Diputados del Partido de la Gente (PDG) recurrieron a la Contraloría General de la República por la situación de asesores presidenciales que, según acusan, perciben “doble sueldo” al mantener simultáneamente cargos de elección popular y funciones en el Ejecutivo.

La solicitud fue ingresada por los diputados Tamara Ramírez, Fabián Ossandón, Patricio Briones y Flor Contreras, quienes oficiaron al órgano contralor, solicitando un pronunciamiento por la legalidad de esta situación, que incluso alcanza a la jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, Catalina Ugarte, quien también es concejala por Las Condes.

Además de Ugarte, la situación se repite con asesores estratégicos en Transportes y Educación, que han mantenido sus puestos como concejales o consejeros regionales (CORE), mientras ejercen funciones de alta responsabilidad en el Ejecutivo, agregan desde el PDG.

La diputada Tamara Ramírez señaló que “el estándar de probidad no puede ser un eslogan de campaña que se olvida al llegar a La Moneda”.

“Aquí hay una incompatibilidad de funciones evidente. Un asesor presidencial debe tener dedicación exclusiva, ya que es imposible asesorar al Presidente y, al mismo tiempo, cumplir con las obligaciones que la gente les encomendó en las urnas”, agregó Ramírez, diputada por el Distrito 9 de la Región Metropolitana.

Por su parte, el diputado por la Región de Antofagasta Fabián Ossandón afirmó que “si no existió una instrucción expresa para que estos asesores renunciaran a sus cargos de elección popular apenas asumieron, estamos ante una falta grave a la probidad administrativa".

“No se puede estar en ambos lados, menos recibiendo recursos públicos de forma duplicada”, agregó.

En la misma línea, Patricio Briones sostuvo que “se nos prometió una administración distinta, pero vemos que se repiten prácticas que dañan la confianza pública".

“Queremos que la Contraloría aclare si estas personas han destinado toda su jornada laboral a las asesorías de gobierno como dicta la norma, o si han descuidado sus funciones públicas”, complementó el diputado por el Distrito 20, de la Región del Biobío.

A su vez, Flor Contreras, representante del Distrito 23 de La Araucanía, sostuvo que “esta es una situación irregular y necesitamos que la Contraloría determine las responsabilidades y si corresponde el reintegro de dineros percibidos de forma incompatible”.

Desde el PDG indican que la presentación del oficio ante la Contraloría busca que se establezca si la omisión de una instrucción presidencial para evitar estas situaciones constituye una infracción reglamentaria, “en un escenario donde la administración de Kast había prometido tolerancia cero a los privilegios estatales”.