SEÑOR DIRECTOR:

El 12 de agosto de 2022 fui invitada al acto en el cual fue anunciado el nuevo Sistema Automatizado de Identificación Biométrica, que iba a permitir que cada una de las 27 oficinas de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región Metropolitana pudiera identificar, en minutos, una huella dactilar o una imagen facial utilizando la base de datos del Registro Civil.

El proyecto, financiado íntegramente por el Gobierno Regional, contemplaba una inversión cercana a $5.000 millones y, como se anunció en la ocasión, debía estar operativo ese mismo año.

Estamos en 2025 y el proyecto aún no se ejecuta. La demora y falta de esta herramienta tecnológica ha significado que numerosos casos queden sin esclarecer o, simplemente, se cierren sin una condena.

Lamentablemente, según publicó La Tercera hace unos días, el Gobierno Regional ha desistido de financiar el proyecto. Ante ello, cabe preguntarse: ¿Cuál es la explicación para este retroceso? ¿Cómo es posible que el Estado no sea capaz de gestionar un proceso que está en el corazón de las prioridades ciudadanas?

El recientemente estrenado Ministerio de Seguridad debe asumir el liderazgo en la formulación de una propuesta concreta para fortalecer las capacidades de investigación de nuestras policías y del Ministerio Público. Es imperativo avanzar hacia un sistema moderno y eficiente que esté a la altura de los desafíos delictuales actuales y de las expectativas ciudadanas en materia de justicia.

Hoy, más del 90% de los robos denunciados en Chile queda sin condena. La brecha tecnológica en el sistema de persecución penal se agrava cada día. Con ello, crece también la desconfianza de la población respecto a la capacidad del Estado y sus autoridades para solucionar sus problemas. No nos preguntemos después por qué la democracia sigue perdiendo valoración a ojos de las personas.

Camila Merino C.

Alcaldesa de Vitacura