Este jueves venció el plazo que tenían los diputados de derecha para presentar una acusación constitucional contra el exministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

Dentro de “los tres meses siguientes a la expiración en su cargo”, dice la Carta Fundamental.

Si bien una nueva acusación contra el exsenador socialista estuvo sobre la mesa -incluso desde antes de que se comenzara hablar de la presentación en curso en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio)-, el actual oficialismo finalmente no se embarcó en dos acciones paralelas.

Montes ya no era un novato en estos procesos. Primero por sus décadas en las que rechazó y aprobó libelos como parlamentario (24 años como diputado y 8 años de senador) y luego como ministro del Presidente Gabriel Boric, cargo en el que ya había salido airoso de un juicio constitucional en junio de 2023 a raíz del caso de las fundaciones.

En esta nueva circunstancia, el escrito nunca se presentó.

“Las acusaciones constitucionales tienen dos elementos. Uno es el jurídico, la infracción a la Constitución y las leyes. Y el elemento político. Mi convicción es que aquí, en el caso del exministro Montes, hay antecedentes que indican claramente que hay una infracción a la Constitución y las leyes, pero no hubo un consenso mayoritario en la fuerza oficialista ni convicción política suficiente para presentar la acusación, y, lamentablemente, ya se nos fue el plazo. Y, por tanto, ahora las fichas están puestas a hacer efectiva la responsabilidad política del exministro Grau”, comentó la diputada Paz Charpentier (republicana).

Por su parte el diputado Hotuiti Teao (indep. UDI), quien fue uno de los primeros en levantar la idea de un libelo contra Montes, ya hace semanas estaba resignado al no contar con el respaldo de su propia bancada para iniciar una aventura de ese tipo.

Tanto Teao como Charpentier le reprochaban al extitular de Vivienda el retraso en el proceso de reconstrucción en zonas afectadas por incendios y también le enrostraban el informe de la Contraloría que detectó problemas en la compra de terrenos realizados en el marco del Plan de Emergencia Habitacional ejecutado entre mayo de 2022 y diciembre de 2024.

A juicio de ambos legisladores ese documento de la contralora ya era un elemento para sospechar sobreprecios en las adquisiciones de predios.

Sin embargo, la estrategia ofensiva desplegada por el socialista aparentemente también fue gravitante para tener una suerte diferente a la que tuvo su excompañero de gabinete del Frente Amplio.

Mientras Grau decidió no aparecer públicamente para refutar las críticas por los errores de estimación de la deuda pública y el incumplimiento de la meta fiscal; Montes -a quien algunos en la derecha conocían desde hace años e incluso le tenían simpatía- optó por un camino distinto y aceptar todas las invitaciones que le hicieron desde el Congreso.

A diferencia del exministro de Hacienda, que optó por hablar por intermediarios, hacer algunos descargos por redes sociales y a través de un documento que envió a la Comisión de Hacienda de la Cámara a propósito de la discusión del megaproyecto; el exlegislador PS asistió al Senado y luego concurrió en mayo a la Cámara para encarar a sus principales interpeladores, entre ellos, los diputados Teao y Charpentier.

Por ejemplo, a la diputada republicana le desestimó de antemano sus suspicacias para deslizar un libelo. Incluso, señaló con tono amenazante que “cualquiera tiene facultades para hacer acusaciones constitucionales, yo fui parlamentario mucho tiempo. Lo que pasa es que usted sabe lo que eso significa, las guerras de acusaciones constitucionales han hecho mucho daño al Parlamento”.

Montes también encaró a Teao ante las imputaciones de supuestos sobreprecios en la compra de terrenos y le ofreció volver a concurrir a explicar los antecedentes. “No tenemos tiempo, porque aquí, el ánimo, ojalá diputado Hotuiti, porque ya nos conocemos, ojalá fuera clarificar los temas para ver dónde están los errores y dónde están las soluciones. Además, la verdad que nosotros trabajamos con harta seriedad para llegar a que en el país hubiera 260.000 viviendas”.

Frente a los emplazamientos, a su juicio sin fundamentos, Montes agregó que “es muy difícil dialogar así, porque se hacen afirmaciones y no hay tiempo ni siquiera para responderlas”.

“Y si lo que quieren es sancionar a este exministro, bueno, sancionen. Tengo 80 años... Quiero decirle, además, de que me pueden castigar los 5 años que vienen si la acusación constitucional prospera, pero no sé qué significado va a tener ni para la democracia ni para la vivienda ni para nada”, espetó el exparlamentario socialista.

Tras la sesión, Montes se quedó para conversar a solas con Charpentier, mientras que Teao salió dubitativo de la sesión.

El exministro luego se acercó a conversar con otros parlamentarios de derecha y antes de irse hizo una visita de cortesía, solo para saludar, a los asesores y parlamentarios de la UDI que suelen estar en la puerta de aquel comité. Finalmente se retiró del Congreso tras varios abrazos y apretones de mano.

Las señales ya eran bastante elocuentes -y así lo admitían en privado diputados republicanos, UDI, de RN- de que no había ánimo de acusar al octogenario socialista.

Desde un punto de vista político había otra razón de fondo. Si ya era conflictiva una acción contra un exministro frenteamplista, en medio de negociaciones para reunir un apoyo amplio en torno al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, tocar a un referente del PS eran palabras mayores, dado que la apuesta del gobierno siempre ha sido lograr puentes con el Socialismo Democrático, sin el PC ni el FA.

Teao y Charpentier, sin embargo, no bajaron completamente los brazos y señalaron que iban a dejar en suspenso la posible acusación a la espera de que expusiera en una sesión próxima la contralora Dorothy Pérez respecto de ese comentado informe.

No obstante, la comparecencia de la contralora tampoco fue suficiente para convencer a las respectivas bancadas de Teao y Charpentier de embarcarse en un libelo contra Montes, por lo que ambos diputados tuvieron que resignarse a que se cumpliera el plazo constitucional.