SEÑOR DIRECTOR:

Una columna publicada por el suscrito en su prestigioso medio hace unos días ha provocado algunos comentarios que es necesario precisar.

El foco de la columna es que la necesaria legitimidad social para que agentes privados entreguen bienes públicos, sea en educación, pensiones o salud. Ello requiere que dichas instituciones tengan un nivel de responsabilidad en su gestión que permita aprobación general, continuidad y buen servicio. En el caso de instituciones de salud, dicha tutela se le ha entregado a la Superintendencia de Salud, que sigue funcionando como si siguiera siendo solo la antigua Superintendencia de Isapres, sin ningún cuidado en el control financiero de centros privados acreditados.

Asimismo, la Comisión del Mercado Financiero ha permitido, mediante una vigilancia laxa, recibiendo los informes de las grandes empresas auditoras sin un análisis adecuado, dejar pasar graves irregularidades que al final contravienen la esencia misma de dicha Comisión, por cuanto algunos datos transmitidos al mercado resultan en decisiones erróneas de los inversionistas.

Jaime Mañalich