SEÑOR DIRECTOR:

El caso de la ministra Ximena Lincolao y los encuentros informados con representantes de Google y Meta deben ser mirados con prudencia, pero no con ingenuidad. No toda reunión con privados constituye lobby: el criterio legal es si busca influir en decisiones públicas, contratos, regulaciones o programas. Pero cuando involucra a autoridades de alto nivel y a las mayores tecnológicas del planeta, el estándar no puede ser el mínimo formal: debe ser máxima trazabilidad.

La ciudadanía tiene derecho a saber quién se reunió con quién, cuándo, para qué y por qué esa interacción fue (o no) registrada bajo la Ley de Lobby. Si fue una reunión técnica, administrativa o protocolar, corresponde explicarlo con antecedentes. Las categorías formales no pueden transformarse en atajos ocultos para contactos con actores de impacto regulatorio, económico y tecnológico.

El contexto legal actual agrava la sensibilidad del asunto. Chile está a pocos meses de la entrada en vigencia de la Ley 21.719, que moderniza la protección de datos personales, crea una nueva agencia fiscalizadora y contempla multas que pueden sobrepasar el millón de dólares, hasta 20.000 UTM. Estamos ante un reacomodo regulatorio clave para plataformas digitales, inteligencia artificial, tratamiento masivo de datos y negocios basados en información personal, mucho más que el RUT de cada ciudadano.

La reciente visita del cofundador de Palantir, Peter Thiel, a Chile, abre otra pregunta pública: ¿hubo contactos con autoridades de Gobierno, Defensa o Seguridad, aunque fuera como “saludo protocolar”? Si los hubo, debieran transparentarse. En estos ámbitos, la opacidad no es un detalle administrativo.

El problema de fondo no es solo si hubo infracción formal. La pregunta institucional es otra: ¿tenemos reglas capaces de iluminar cómo se influye realmente en las decisiones públicas?

Esa influencia ya no ocurre solo en audiencias agendadas. También puede gestarse en reuniones técnicas, mensajes previos, saludos protocolares y fundaciones que ejecutan fondos públicos.

Mientras la llamada Ley de Transparencia 2.0 lleva más de siete años en trámite y la confianza institucional se erosiona, Chile sigue acumulando casos que muestran que la probidad no puede depender del criterio de la autoridad de turno. La transparencia y la participación ciudadana no deben llegar cuando las decisiones ya están cocinadas. En datos, IA y grandes tecnológicas, también hay que alumbrar la antesala del poder.

Cristóbal Hahn Roth

Director Fundación América Transparente