump ya había amenazado con recurrir a la fuerza militar estadounidense para responder a problemas internos.

De hecho, según rescata el Journal, el entonces jefe de gabinete, John Kelly, comentó que uno de sus mayores desafíos fue disuadirlo de usar a las Fuerzas Armadas en territorio estadounidense.

Según Kelly, el líder republicano no entendía del todo que solo debían desplegarse en circunstancias excepcionales.

Durante casi 150 años, la Ley Posse Comitatus de Estados Unidos ha limitado el papel de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la ley nacional y ha impedido que puedan vigilar a civiles, salvo en casos excepcionales y definidos legalmente.

Pero desde que Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de este año, ha desplegado a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas estadounidenses en el territorio estadounidense en varias oportunidades.

Hace dos meses, en junio, desplegó efectivos de la Infantería de Marina y de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, cuando se desataron las protestas en contra de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener a presuntos inmigrantes ilegales.

De la misma manera, su administración ha desplegado soldados en servicio activo en la frontera entre Estados Unidos y México, en donde han detenido a migrantes dentro de la recientemente declarada “Zona de Defensa Nacional”.

Asimismo, se han utilizado aviones de la Fuerza Aérea estadounidense para trasladar a detenidos fuera del país.

En julio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó a los legisladores que las bases militares en Nueva Jersey e Indiana se utilizarían para albergar a detenidos sospechosos de ser inmigrantes indocumentados, quienes serían supervisados por el Departamento de Seguridad Nacional.

Según rescata el Journal, esto ampliaría la red de instalaciones militares para migrantes detenidos, la cual incluye bases militares en Fort Bliss (Texas) y Guantánamo (Cuba), que ya han sido utilizadas para recluir.

Tras el reciente anuncio de Trump, el portavoz del Ejército, Dave Butler, afirmó que los efectivos de la Guardia Nacional no entrarían en contacto directo con civiles y precisó que solo proporcionarían presencia para disuadir a los criminales, además de entregar apoyo administrativo y logístico a las fuerzas del orden.

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre cuánto tiempo permanecerán desplegados los efectivos de la Guardia Nacional en Washington DC.

El profesor de ciencias políticas y políticas públicas de la Universidad de Duke, Peter Feaver, declaró al citado periódico que “estas misiones son muy complejas para las Fuerzas Armadas, y su éxito o fracaso depende de los detalles de implementación, que aún son confusos”.

“Cuanto más se acerquen los detalles de implementación al trabajo policial tradicional, más problemático será, tanto legal como operativamente, para las Fuerzas Armadas”, sentenció el experto.