SEÑOR DIRECTOR:

El diputado Juan Irarrázaval impulsa un proyecto de ley que busca prohibir toda forma de gestación subrogada en Chile, argumentando que mercantiliza a la mujer y vulnera la dignidad de madres e hijos. Antes de legislar sobre una realidad tan compleja, convendría escuchar también a quienes la han vivido.

Yo nací sin útero, por el síndrome de MRKH. Mi hija existe porque mi cuñada, hermana de mi marido, decidió gestarla para nosotros: sin lucro, sin intermediarios, solo por amor y una decisión libre y reflexionada. Comparto esta historia porque quienes solo ven un lado de esta realidad merecen conocer también el otro: detrás de la gestación subrogada también hay amor, no solo explotación.

No desconozco que el abuso existe, y que el Estado debe proteger a las mujeres que gestan desde una posición de vulnerabilidad. Pero el proyecto parte de una premisa discutible: que si una práctica puede usarse para explotar, entonces debe desaparecer. No se prohíbe la donación de órganos por el tráfico de órganos, ni la adopción por las adopciones ilegales; se regulan para proteger y perseguir los abusos.

Prohibirla no elimina el fenómeno: solo desplaza a las familias hacia otros países y lo vuelve, otra vez, una cuestión de privilegios. Combatir la explotación es un deber, pero una ley que no distingue entre explotación y consentimiento termina sacrificando todas las historias para impedir algunas. Ese es el costo de responder con ideología a una realidad que exige evidencia.

Daniela Vial Assler