Un juez federal de Estados Unidos desestimó este viernes la causa penal contra el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego por tráfico de personas, al considerar que la investigación por este cargo estaba “viciada”, e hizo notar el carácter de “represalia” de la Administración Trump al imputarle los hechos.

“Las pruebas objetivas del caso demuestran que, de no ser por la demanda que Abrego ganó contra su expulsión a El Salvador, el Gobierno (estadounidense) no habría iniciado este proceso judicial”, señaló el magistrado de distrito de Tennessee, Waverly Crenshaw, en su dictamen.

“Solo después de que Ábrego lograra reivindicar sus derechos, el Poder Ejecutivo reabrió dicha investigación. Lo que el Gobierno califica como ‘nuevas pruebas’ no era nuevo desde el punto de vista jurídico. La buena fe subjetiva del fiscal no subsana el carácter de represalia”, aseguró Crenshaw.

En su escrito el juez además apunta a que “de no ser por la investigación viciada de (el fiscal general interino, Todd) Blanche, (...) (el fiscal adjunto del Distrito de Tennessee, Rob) McGuire no habría solicitado una acusación contra Ábrego”.

Tras regresar a Estados Unidos después de ser deportado por un “error administrativo” a El Salvador, Ábrego fue acusado de tráfico de personas ante un tribunal de Nashville, en el estado de Tennessee, donde fue arrestado en 2022 durante un control de tráfico mientras transportaba a nueve migrante irregulares en su vehículo.

Según los fiscales, transportó a personas indocumentadas en Estados Unidos en más de 100 viajes entre Texas, Maryland y otros estados. Además, fue inculpado de tener vínculos con el grupo criminal Mara Salvatrucha, pero se declaró no culpable de dichos cargos.

El migrante salvadoreño fue deportado en un primer momento a mediados de marzo y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador -impulsado por el presidente Nayib Bukele-, aunque la Justicia ordenó su retorno a EE.UU. al considerar que se trataba de un error administrativo.