SEÑOR DIRECTOR:

El Ejecutivo ingresó indicaciones al proyecto de ley de sala cuna, iniciativa que sin duda se aplaude. Ahora bien, el financiamiento del fondo (alrededor de US$ 300 millones) sería a través de una disminución de la cotización del seguro de cesantía, tanto individual como colectivo, lo cual ha levantado legítimas alarmas sobre su sostenibilidad. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que es la única fuente de financiamiento responsable. Una mirada válida en tiempos de estrechez fiscal y contracción del empleo; sin embargo, es oportuno analizar la coyuntura en su conjunto.

Actualmente, el plan de reconstrucción contempla US$ 1.400 millones en créditos tributarios a la contratación. Si bien estas medidas buscan evitar despidos, corren el riesgo de ser poco efectivas si no abordan barreras estructurales como el actual “impuesto al empleo femenino” que representa el costo de la sala cuna. ¿No sería una buena idea redireccionar una parte de estos créditos para el empleo para cofinanciar el fondo de sala cuna? De esta forma, el costo del financiamiento no se carga únicamente al fondo de cesantía de los trabajadores, sino que se comparte con el Estado.

Avanzar en corresponsabilidad social no es sólo un imperativo ético, sino una estrategia de modernización para un crecimiento sostenible. El desafío es avanzar hacia una sociedad donde el bienestar de la familia no se sostenga sobre el sacrificio individual, y donde las madres puedan desarrollarse y educar a sus hijos con libertad y dignidad.

Verónica Campino G.H.

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar