SEÑOR DIRECTOR:

El 1 de agosto, este medio publicó una carta de la abogada Carla Fernández M., titulada “Dignidad selectiva del INDH y CPT”. En ella, con notable claridad jurídica, se exponen los fundamentos que respaldan el proyecto de ley que permitiría a condenados de edad avanzada o con enfermedades graves cumplir sus penas en reclusión domiciliaria total.

Más allá de su valor técnico, la carta representa un llamado urgente a restaurar un debate que ha sido distorsionado por criterios ideológicos, exigencias improcedentes y visiones parciales de la dignidad humana.

En tiempos donde ciertos temas son políticamente vetados, se agradece que existan profesionales que —como la abogada Fernández— se atrevan a defender principios universales, incluso en terreno hostil.

Sincerar el debate, como ella propone, no es solo un imperativo moral. Es, además, una condición para que el Derecho vuelva a ser garantía de justicia, y no un instrumento de castigo selectivo.

Christian Slater E.

Coronel (R) del Ejército de Chile