SEÑOR DIRECTOR:

La ley de compras públicas permite el trato directo en casos excepcionales y debidamente justificados. Sin embargo, entre enero y julio de 2025, la Presidencia adjudicó 367 contratos por esta vía a solo 99 proveedores. Se observa, además, un fraccionamiento de los montos de esas compras para eludir el umbral de 100 UTM sobre el cual es obligatorio licitar. Esta exigencia es clave para evitar el favoritismo y la corrupción.

Aunque el gobierno asegura que “todo se ajusta a la normativa vigente”, el uso reiterado de una excepción legal para evadir los procesos de licitación vacía de contenido los principios de transparencia y libre competencia. Lo excepcional se vuelve regla.

Por otra parte, la probidad se diluye cuando no se licitan eventos del todo previsibles –como lo es la Cuenta Pública– invocando argumentos legales por mera conveniencia o improvisación. Esto genera dudas sobre eventuales conflictos de intereses con las empresas favorecidas, especialmente en aquellos casos en que se fraccionan los montos para evitar licitaciones.

Cumplir la ley no basta. La transparencia exige justificar el trato directo con hechos, no discursos.

Antonella León y M. Teresa Urrutia

Fundación Jaime Guzmán