SEÑOR DIRECTOR:

Las investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios públicos en redes ligadas al crimen organizado abren una pregunta inquietante: ¿qué ocurre cuando quienes deben perseguir el delito pasan a formar parte del problema?

El sistema de persecución penal es una garantía esencial para que el Estado de Derecho funcione, sancione abusos, enfrente la corrupción y proteja a la ciudadanía. Si policías, fiscales u otros organismos son permeables a redes criminales, el riesgo deja de ser puntual y se vuelve sistémico: baja el costo de delinquir, aumenta la impunidad y se debilita la confianza institucional.

Los casos conocidos recientemente obligan a preguntarnos quién vigila al vigilante. El problema se agrava cuando la ciudadanía deja de confiar en que denunciar es seguro. Sin denuncias ni cooperación, disminuye la capacidad de investigar y crece el espacio para que el crimen organizado intente cooptar funcionarios.

La infiltración es especialmente grave porque no busca influir en una decisión aislada, sino instalar operadores dentro del aparato encargado de detectar y perseguir delitos. Es como pasar de intentar sobornar al árbitro a controlar también la cabina del VAR.

La respuesta tampoco puede ser debilitar garantías ni controles democráticos bajo la promesa de “mano dura”. Que estas redes sean investigadas demuestra que aún existe capacidad de reacción, pero no debe llevarnos a la complacencia. Estamos a tiempo de fortalecer controles, prevención y transparencia. La confianza pública depende de ello.

Hugo Muñoz

Investigador del Centro de Estudios en Seguridad, U. Central