SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada presenciamos el debate entre la Municipalidad de Las Condes y el Ministerio de Hacienda acerca del proyecto que propone un aumento en el porcentaje que dicha comuna debería aportar al Fondo Común Municipal (FCM) por concepto de contribuciones. El proyecto del Ejecutivo busca elevar este aporte del 65 % al 80 % en contribuciones territoriales y del 65 % al 70 % en patentes comerciales.

Es legítimo discutir la estructura tributaria desde una perspectiva de justicia territorial, especialmente si se busca beneficiar a municipios con menores recursos. No obstante, el contexto electoral en que surge la propuesta invita a reflexionar sobre su pertinencia.

Cabe destacar que, gracias a la Ley de Royalty Minero, en 2024 se transfirieron más de $93 mil millones directamente a 307 comunas del país. Estos recursos, beneficiaron en gran medida a municipios con alta dependencia del FCM. Sin embargo, tales aportes no pueden reemplazar la discusión de fondo sobre el mejoramiento de la gestión municipal.

Es sabido que la mayoría de las comunas del país dependen en gran medida del FCM. En este escenario, fortalecer los mecanismos de control interno, la planificación estratégica y la eficiencia administrativa es tan urgente como debatir sobre la estructura tributaria.

La existencia y relevancia del FCM no están en duda. Pero debemos abandonar la idea de que todo problema público se resuelve aumentando recursos, relegando a un segundo plano el fortalecimiento de la eficiencia en la gestión pública local.

Rodrigo Espinoza Troncoso

Director Escuela de Administración Pública UDP