SEÑOR DIRECTOR:

Las recientes imágenes de violencia escolar generan una pregunta recurrente: ¿qué les pasa a estos jóvenes? Proponemos otra: ¿qué les hicimos?

Los datos son elocuentes. Los reportes de violencia escolar aumentaron un 74% entre 2023 y 2024. El 44% de los estudiantes de segundo medio declara haber sido víctima de acoso. Un estudio en Frontiers in Education reveló que el 63% de los adolescentes chilenos muestra signos de ansiedad y el 60%, síntomas de depresión. En cualquier otro ámbito de la medicina, lo llamaríamos epidemia.

Esta crisis no es accidental. Es el resultado de omisiones estructurales: un sistema educativo que la OCDE identifica como el más segregado entre sus miembros, una inversión en salud mental que no supera el 2% del gasto total —frente al 5% comprometido— y una cobertura infantojuvenil que alcanza apenas el 20%. Los hechos de Calama, con la muerte de la profesora Katherine Yoma en 2024 y de la inspectora María Victoria Reyes en 2026, ilustran brutalmente lo que significa gobernar sin priorizar la salud mental de niños y adolescentes.

Preocupa la tendencia a psiquiatrizar la violencia escolar como si fuera un problema clínico individual. El diagnóstico no cambia el barrio. La receta no reemplaza la política pública. Lo que protege a un adolescente son vínculos seguros, pertenencia comunitaria y presencia real del Estado. Nada de eso viene en una prescripción.

Chile tiene leyes y programas. Lo que falta es la voluntad de financiarlos e implementarlos. Mientras esa brecha persista, cualquier protocolo será solo un parche.

Juana Villarroel Garrido

Médico psiquiatra

Hospital Clínico de la Universidad de Chile