Desde alcaldes a parlamentarios, incluyendo algunos de oposición, concurrieron este lunes en la mañana a una ceremonia en La Moneda, donde el Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó una reforma constitucional, que ingresará la próxima semana al Congreso, que regula el carácter obligatorio de los test de drogas para autoridades.

A días que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, diera positivo en un examen periódico y fuera removido del cargo, el Ejecutivo resolvió salir jugando y materializar una medida que ya había sido esbozada en la campaña.

La iniciativa -que hace propia varias mociones para regular este tema, en el ánimo de poner una valla entre el narcotráfico y la política- va más allá e incorpora causales de cesación de cargo para aquellos dignatarios públicos, como ministros, subsecretarios, senadores, diputados, alcaldes y concejales, a quienes se les detecte un consumo no acreditado de sustancias ilícitas.

Sin embargo, la reforma que fue firmada por el Presidente y los ministros Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN), no contempla, por el momento, las mismas obligaciones para el Presidente de la República, ni jueces del Poder Judicial, fiscales ni autoridades de Contraloría.

La explicación para excluir al primer mandatario es jurídica. Según la Carta Fundamental, no pierde su cargo de la misma forma que un parlamentario o un ministro. En su caso solo operan las acusaciones constitucionales o bien la declaración de inhabilidad por razones físicas o mentales. En ambas hipótesis, el Senado es el que tiene la última palabra.

Sin embargo, según la información aportada por el gobierno, el test obligatorio tampoco se le aplicaría al Jefe de Estado. “La medida será aplicable a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales”, dice el comunicado de La Moneda.

El ministro Alvarado señaló que el fondo es “establecer una modificación constitucional que permita la cesación en el cargo de todas aquellas personas que, a través de algún test de drogas claramente establecido en la legislación, sean consumidores y que existe el riesgo de que tomen malas decisiones”.

El texto final del proyecto de ley aún no se conoce, pero en el oficialismo admitían que en la primera versión no estaba el gobernante, pero que posiblemente sería incorporado al menos como sujeto obligado para someterse al examen preventivo.

“En esto tenemos que ser inflexibles, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto. Lo hemos visto en otras naciones que no se anticiparon a situaciones como esta y lo han pagado muy caro. Nosotros aún estamos a tiempo”, expresó el Presidente en la ceremonia.

Idea de la UDI

Si bien en su alocución, Kast valoró el debate iniciado por diversos parlamentarios que han presentado mociones para alertar este tema y se abrió a recibir esos aportes, desde que la bancada de diputados de la UDI logró que se aprobaran los test obligatorios en La Ley de Presupuestos siempre incluyeron al Jefe de Estado.

“El Presidente de la República, su ministro de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas, estos pacientes o psicotrópicas ilegales”, dice la glosa de la UDI que ha perdurado en la partida de la Presidencia.

Un objetivo parecido tenían las mociones de las exdiputadas Paula Labra (indep. RN), Yovana Ahumada (socialcristiana) y la todavía diputada Pamela Jiles (PDG), cuyas iniciativas refundidas para darle un carácter obligatorio en la legislación, incluso, ya fueron aprobadas por la Cámara y hoy están en manos del Senado.

“No podrá ser candidato a Presidente de la República, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal el que tenga dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico”, dice el proyecto de las parlamentarias, que además establece los mismos controles e inhabilidades para el ejercicio del cargo.

Sin embargo, existen dudas de la constitucionalidad de estas mociones fusionadas, ya que no son una reforma a la Carta Fundamental y solo modifican normas como la Ley de Drogas, la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Reacciones

Pese a la ausencia de algunas autoridades, la idea de legislar sobre el tema concita respaldo transversal.

“Estoy absolutamente convencida de que una autoridad que es consumidora de drogas está prisionera del narcotráfico y, por lo tanto, es absolutamente necesario que, desde el Presidente de la República hacia abajo, todas las autoridades públicas, se hagan narcotest de pelo”, dijo la diputada Jiles.

“Kast propone una norma coja, porque exime al Presidente de la República sin ninguna razón lógica. Además, debieran ingresar al listado ministros de Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, Contraloría, fiscal nacional, fiscales regionales, comandantes en jefe y generales, así como altos mando de Carabineros, PDI y Gendarmería, y, por otro lado, esto debe ir acompañado de levantamiento de secreto bancario”, añadió el diputado Jaime Araya (indep. PPD), quien también es autor de una moción para regular estos exámenes.

“Cuando estábamos en campaña dijimos que debíamos tener tolerancia cero respecto al consumo de drogas (...) Apenas salió el examen, el gobierno tomó la decisión. No esperó horas, no esperó días ni semanas, no lo escondió”, señaló Álvaro Carter (republicano).

“El test que provocó la salida del subsecretario existe por una iniciativa legal que impulsamos con Daniella Cicardini. Ahora que las drogas tocaron la puerta de La Moneda, reaccionaron. Vamos a apoyar que quien consume drogas no pueda ejercer altas responsabilidades públicas. Pero partan por casa: publiquen todos los test y transparenten qué pasó”, comentó Daniel Manouchehri (PS).

“Aún no conozco el proyecto (...) Si el proyecto deja fuera al Presidente de la República, es legítimo preguntarse por qué ese estándar no se aplica a todas las autoridades por igual (...) La probidad no puede ser selectiva; debe ser un compromiso integral del Estado”. añadió Marcos Barraza (PC).