SEÑOR DIRECTOR:

Después del tema económico, el gobierno comienza a abordar cambios constitucionales en materia de seguridad pública y ha anunciado que la siguiente línea de trabajo será el empleo. El ministro de Hacienda anunció, además, la creación de una comisión para reformar el estatuto administrativo.

En esa línea de acción, la regulación del empleo público necesariamente debería reafirmar el cese de funciones por causas imputables al funcionario, en lugar de un motivo independiente de su voluntad y de carácter colectivo absoluto, como el cumplimiento de una edad determinada.

La incongruencia interna de esta medida queda en evidencia al aceptar la exclusión de ciertas personas, y su incoherencia externa al confrontarla con los compromisos internacionales de nuestro país y la reciente ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable.

José Luis Alliende Leiva

Profesor Derecho Constitucional PUCV